Los excavadores cierran filas contra la abusiva morosidad de las grandes empresas

La magnitud de la crisis por la que atraviesan las empresas de excavación ha tenido al menos un efecto positivo, el de fomentar los encuentros entre las diferentes asociaciones territoriales para diseñar una estrategia común. Si Galicia fue pionera en acoger este tipo de encuentros, Cantabria ha tomado el relevo y AEXCA, la asociación que representa a los excavadores de nuestra comunidad, ha sido la anfitriona de una jornada de debate que atrajo a Santander a nueve asociaciones procedentes de toda la cornisa cantábrica, las dos Castillas, Madrid, Cataluña y Andalucía.
Sobre la mesa un tema que prácticamente monopolizó el debate, más allá de la evidencia de que la obra pública, salvo en las comunidades donde se han mantenido las inversiones en el AVE, ha desaparecido de la agenda de trabajo de las empresas que se dedican al movimiento de tierras. La cuestión que polariza el interés de los excavadores, y que está poniendo en riesgo las supervivencia de muchas empresas, es la morosidad en los pagos a los subcontratistas. Un viejo caballo de batalla del sector, que creían haber encauzado con la Ley de Lucha contra la Morosidad, pero que, al carecer de poder sancionador, se ha demostrado una herramienta inútil. Hasta el punto de que, empujadas por la necesidad de contar con carga de trabajo, hay empresas que, como ocurre en las obras del AVE a Galicia, están aceptado pagos a 270 días.
En el debate sobre qué estrategia adoptar para acabar de una vez con el perverso mecanismo de financiación que las grandes constructoras han encontrado en los plazos que imponen a los subcontratistas, se puso de manifiesto la crispación y el hastío de quienes se sienten desprotegidos por unas administraciones públicas que son las primeras que incumplen sus propias normas. Hubo asociaciones que plantearon un escenario de manifestaciones en la vía pública y de protesta ante las puertas del Ministerio de Fomento para reclamar que se promulgue el reglamento sancionador sin el cual la Ley de Morosidad (que entró en vigor en 2010) es papel mojado. También hubo quien cargó contra la competencia desleal que se produce entre los propios excavadores y que hace inútil una defensa colectiva frente a los abusos de las grandes constructoras.
Para frenar esos abusos se llegó a plantear la necesidad de que las empresas excavadoras formen un lobby que intente contrarrestar la enorme influencia que las grandes firmas que integran la patronal Seopan tienen sobre los centros políticos de decisión, aun reconociendo la disparidad de fuerzas entre los subcontratistas y estos gigantes de la obra pública.
En lo que sí hubo coincidencia fue en la dificultad de denunciar estos abusos ante instancias como la Comisión Nacional de la Competencia por el temor de las empresas afectadas a dar un paso que les cerraría las puertas de futuros contratos. De ahí que se plantease la posibilidad de que fuese cada asociación, y a través de documentación aportada por empresas ya desaparecidas, las que presentasen las denuncias que facilitarían la investigación de ese organismo. Incluso se llegó a plantear la emulación de la iniciativa que con tanto éxito ha llevado la legislación sobre el desahucio hasta la Comisión Europea, formulando una denuncia similar contra la Ley de Morosidad. No en balde es precisamente en las instancias europeas, a través de una próxima directiva, de donde surgirá el enfoque que ponga fin a los abusos que los subcontratistas vienen sufriendo desde hace años por las demoras en el pago en obras financiadas con dinero público.

Una iniciativa común en todos los parlamentos autonómicos

Es en este ámbito, el de impulsar cambios legislativos que protejan de manera eficaz los derechos de los subcontratistas, en el que los participantes en este encuentro de asociaciones de excavadores mostraron mayor confianza. Sobre todo porque los aires que soplan desde Europa y que han cobrado ya forma en el borrador de esa futura directiva, pueden poner fin a la pasividad de los legisladores españoles a la hora de crear una normativa que evite, de manera real, las demoras abusivas en los pagos que tanto daño están haciendo a los subcontratistas.
Teniendo como referencia el camino iniciado por la comunidad vasca y seguido por Cantabria, las asociaciones acordaron elevar a sus parlamentos autonómicos la proposición no de ley en la que se insta a los Gobiernos regionales a incluir en los contratos de obra pública el pago directo a los subcontratistas en el caso de mora del contratista principal. Una posibilidad que se contempla en la citada directiva europea sobre contratación pública, en la que se aboga por una decidida actuación de la Administración ante situaciones claramente injustas, en vez de ampararse en el falaz argumento de que no se debe interferir en los acuerdos alcanzados en un contrato privado. Como si el subcontratista se encontrase en la misma posición negociadora que el licitador principal de la obra.
Incluso caben fórmulas aún más drásticas, como la aplicada en Polonia, donde para atajar la morosidad, desde el pasado 1 de enero se impide deducir el IVA a las empresas que no hayan pagado a sus proveedores o empresas subcontratadas en el plazo establecido por la ley, que allí son 60 días. Es, pues, una cuestión de voluntad política, mediatizada en el caso español, y según denuncian los excavadores, por las presiones de Seopan que, ante la inevitabilidad de la directiva europea, está maniobrando para que se mantenga en todo caso la primacía de los acuerdos contractuales.