Tensiones por la no renovación de los consorcios madereros

Hay derechos que se convierten en costumbre y a los que cuesta renunciar, sobre todo si su disfrute forma parte de una herencia trasmitida durante varias generaciones. Un ejemplo de esta tendencia a acabar considerando como propio lo que tradicionalmente se ha venido disfrutando como tal se está viviendo en algunas localidades de la zona oriental de Cantabria cuya mayor riqueza natural reside en la explotación de los recursos madereros.
La decisión de varias juntas vecinales de no renovar los consorcios para la reforestación y aprovechamiento de los montes de su propiedad, está generando situaciones muy tensas con los vecinos que venían percibiendo los ingresos por talas derivados de convenios firmados hace medio siglo.
La Dirección General de Montes, que actúa como mediadora en este conflicto, trabaja en la búsqueda de soluciones que permitan desactivar lo que califica como “conatos de malestar social” y ha encargado un informe a un catedrático de Derecho Administrativo.

Una fórmula de financiación

Los consorcios para la reforestación de montes de propiedad pública, tienen su origen en los años cuarenta cuando los titulares de esos montes –ayuntamientos y juntas vecinales– se vieron obligados a recurrir a los particulares del pueblo para afrontar los gastos de repoblación. Para resarcir a esos inversores, se acordó el reparto de los beneficios que reportase la explotación de la madera durante, al menos tres ciclos de corta, estimando para cada ciclo una duración de 15 años. Aquellos convenios, que han estado vigentes durante 45 años, comienzan a vencer ahora, dejando a los particulares y empresas afectadas sin derecho a continuar percibiendo los beneficios de las cortas, que revierten en su totalidad en el titular del monte.
La liquidación de los consorcios en los que intervenían empresas –Alvarez Forestal, Sniace, etc.– no ha planteado ningún problema, y las juntas vecinales están realizando nuevos convenios con estas compañías. El conflicto se ha generado en aquellas localidades, como Guriezo y en menor medida Solórzano, donde los consorcios se formaron con vecinos de la zona, que se resisten a dejar de percibir unas rentas que sus familias han venido recibiendo, con todo derecho, durante cerca de medio siglo.