¿Es rentable ser político?

Para un profesional, la política no es rentable”. Se expresa así un abogado que después de ocupar un alto cargo durante dos legislaturas se encontró con que prácticamente tenía que empezar de cero con su bufete. Aunque se había mantenido trabajando al ralentí, con dos jóvenes letradas contratadas al efecto, los clientes prácticamente habían desaparecido y sólo le quedaban dos opciones: volver a empezar o reengancharse de nuevo a la política. No es el primero ni será el último que vive una situación parecida, porque, en realidad, la política en España está diseñada a la medida de los funcionarios, los únicos que tienen asegurado el camino de vuelta y que mejoran su posición inicial.
En Cantabria hay tres trabajadores públicos por cada diez ocupados, sin embargo, basta una ojeada para comprobar que la mayoría de los altos cargos del Gobierno saliente eran funcionarios: desde el presidente, un ingeniero técnico agrícola del Estado, a la consejera de la Presidencia (letrado del Gobierno); el de Educación (profesor); la de Economía (profesora);­­ la de Ganadería (técnico agrícola); o el de Industria (meteorólogo). Podía tratarse de una casualidad, pero en el anterior gobierno, de muy distinto signo político, eran casi todos profesores de la Universidad de Cantabria. Y en el anterior del anterior. En todos.
Es evidente que en España el sector público atrae a muchos profesionales cualificados, al contrario de lo que ocurre en otros países, donde los mejores casi nunca optan por la Administración, una consecuencia de un país tradicionalmente pobre donde el sector privado sólo proporcionaba mejores expectativas profesionales en las grandes capitales. Pero también es cierto que la desproporción resulta preocupante: Si pocos funcionarios han tenido un pasado en la economía privada y quienes les dirigen tampoco, su perspectiva de aquello que les toca gobernar puede resultar algo distorsionada. Y en Cantabria son muy pocos los gobernantes que proceden de la economía privada. Entre otras razones, porque a muchos de ellos, como al abogado del ejemplo, no les sale a cuenta.

Profesionales: Una vuelta complicada

Que nadie se engañe, las leyes las hacen los funcionarios, no los políticos”. Lo decía hace muy poco en Santander el secretario general de la patronal de las empresas de capital riesgo, un cántabro que conoce bien el paño. Y en este caso, la política está hecha a la medida de los funcionarios. Mientras que un profesional liberal tiene que abandonar su despacho y un empresario tendría que dejar su negocio en otras manos, con no pocos riesgos e importantes incompatibilidades para contratar con el Gobierno, los funcionarios no tienen dificultades para ser sustituidos y encuentran perfectamente resuelta su reincorporación.
Tampoco lo tienen mejor los economistas, ingenieros o letrados que trabajan por cuenta ajena. Si bien es cierto que tienen derecho a una excedencia especial al ser llamados para el ejercicio de un cargo público, la realidad es que el retorno a su puesto de origen es, casi siempre, complicado. Las empresas no se diferencian de los órganos biológicos y tienden a cerrar los espacios vacíos: o son ocupados por otras personas o se amortizan. Por lo general, muchos consejeros y altos cargos se han sentido desplazados al volver a sus empresas y algunos más han sentido auténtico terror a reincorporarse a un puesto que dejaron ocho o doce años atrás en sectores donde la tecnología ha evolucionado radicalmente. Se encuentran con que la cualificación, la experiencia y los contactos que han acumulado como políticos no tienen mucho valor en su antiguo trabajo y, en cambio, han dejado de tener los conocimientos que ahora requiere.
Incluso aquellos que asumieron el retorno con más valentía, como el exalcalde Manuel Huerta, que volvió a su plaza de traumatólogo en Mompía, pronto optaron por un giro profesional, y acabó por montar un importante entramado de empresas, Oxital. Otro médico político, Jaime Blanco, que sin cumplir los 30 años era jefe de la Sección de Cuidados Intensivos de Valdecilla, se tenía que reincorporar al final de cada legislatura a su plaza por unas semanas y reconocía, a medida que pasaban las reelecciones, lo complicado que era volver a un trabajo que evoluciona tan deprisa. Y él tenía segura la reincorporación, que nunca necesitó porque su carrera política ha durado hasta la jubilación.
Uno de sus antecesores en la presidencia de Cantabria, Ángel Díaz de Entresotos, de Alianza Popular, conoció los sinsabores de la vuelta a la normalidad. Cuando salió del cargo y retornó a su despacho, en 1987, el bufete prácticamente había desaparecido y apenas le llegaron otros encargos que accidentes de automóvil y pleitos de pequeña cuantía.

