La industria electrointensiva reclama un estatuto pero con «ayudas adecuadas a cada perfil» industrial

Avisa de que el último borrador no sirve a la gran industria

La presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Teresa Rasero, ha reclamado este viernes en el Congreso que el próximo estatuto electrointensivo cuente con «ayudas adecuadas a cada perfil» industrial.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, a la que ha acudido para ofrecer sus propuestas para la reconstrucción económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, Rasero ha señalado que el último borrador del estatuto busca «dar soporte a un conjunto importante de la industria», algo que agradecen pero que, en su opinión, no basta para la gran industria.

En este sentido, ha señalado que para esta gran industria el coste de la energía supone el 50% de sus costes productivos y que es en estos casos donde el esfuerzo que se realice por parte de la Administración determinará la continuidad o no de estas plantas.

«El borrador no es suficiente. Entendemos que no se puede cerrar el gap mañana –20 euros megavatio/hora con el resto de países europeos– pero necesitamos una hoja de ruta para irlo cerrando», ha reclamado, señalando que la última propuesta de estatuto «no es adeucada para la realidad».

Concretamente, ha señalado que un industrial muy electrointensivo se beneficiaría por 60 céntimos el MW hora «para cerrar un gap de 20 euros», mientras que un industrial medio podría ahorrar 2,5 euros y hasta 3 euros el MW/hora los más pequeños. «Pero cuando el coste de electricidad es un 2%, que el coste baje tres euros es fenómeno, pero no va a decidir si vas a producir o no en el país», ha dicho.

COMPENSACIONES POR CO2 Y UNA NUEVA SUBASTA DE INTERRUMPIBILIDAD

Durante su comparecencia, Rasero ha reclamado dos medidas a corto plazo, incluso antes que las mejoras del propio estatuto: la convocatoria de una nueva subasta de interrumpibilidad, de unos 2.000 MW, y ampliar al máximo posible las compensaciones por emisiones de CO2.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea permite dirigir un 25% del dinero recaudado en las subastas –se quedaría en unos 275 millones de euros– y ha incidido en que, como Bruselas «se ceba con medidas que dotan de grandes cantidades», ha pedido impulsar medidas de apoyo en varios frentes, para además facilitar su continuidad en el tiempo.

Por ejemplo, en los peajes de acceso, donde Alemania aprobó en 2016 una rebaja temporal del 80% a su gran industria que aún sigue vigente, o de los sobrecostes provocados por las renovables.

En materia de interrumpibilidad, ha lamentado cómo en la segunda mitad de junio no saben si habrá una subasta de interrumpibilidad, cuando en Italia han convocado otra como apoyo a la industria para enfrentar la crisis en el primer semestre del año.

«Necesitamos una segunda subasta con potencia suficiente. Pedimos la mitad que Italia, 2.000 MW», ha asegurado, cifrando en 20 céntimos en la factura de los hogares el coste de una subasta como la última aprobada en 2019, en la que se asignaron 2.340 MW.

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA REQUIERE DE INDUSTRIA

La presidenta de la asociación de consumidores electrointensivos ha alertado al Congreso del riesgo de deslocalizaciones industriales, y de que, aunque el precio de la energía vaya a bajar con la llegada de renovables, hay posibilidades de que muchas plantas no lleguen poder beneficiarse del mismo. De media, ha dicho, un asociado a AEGE tuvo un coste productivo cinco millones de euros más que si lo hiciera en Alemania.

Pese a ello, ha incidido en que «es un sector que tiene mucho futuro», y ha puesto el ejemplo de sectores renovables como el hidrógeno, que suponen una oportunidad para esta industria. «Se van a construir muchos aerogeneradores, pero para construir uno hablamos de 325 toneladas de acero, 7 toneladas de aluminio, seios de cobre más 400 de hormigón. Esas cantidades dan una idea clara del potencial de la industria que hay», ha dicho.