Los seguros vuelven a crecer

Que la economía española arroja señales débiles pero positivas de reactivación es algo que se desprende de varios indicadores, y la evolución del sector asegurador es uno de los más fiables. El pasado año, el mercado de los seguros cerró el ejercicio con un aumento del 2,2% en la recaudación por primas, situándose cerca de los 57.000 millones de euros, de los que poco más del 1% corresponde al mercado cántabro. Se pone fin así a una etapa de caídas sucesivas en las cifras de facturación que osciló entre el -5% en 2012 –año en que los efectos de la crisis se hicieron notar con toda su dureza– y el -0,7% en 2014.
Sin embargo, no todos los ramos se han visto afectados por igual en ese largo túnel de nuestra economía. El de salud, por ejemplo, ha sido el que mejor ha aguantado, hasta el punto de que ha registrado crecimientos durante todos los ejercicios. En el extremo opuesto se encuentra el del automóvil, un ramo que se mantenía en negativo desde 2008 y que el pasado ejercicio mejoró su facturación en un 1,6%, hasta superar los 10.000 millones de euros de facturación.
No era el único reto. El sector se enfrenta también a la transformación digital –algo que ya se dispone a hacer la banca–, la creación de nuevas modalidades de seguros, o la adaptación a los cambios normativos que ha impuesto la Unión Euopea desde el pasado 1 de enero (Solvencia II).

La salud, un valor en alza

Uno de los ramos con mayor proyección es, sin duda, el de los seguros de salud. De hecho, ha sido el que mejor ha sorteado la crisis, con crecimientos de entre el 1,7% y el 9,6% desde 2007.
El aumento de la esperanza de vida tiene la contrapartida del incremento del gasto sanitario y supone una presión adicional para las arcas públicas. Si, además, la sanidad pública es uno de los servicios básicos que más han acusado los recortes, se crean las condiciones idóneas para que aumente el gasto sanitario privado. Las pólizas de salud han crecido a un ritmo sostenido del 1,8% en estos últimos años y casi dos de cada diez españoles ya tienen un seguro de salud.
Según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), organismo financiado por grandes aseguradoras y operadores sanitarios, en 2012 –últimos datos disponibles– los españoles habían invertido 28.064 millones de euros en pagar su propia asistencia, de los cuales un 74% fueron para medicamentos, servicios médicos extrahospitalarios (dentistas, análisis clínicos, etc) y servicios hospitalarios. Otros 5.862 millones se desembolsaron en primas de seguros y la penetración del seguro privado superaba ya el 18% de las familias.
Con cifras más cercanas en el tiempo, el IDIS estima que el gasto sanitario público ascendió en 2014 a 1.219 euros per cápita, frente a un desembolso privado de 531 euros. Lo cierto es que España cuenta ya con 7,27 millones de asegurados particulares, sin incluir los funcionarios que pertenecen a mutualidades (Muface, Isfas o Mugeju).
Desde el sector asegurador el crecimiento del gasto sanitario privado se ve como una respuesta a los problemas de listas de espera o al aumento de la percepción de que la calidad de los servicios públicos se ha deteriorado, y se propone como solución aumentar la colaboración pública-privada. Según la patronal de los seguros, Unespa, el seguro de salud reduce la presión a la que se ve sometida la sanidad pública, aligerando los gastos que recaen sobre los presupuestos de las comunidades autónomas. Las personas que acuden a un médico privado dejan de ir a un centro público y de este modo se alivian las listas de espera y se acortan los tiempos de atención en ambulatorios y hospitales públicos.
Buena parte del auge de los seguros de salud se debe también a los seguros colectivos. Unespa les atribuye el crecimiento de las pólizas en plena crisis. El segundo gran cliente del sector hospitalario privado es la Administración pública, bien a través de conciertos sanitarios (por ejemplo, para hacer pruebas diagnósticas o intervenciones de lista de espera), o mediante convenios singulares de vinculación, que hacen que un hospital privado atienda a una población determinada.
A esto se une que las pymes han comenzado a emular una práctica que era habitual entre las empresas de mayor envergadura, porque el seguro de salud, como una prestación de las empresas, es un beneficio social muy valorado por los trabajadores.

