Las nuevas restricciones regulatorias al sector del tabaco y sucedáneos podrían provocar la pérdida de hasta 3.000 empleos directos en Cataluña

El sector aporta más de 3.700 millones de euros anuales a las arcas públicas y sostiene miles de empleos en Cataluña, por lo que las nuevas restricciones regulatorias amenazan la competitividad regional y podrían frenar inversiones estratégicas como una futura planta de productos alternativos en Barcelona.

Barcelona, 30 de junio de 2025. El sector del tabaco y sus sucedáneos, con la pujante industria del vapeo en Cataluña como epicentro, se posiciona como un pilar fundamental para la economía, aportando más de 3.700 millones de euros anuales a las arcas públicas de España y mantiene de manera directa, indirecta e inducida más de 57.400 empleos en el Estado, según la Mesa del Tabaco. Sin embargo, las nuevas restricciones regulatorias, que se están planteando, amenazan con provocar la pérdida de hasta 3.000 empleos directos en Cataluña, la región que lidera la producción industrial de líquidos para vapeo con aproximadamente el 80% la fabricación nacional, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

En 2023, la cadena de valor del vapeo generó en España 317 millones de euros y sostuvo 4.630 empleos a tiempo completo, con un efecto multiplicador que añade 1,5 euros a la economía por cada euro generado y sostiene 2,8 empleos adicionales por cada empleo directo. Cataluña concentra la mayor parte de esta actividad industrial y comercial, siendo una de las comunidades autónomas con más tiendas y la principal productora, ya que cuatro de los cinco fabricantes españoles de líquidos para vapeo están radicados en la región.

El sector del vapeo en España está formado por unas 500 empresas, todas pymes, micropymes y autónomos, incluyendo fabricantes y unas 450 tiendas especializadas, lo que refuerza el peso de la economía local y la capilaridad del empleo generado, remarca el informe de AFI.

A pesar de estas cifras, la incertidumbre regulatoria y las propuestas del Ministerio de Sanidad de Mónica García, que incluyen la prohibición de sabores en el vapeo y limitaciones en productos como las bolsas de nicotina, están generando un clima de inestabilidad que podría frenar inversiones estratégicas. British American Tobacco (BAT), que planea invertir 500 millones de euros en una planta de productos alternativos al cigarrillo en Barcelona, ha señalado que estas restricciones ponen en riesgo su proyecto y la competitividad de la región frente a otros países europeos.

Este contexto genera preocupación también en el ámbito político catalán, donde sectores de Junts y ERC podrían aprovechar la actual coyuntura política y ejercer presión para que el Gobierno central revise estas medidas con el fin de proteger la competitividad económica de Cataluña y evitar la pérdida de miles de empleos vinculados a un sector estratégico.

Además de su impacto económico, el sector del vapeo tiene un papel relevante en la salud pública, ya que estudios recientes como el de AFI indican que el 62% los vapeadores han dejado de fumar por completo gracias al cigarrillo electrónico, y el 78% ha identificado el vapeo como el principal factor que les ayudó a reducir su consumo de tabaco. La prohibición de sabores y las restricciones severas al consumo podrían, por tanto, dificultar la reducción del tabaquismo y empujar a muchos usuarios a volver al consumo de cigarrillos convencionales.

Las asociaciones empresariales y profesionales del sector llevan años insistiendo en estos riesgos. El Real Decreto de Mónica García ha recibido críticas tanto de la CNMC por falta de evidencia científica como de seis Estados miembros de la Unión Europea. Ahora que se encuentra actualmente bajo la lupa de Bruselas, la industria reclama a las administraciones que valoren con rigor el peso económico, fiscal y social de esta industria, y se establezca un marco regulatorio equilibrado que garantice la sostenibilidad del empleo, la innovación y la competitividad, sin perder de vista la protección de la salud pública.