Suprimir el IAE, una promesa difícil de cumplir

Transcurrida media legislatura, los ayuntamientos siguen sin tener la más remota idea de cómo se puede articular la desaparición del IAE prometida por el presidente Aznar en su última campaña electoral. En un curso celebrado este verano en la UIMP quedó perfectamente patente la escasa confianza de los expertos, y sobre todo de los alcaldes, incluidos los del PP, de poder sustituir los ingresos del IAE en unos ayuntamientos que no tienen margen de maniobra y que, por lo general, están en una situación económica apurada.
Así no es de extrañar que a pesar de su supuesta desaparición, los ayuntamientos hayan seguido incrementado notoriamente la capacidad recaudatoria del impuesto.
La fiscalidad municipal descansa ahora en un 66% sobre los inmuebles, un porcentaje que difícilmente puede incrementarse más, sin riesgo de provocar un gran malestar social.
Los ayuntamientos, que tradicionalmente han tenido unos mecanismos de gestión de los impuestos bastante más endebles que los del Estado o los de las autonomías, se han visto obligados a dirigir sus gravámenes hacia aquellos hechos imponibles más difíciles de trasladar, escamotear o disimular y, como su propio nombre indica, no hay nada más inmueble que una casa. Desde antes de comenzar a construirse las viviendas ya son objeto de los gravámenes municipales, por el Impuesto sobre Construcciones, lo siguen siendo a lo largo de su vida útil a través del IBI y vuelven a ser gravadas en cada transmisión.
Se reconozca o no, la vivienda es un objetivo mucho más fácil para la fiscalidad municipal que, por ejemplo, las transferencias de capitales, porque no son deslocalizables y los ingresos resultan perfectamente predecibles, aunque esa misma circunstancia es negativa para el propietario, ya que ha de pagar lo mismo, tanto si sus ingresos han sido importantes ese año como si ha estado en paro.
Las posibilidades de obtener más rendimientos por esta vía son pequeñas, aunque no inexistentes, como se comprueba echando un vistazo a lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido y en Australia los inmuebles suponen el 100% de la recaudación municipal, mientras que en Alemania y Dinamarca sólo significan el 10% de los ingresos. En Holanda y Francia son un tercio del total.
Pero conviene hacer dos observaciones: la Carta Europea de Administración Local recomienda no aumentar la imposición sobre la vivienda, y de diecisiete impuestos que hay ahora mismo en España, los inmuebles están incluidos nada menos que en doce, por lo que ya es casi imposible inventar nuevos conceptos en este terreno.
Los otros dos pilares de la fiscalidad local son la actividad económica y los vehículos. Y, obviamente, si desaparece el IAE sólo quedarían los gravámenes sobre los vehículos de tracción mecánica, que sólo aportan el 14% de los ingresos municipales y tendrían que aumentar en un 140% para absorber los efectos de la desaparición del IAE. Si alguien piensa que esto resulta posible es que no conoce la capacidad de presión del potentísimo sector del automóvil, que resultaría seriamente afectado en sus ventas, con un notable efecto en cascada sobre el empleo.
Es cierto que los ayuntamientos tienen otras fuentes de ingresos –las tasas, los precios públicos y las contribuciones especiales– pero están vinculadas a una contraprestación por un beneficio individualizable, a excepción de las multas, y, en cualquier caso, su capacidad recaudatoria es inferior, ya que en conjunto sólo aportan el 32,9% del total de ingresos.
La experiencia de los alcaldes demuestra que cualquier movimiento en este terreno sensibiliza extraordinariamente a la población. Basta recordar los problemas que suscitó la recaudación de contribuciones especiales en Santander y en Laredo a mediados de los años 80, hasta el punto que la mayor parte de los ayuntamientos acabaron desistiendo. De igual manera, la capital cántabra se encuentra con un gravísimo desequilibrio económico en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos desde hace varios años, que no se atreve a abordar por la única vía obvia (una fuerte subida del precio del billete) por temor a la reacción de los usuarios.

Una cuestión estratégica

El IAE sustituyó en 1989 a la Licencia Fiscal y al Impuesto de Radicación con no pocas quejas, ya que grava la actividad económica en sí, tenga beneficios o pérdidas. El impuesto se limita a valorar la superficie de los locales, los kilovatios de consumo o los puestos de trabajo. Siempre se reconoció el endeble diseño del IAE y no parece que pueda dilatarse por más tiempo una modernización que lo acerque a la realidad económica.
A tenor del análisis realizado este verano en la UIMP, en el horizonte hay, básicamente dos alternativas: una reforma del IAE o señalar unos principios orientadores para crear un nuevo impuesto que lo sustituya. En este caso, los expertos indican que deberá tener una relación más clara con el rendimiento del contribuyente, un tipo mínimo para todo el Estado y ser deducible en el IRPF. El resto de los parámetros recomiendan que se dé libertad a los ayuntamientos para definirlos.
La conclusión es que el IAE sólo es suprimible si se garantiza una sustitución que no empeore la ya problemática suficiencia económica de los ayuntamientos españoles.
Ese carácter estratégico hace que su futuro se vaya a desenvolver en un contexto general, como el de la reforma de la financiación local dentro del Pacto Local entre la Administración del Estado y la Federación de Municipios, lo que podría producirse a finales de este año. Conviene recordar que la Federación Española de Municipios reclama un incremento hasta el 25% de la participación de los entes locales en el gasto público general, una nueva fiscalidad sobre no residentes, mayor cobertura legal para los beneficios fiscales locales y mayor participación en los tributos autonómicos. Casi todo ello, en detrimento de las administraciones central y regional, que no parecen muy predispuestas a ceder nada en un escenario presupuestario de déficit cero que exige grandes esfuerzos.
¿Cuál es, entonces, la alternativa al IAE? Pues, ante las escasas posibilidades inventar un nuevo concepto fiscal y de aplicar la fórmula de Robin Hood de quitárselo a los presuntamente ricos (Estado y autonomías) para dárselo a los pobres (corporaciones locales) sólo cabe esperar un lavado de cara.