Rentable para los funcionarios

El caso de los consejeros De la Serna y Leticia Díaz, que reclaman una compensación por su paso por la política indica otra realidad distinta, la de los funcionarios. El hecho de que casi todos los consejeros de Presidencia en la historia de la autonomía hayan sido trabajadores públicos es sintomático y ha dado lugar a que la entrada y salida de los funcionarios en la política haya sido cuidadosamente preparada. Un cambio en la normativa aprobado durante el primer mandato de Hormaechea permite que un consejero, director general o subdirector general del Gobierno de Cantabria, por el mero hecho de ejercer este cargo durante más de dos años, obtenga una gratificación mensual de 230 euros a lo largo de todo lo que reste de su carrera profesional, lo que se conoce popularmente como el Nivel 33. Por esto, son muchos los altos funcionarios cántabros que, en uno u otro momento, han coqueteado con la política. A ellos sí que les sale rentable.

La reclamación de los exconsejeros

Hay otra ventaja que, a pesar de haber sido aprobada en 1999 por el Gobierno de Martínez Sieso había pasado inadvertida hasta que ahora ha sido invocada por el exdirector general de Justicia, Ángel Santiago, con una reclamación de cantidades a las que pronto se sumaron los exconsejeros de Educación, Miguel Ángel Serna, y de Presidencia, Leticia Díaz: el derecho de los altos cargos que son funcionarios a ser compensados, si durante su mandato político cobran menos que en su trabajo habitual, un derecho que obviamente nunca se le podrá reconocer a un profesional proveniente de la empresa privada.
Lo sorprendente es que en una estructura jerárquica, como es el Gobierno, un presidente o un consejero cobre menos (a veces mucho menos) que un letrado de su Departamento Jurídico o que un catedrático de Universidad. No es fácil saber cuántos funcionarios cobran más que un consejero o que el presidente, pero en 2010 se reveló que sólo en en el Servicio Cántabro de Salud había 250 médicos que superaban los emolumentos del jefe del Gobierno.
La diferencia puede ser muy cuantiosa, algo que en la empresa privada resultaría insólito (que el jefe cobre bastante menos que el subordinado). En concreto, Miguel Angel Serna reclamaba 65.000 euros (unos 14.000 euros por año). Ángel Santiago, director general de Justicia, pedía 45.000 euros por la diferencia durante el mismo periodo y la ya exconsejera Leticia Díaz 4.000. Cuando se divulgó esta información, y que Ignacio Diego había realizado una gestión personal ante los funcionarios de Hacienda para que se abonasen estos complementos, los dos primeros optaron por renunciar. Leticia Díaz es la única que ha insistido en su reclamación.
A pesar de tratarse de un complemento establecido legalmente (otra cosa es su discutible filosofía) ningún exconsejero ni exdirector general lo había solicitado hasta ahora, quizá por desconocimiento, dado que esta norma nunca fue divulgada.
Algunos de estos complementos fueron establecidos para poder fichar a altos funcionarios de la Administración central que estaban cobrando más, o para convencer a algunos propios para que aceptasen un cargo que, en realidad, les suponía una pérdida económica. Aún con estas condiciones, no es tan fácil formar un Gobierno como se suele pensar. No es sencillo convencer a un profesional que tiene una carrera de éxito en la empresa privada, porque los 56.000 euros que cobra un consejero no remuneran el riesgo de dejar su empleo. Aún son menos persuasivos para un jefe de servicio de la propia Administración autonómica, que cobra 58.000. Fichar a un inspector de Hacienda del Estado es casi un milagro, porque en el mejor de los casos perderá 25.000 euros al año.
En Cantabria y en otros muchos lugares del país, es más rentable ser subordinado que jefe, una paradoja que los partidos no se atreven a corregir, para no ser tachados de ir a la política a lucrarse. Eso da lugar a situaciones disparatadas, como que Ignacio Diego cobrase 59.535 euros y, en cambio, su director de gabinete, que maneja su agenda, o sus directores generales cobrasen 60.577, si bien él tenía otros 6.797 euros en dietas parlamentarias.
El problema no solo no ha ido a menos, sino que se ha agravado desde 2010, cuando Zapatero impuso una rebaja promedio del 5% en los salarios de la Administración que, en realidad era de un 10% para los altos cargos políticos, y con la nueva rebaja que se han autoimpuesto los nuevos alcaldes y concejales elegidos el 24M en la mayoría de los ayuntamientos, para demostrar ante la opinión pública su concienciación sobre los problemas que sufre la ciudadanía.
Una actitud que puede resultar encomiable, pero que ha dado como resultado la imposibilidad, cada vez más evidente, de que vuelvan a la política los profesionales brillantes que protagonizaron las primeras legislaturas de la democracia. La política se ha quedado para los funcionarios de la Administración y para los funcionarios de partido, personas que no han tenido otra actividad profesional que la que les ha proporcionado su vinculación a una fuerza política.