La poda del sector público llegará aún más lejos

Ni los 30 millones de euros que el Gobierno ha conseguido ahorrar en sanidad, ni el cerrojazo a la obra pública han conseguido equilibrar las cuentas públicas. No obstante, el Gobierno aún confía en poder reconducir el problema en el segundo semestre del año, en el le queda un estrechísimo margen de maniobra –un déficit máximo del 0,49% del PIB– si no quiere “que vengan los hombres de negro” (la intervención), según explicaba gráficamente el presidente Ignacio Diego hace unos meses. Claro que hoy han empeorado tanto las expectativas en la mayoría de las comunidades que la intervención ya empieza a valorarse como el clavo ardiendo de último recurso. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía ya lo han pedido y la propia Cantabria no lo descarta.
En una intervención ante empresarios, el presidente respondió con un significativo “si Dios quiere” a la pregunta de si contará con liquidez para acabar el año. A pesar de asegurar que cuando tomó el poder, hace quince meses, la región estaba al borde del abismo, Diego acabó por utilizar esta misma expresión para definir la situación actual. Su Gobierno no ha agotado el endeudamiento aprobado en los Presupuestos para este año, pero el Banco Santander ya se encontró con grandes dificultades la pasada primavera para que otros bancos suscribieran un préstamo sindicado con destino al Ejecutivo cántabro y tuvo que ofrecer un tipo de interés muy generoso. Hacer efectivo el endeudamiento que resta por solicitar puede que sea aún más difícil.
A la hora de encajar el déficit en el segundo semestre, el Gobierno de Diego tendrá un solo aliado, la retirada de la extra de navidad en el sector público, lo que supondrá unos 60 millones de euros menos de nómina que el mismo periodo del año pasado.
Pero todas las restricciones resultarán insuficientes si la recaudación fiscal sigue cayendo al ritmo alarmante de los últimos meses. Desde 2007 ha ido bajando sistemáticamente y no han conseguido cambiar esta tendencia los incrementos del IRPF y del IVA aprobados por Zapatero, primero, y por Rajoy más tarde. Después de cuatro años de caída de los ingresos fiscales, lo que menos cabía esperar es que el ritmo se acelerase, como está ocurriendo.
Tampoco el céntimo verde sobre los combustibles, que en Cantabria se ha aplicado en su grado máximo, o la fuerte subida de tasas han dado el oxígeno esperado, al haberse reducido el uso de coches privados, los portes de los camiones y las empresas cotizantes.

Medidas ‘estructurales’ en la Administración

Frente a esta evolución, la Administración pública se enfrenta a muy serias dificultades para hacer nuevos recortes, una vez podada su periferia (empresas públicas, interinos, sustituciones de bajas…). Hasta ahora, ningún partido se ha atrevido a llegar hasta el hueso (un recorte en el número de funcionarios de la administración general) sino a través de medidas indirectas, como la prohibición impuesta por Zapatero de sustituir a más de un 10% de los jubilados, la rebaja de los sueldos, o la retirada de complementos, días de descanso y pagas. Ahora, Ignacio Diego anuncia su disposición a llegar a medidas “estructurales”, que produzcan algo más que rebajas coyunturales. Si por ‘coyuntural’ se entiende la retirada de la paga extra de Navidad de este año (que Rajoy promete reponer el año que viene), el término ‘estructural’ obliga a suponer que esta vez se va a llegar a derechos adquiridos que la plantilla perderá para siempre.
La advertencia ha creado todo tipo de comentarios y bulos en el interior de la Administración regional, donde ya se especula, incluso, con que las vacaciones queden reducidas a ocho días, con el derecho a disfrutar de las restantes, pero sin remuneración.

Falta de flexibilidad

Queda por hacer una profunda reforma de las estructuras de las consejerías, que siguen sin estar adaptadas a los nuevos tiempos, lo que impide amortizar puestos de trabajo que ya no tienen sentido y dotar otros que resultan imprescindibles. Esta imposibilidad de trasladar a los trabajadores allí donde se necesitan, sin tener que pasar por el complejo procedimiento actual, es uno de los obstáculos históricos para mejorar la productividad, pero choca con una circunstancia difícil de imaginar en la empresa privada: el funcionario es propietario de un puesto concreto. Un mecanismo que se estableció en el siglo XIX para evitar las remociones por el mero cambio político, pero que dificulta extraordinariamente la gestión en una sociedad tan dinámica como la del siglo XXI. Eso ha provocado que los dirigentes políticos hayan recurrido a empresas públicas para atender las nuevas necesidades. Un proceso que condujo al abuso, al trasladar competencias que sí podían ser realizadas sin problemas en la propia administración general, y llevó, en algunos casos, a duplicar la gestión.