¿Separados mejor que juntos?
La creación de la Federación Empresarial de Cantabria, que ahora será competidora de CEOE, no solo no va a poner fin a las tensiones, sino que las va a trasladar al exterior, como ya ocurriera con la campaña electoral de 2006. Las dos confederaciones tratarán de avalar su legitimidad disputándose asociación a asociación y empresa a empresa. José Gómez Otero y Fidel González Cuevas, los presidentes de Pymetal y la Asociación de Promotores y Constructores creen que otras sectoriales les secundarán, aunque parece poco probable que se den trasvases de importancia, porque en los meses de crisis previos a la ruptura han ido perdiendo apoyos.
El terreno se embarrará más en el ámbito particular de las empresas. Los líderes de la nueva Federación dan por seguro que algunas de las grandes metalúrgicas afiliadas a CEOE a título propio pasarán a la nueva Federación y entre ellas se baraja una que apoyó hace un año la candidatura de Mirones, Equipos Nucleares.
Pero lo cierto es que el grueso de los afiliados a la patronal no está por la labor de tomar partido en esta batalla, harto de un conflicto que dura más de un año y en el que casi nadie se ve representado. La mayoría teme que se reproduzcan las tensiones del verano de 2006, cuando las dos candidaturas en liza se disputaban el voto de cada empresa, que se sentía arrastrada de cada brazo por uno de los contendientes y donde factores como la amistad con unos u otros, o con ambos, o la relación proveedor-cliente convertían una decisión de voto, que en otras ocasiones ha sido intrascendente, en una compleja estrategia de minimización de daños.
La incomodidad que causa este fraccionamiento de la patronal permite aventurar que no será insólito el caso de quienes acaben por estar afiliados simultáneamente en la CEOE y en la nueva Federación Empresarial de Cantabria, lo que complicará los cálculos para deducir la representatividad de la recién creada. Por lo pronto, CEOE tratará de demostrar que su rival no alcanza al 15% de las empresas y de los trabajadores cántabros, el umbral que resulta imprescindible superar para sentarse en la mesa de la Concertación con el Gobierno. Una mesa que, además de otorgar protagonismo social, abre las puertas de la jugosa caja de financiación pública, en ayudas directas e indirectas, como las partidas para divulgar los acuerdos.
La disputa de la concertación
Ese dinero no es imprescindible para consolidar una nueva federación patronal pero sí es muy importante y, por ese motivo, si la primera batalla entre las dos patronales se va a librar tratando de alinear a cuantas más empresas en su campo, la segunda se centrará en la disputa legal sobre la posibilidad de que los escindidos tengan un hueco en la Concertación.
Para la Federación creada por González Cuevas y Gómez Otero no hay duda: ellos representan a dos sectores completos, que reúnen al 34% de los asalariados cántabros, al 27,6% de los autónomos y el 26% del PIB, y en esta condición han venido negociando los convenios sectoriales los últimos treinta años. La CEOE, por su parte, hará hincapié en que también tiene empresas de la construcción y del metal afiliadas directamente, por lo cual, la nueva Federación sólo puede atribuirse la representación de sus cotizantes, que cifra en poco más de un millar, un número insuficiente para participar en la Concertación.
El camino de los tribunales
La determinación de cuál de los dos criterios debe ser empleado es probable que acabe en los tribunales, así como la aclaración de si dos asociaciones sectoriales, aunque sean tan grandes como construcción y metal, pueden ser consideradas ‘representantes del conjunto del empresariado’, otro de los criterios para participar en la mesa negociadora con el Gobierno y los sindicatos.
Pero hay otro factor decisivo que no es opinable, el tiempo. La Concertación de toda la legislatura debiera quedar cerrada antes del 31 de octubre, fecha en que se presentan los Presupuestos, donde se deben recoger las partidas acordadas. La nueva Federación de Otero y González Cuevas ha presentado sus estatutos a la autoridad laboral el 25 de septiembre y sabe que los plazos administrativos son inamovibles, por lo que será muy difícil llegar a tiempo de reclamar su participación. Pero creen que eso no tiene por qué apartarles de este pacto social hasta la próxima legislatura, dentro de cuatro años, y exigirán estar presentes en las comisiones de seguimiento, lo que supone, de alguna manera, poder incorporarse, con todos los derechos, en los tres años que restasen del acuerdo.
El Gobierno, dividido
La pelota, como se ve, no sólo va a estar en el terreno de los tribunales, sino también en el del Gobierno. La nueva Federación ha buscado como interlocutor de sus gestiones al consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla (PRC), en lugar de hacerlo con la vicepresidenta, que es la consejera de Trabajo, quizá por la proximidad personal entre González Cuevas y el presidente Revilla. No obstante, la coalición de Gobierno suele ser exquisita en el reparto de papeles y la posición de los socialistas sobre este asunto quedó claramente definida desde que el consejero de Economía, Angel Agudo se manifestó en contra de escisiones que debiliten a la patronal, un claro apoyo a Mirones, que de alguna forma ha sido ratificado por la vicepresidenta al insistir en la necesidad de que haya “organizaciones fuertes”.