El repunte del seguro de automóviles

Donde más se ha acusado un cambio de tendencia ha sido en el sector del automóvil, un ramo especialmente afectado por la crisis y que se había movido en cifras negativas hasta el pasado año en que experimentó un crecimiento del 1,6% en el volumen de primas. Es un dato más de cómo el sector asegurador es un indicador de la marcha de la economía de un país, porque el incremento en la venta de automóviles es uno de los síntomas de la recuperación. En España, las matriculaciones se incrementaron un 12,6% el pasado febrero, lo que supone el mejor registro del mismo mes desde el año 2008, según cifras de las tres patronales del sector automovilístico (Anfac, Faconauto y Ganvam).
La mala noticia para los cántabros que quieran asegura su automóvil es que, según el Índice Rastreator.com, viven en la comunidad autónoma con el seguro de automóvil más caro de España, sólo por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De hecho, la prima media en Cantabria se sitúa en 403 euros para la modalidad de terceros ampliado y en 1.191 euros para el todo riesgo, las más caras de la Península en ambos casos.
De este modo, los cántabros llegan a pagar hasta un 48% más en el seguro a terceros ampliado que los residentes en Aragón, la comunidad autónoma con las primas más baratas, con una diferencias de precios de 130 euros. Algo muy similar ocurre con la modalidad de todo riesgo, donde las diferencias en el coste de las primas alcanzan el 40% (338 euros) si también se comparan con Aragón.
Otro dato a tener en cuenta es que el pasado 1 de enero entró en vigor la nueva ley de baremo de accidentes de tráfico que incrementa el pago por fallecimiento en un 50% y el de las lesiones con secuelas en un 35%. Las indemnizaciones se sitúan así en la media europea, pero eso supone una presión al alza sobre los precios de los seguros de automóviles.

El futuro de las pensiones

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el sector asegurador es el de dar respuesta a los problemas que plantea el envejecimiento de la población y el aumento de la factura de las pensiones públicas.
Las tensiones que origina sobre las arcas de la Seguridad Social aconsejan buscar fuentes complementarias de carácter privado que incrementen los ingresos de los jubilados. Sin embargo, el ahorro privado destinado a la jubilación atraviesa tiempos contradictorios. El descenso acentuado en la partida del Fondo de Reserva de la Seguridad Social durante los últimos cinco años no se ha visto acompañado por aportaciones masivas a los planes privados. Y no porque falte sensibilización entre los ciudadanos sino porque, como consecuencia de la crisis, el ahorro de los particulares se ha situado en los niveles más bajos de los últimos años. Desde el sector asegurador se reclaman, en cualquier caso, mayores incentivos fiscales y más información a los futuros pensionistas.
La elección del mejor producto de ahorro como complemento a la jubilación depende de diversos factores personales. Uno de esos productos son los Planes de Pensión Asegurados (PPA). Según explica Enrique Campos, del Grupo Campos de Palacios, “los planes de previsión asegurados garantizan desde su constitución un interés mínimo a la fecha de jubilación. Adicionalmente, en cada anualidad nos notifican de forma anticipada un tipo de interés anual que viene siendo superior al mínimo garantizado. De esta forma, sabemos que nunca estaremos expuestos a fluctuaciones de mercado que, de no tener el tipo mínimo garantizado, nos pudieran generar pérdidas no asumibles en un ahorro cuya finalidad principal es constituir un complemento a nuestra futura pensión pública de jubilación”.
Las aportaciones que se hagan a estos Planes de Pensiones reducen la base imponible de la declaración anual de IRPF, aunque tributan en el momento de su rescate.
Son productos con liquidez limitada, ya que solo permiten recuperar el dinero en caso de que se produzcan las contingencias de jubilación, invalidez, fallecimiento, dependencia severa o gran dependencia. No obstante, la legislación ha querido otorgarles mayor liquidez y ya permite el rescate de aportaciones con al menos diez años de antigüedad. Los primeros rescates no podrán realizarse, en ningún caso, antes del 1 de enero de 2025.