Cantabria entra en el restringido club de las ‘zonas francas’

Para todos los Gobiernos cántabros ha sido un quebradero de cabeza encontrar la manera de hacer más atractiva la implantación de nuevas empresas. La oferta de suelo, por mucho que se amplíe y abarate, ha demostrado no ser suficiente argumento para convencer a las empresas foráneas.
Sin embargo, desde el 1 de mayo se ha abierto un nuevo escenario fiscal que puede ser decisivo para atraer inversiones y generar puestos de trabajo. Desde ese día, el histórico Depósito Franco del Puerto de Santander ha pasado a convertirse en Zona Franca, la sexta de las autorizadas en España.
Este cambio de denominación, aunque no altera el régimen fiscal y aduanero que ya se venía aplicando, cambia sustancialmente el margen de maniobra del antiguo Depósito ya que le abre la posibilidad de expandirse dentro y fuera del recinto donde ha venido operando. Puede, incluso, crear centros empresariales en cualquier lugar de Cantabria amparados por las ventajas fiscales que comporta una zona franca.
Para ello deben cumplirse varios requisitos, como que se trate de un recinto cerrado y sometido a vigilancia aduanera, que el Consorcio sea titular de los terrenos (ya sea en propiedad o como concesionario) y, sobre todo, que en cada caso reciba la autorización del Ministerio de Hacienda porque, al tratarse de un espacio en el que no se aplica el IVA ni se cobran aranceles a los operaciones que se realicen dentro de esa zona, el criterio de admisión es muy restrictivo y debe ser justificado por el interés general.

Un larga negociación

Para el Depósito Franco de Santander la finalización de su régimen fiscal especial el 1 de mayo por decisión de la Comisión Europea le situaba en la disyuntiva de convertirse en un operador logístico más, actuando en condiciones normales de mercado, o salir reforzado con su conversión en Zona Franca. Una aspiración compartida por otros consorcios situados en otras ciudades portuarias, y muy difícil de lograr.
La Unión Europea había establecido que en esa fecha los Depósitos Francos desaparecerían, pasando a convertirse en depósitos aduaneros, sin las exenciones fiscales temporales que se disfrutaban en esos recintos.
La Unión Europea decidió acabar con la figura del Depósito Franco al entender que su existencia suponía una cierta ventaja competitiva para las empresas que operaban en ellos, al quedar las mercancías allí almacenadas exentas del pago de aranceles (para las extracomunitarias) y del IVA, en tanto no se sacaran al mercado.
Esa misma ventaja se produce también en las zonas francas, pero el inmenso tamaño que han llegado a alcanzar en algunos casos y el gran número de empresas instaladas en ellas las ha convertido en intocables. En Europa hay importantes zonas francas en Bélgica, en Francia, en Italia y en Alemania (como el puerto franco de Hamburgo). Era más sencillo, pues, empezar por los depósitos francos, mucho más pequeños.
Año y medio le costó al Depósito Franco de Santander convencer al Ministerio de Hacienda de que el Consorcio semipúblico que ha venido gestionándolo desde su fundación en 1918 reunía las condiciones para convertirse en Zona Franca: la titularidad del suelo –tiene 36.000 metros cuadrados en el recinto portuario, de los que 25.900 son propios– y la existencia de empresas ya instaladas, para las que supondría un grave transtorno la desaparición del paraguas fiscal que les proporcionaba el Depósito. En ese recinto vienen operando desde hace tiempo Azucarera Española, Friologic –un operador logístico de productos que requieren frigoríficos– y Cementos Alfa, que cuenta allí con un silo.
El objetivo se logró y el pasado 30 de marzo el Ministerio de Hacienda aceptaba la constitución de una zona franca en las instalaciones del Depósito. La autorización se refiere, en principio, al recinto que ya venía gestionando pero nada impide, si el Gobierno central lo autoriza, que esa zona franca pueda extenderse a otros puntos de la región.

Crecer en el puerto

La gestión de la nueva zona franca quedará, provisionalmente, en manos del mismo consorcio que gestionaba el Depósito Franco, y en el que están representados el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Santander, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria. Pero una de las condiciones para la autorización de una zona franca es la conversión del consorcio en una entidad pública, a la que se incorporarán representantes del Ministerio de Hacienda.
Convertirse en empresa pública le puede facilitar la llegada a acuerdos con la Autoridad Portuaria para tratar de incluir una gran reserva de suelo que tiene el Puerto de Santander, un valioso espacio de 150.000 metros cuadrados –la denominada Zona de Actividades Logísticas–. Se trata del solar que dejaron libre los depósitos de Campsa tras su desmantelamiento en los años noventa, aún desocupado, a pesar de que se han manejado varios proyectos, el último de ellos la creación de un hub multimodal para piezas del sector de la automoción, propuesto recientemente por la Autoridad Portuaria al Grupo de Iniciativas Regionales de Automoción (GIRA).
Desde la óptica del consorcio del Depósito, ese espacio sería el idóneo para crear un parque empresarial que se beneficiase de las ventajas fiscales, financieras y arancelarias que supone una zona franca. Dado que las operaciones que ampara ese régimen especial están vinculadas a la importación y exportación, la proximidad al recinto portuario sería un atractivo para las empresas que quisiesen instalarse, al simplificar la logística. De hecho ya han surgido candidatos, entre ellos una empresa australiana, aunque de capital libanés, dedicada a la producción de tabaco de pipa, que podría crear entre 20 y 25 empleos. Su petición de terreno se limita a mil metros cuadrados, el formato más deseable para el Consorcio, partidario de repartir el suelo entre el mayor número de empresas posible, y generar así más empleo. De lo que sí está convencido el gerente del Consorcio, Fernando Cámara, es de que “de esos proyectos saldrán ahora muchos”.

Un club muy restringido

La de Santander es la sexta zona franca autorizada en España y su tamaño tiene poco que ver con el de las que la han precedido en Barcelona, Vigo o Cádiz y que tan importante papel han jugado en el desarrollo económico de aquellas ciudades. El recinto de la zona franca de Vigo se extiende, por ejemplo, sobre dos millones de metros cuadrados de polígonos y parques empresariales, y el consorcio gallego es propietario, además, de otros tres millones de metros cuadrados de suelo industrial, aunque en él no se apliquen las ventajas fiscales y aduaneras de la zona franca.
A estas tres zonas históricas se unieron Tenerife y Canarias. Sevilla, que obtuvo la autorización en 2013, todavía no funciona como zona franca.
No faltan aspirantes a entrar en este reducido club, como Alicante o Málaga, pero no parece fácil que se vaya a ampliar. “Las posibilidades que ofrece una zona franca para la atracción de empresas son muchas”, subraya Cámara. Otro factor decisivo es la escasez: “Hay pocas y no va a haber más zonas francas y si las hay serán muy pocas más”, asegura convencido.
Una situación de privilegio que Cantabria no debería desaprovechar.