Víctima de sí mismo

Desde hace diez meses, Del Olmo tenía claro cuál era su destino si era imputado por los tribunales a consecuencia de la querella presentada por los dos trabajadores de la Autoridad Portuaria de Santander que despidió. Visitaba en ese momento una instalación de energías renovables en La Mancha y encajó como un mazazo una llamada telefónica en la que le comunicaban su procesamiento. No lo esperaba, pero a partir de ese momento tuvo una sensación de provisionalidad. La fecha que puso fin a esa provisionalidad fue la del pasado 12 de marzo cuando conoció la decisión de los tribunales de imputarle por varios presuntos delitos.
Javier Del Olmo ha sido víctima de su carácter impulsivo, el mismo que provocaba el desconcierto inicial en sus interlocutores. Si su predecesor, Miguel Angel Pesquera, puede ser calificado como un político atípico, por su permanente abstracción teórica, con Del Olmo ocurría algo parecido pero desde el extremo contrario, ya que, al manifestarse con absoluta crudeza, era capaz de llevar su incorrección política al paroxismo. No obstante, tras esa explosividad que amenazaba permanentemente con acabar en catástrofe para el Gobierno, reconducía su propia personalidad y llegó a una relación muy fluida con sus interlocutores, como lo demuestra el que tanto los sindicatos UGT y CC OO como la patronal CEOE hayan lamentado públicamente su marcha, una circunstancia que no se ha dado con otros consejeros mucho menos polémicos.

Despidos de consecuencias inesperadas

Del Olmo se va convencido de ser inocente, pero le han perdido las formas. Mientras estuvo al frente del Puerto de Santander se enfrentó al responsable de la policía portuaria y le despidió. El ex consejero se justificó en su día asegurando que el sancionado había provocado que el 78% de los guardamuelles a su cargo llegase a estar de baja por ansiedad.
El segundo despido, el de un directivo del Puerto, se produjo tras su declaración judicial en favor del primero, aunque las diferencias con él ya se habían iniciado mucho antes.
En realidad, Del Olmo, como presidente de la Autoridad Portuaria, no podía adoptar unas decisiones laborales que en el complejo organigrama de estos entes públicos le corresponden al director. Por este motivo, para los dos trabajadores del Puerto no fue difícil conseguir la nulidad de sus despidos en los tribunales y pasar al contraataque que tan caro le ha costado.
Presentaron una querella criminal por su actuación, de la que el ex consejero de Industria intentó zafarse alegando que los hechos que se le imputaban en ningún caso podrían tener una categoría penal. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estimó que sí cabía esta tipificación, dado que además de los delitos contra la vida, la integridad, la libertad sexual o los bienes, en la vía penal se incluyen las represalias cometidas sobre denunciantes o testigos en procedimientos judiciales, el hecho del que se le acusa.
Así que todo lo que podía salir mal para Del Olmo, salió mal y ahora acaba de ser imputado por delitos de prevaricación (despidos que no tenía capacidad de decidir) y obstrucción a la justicia (represalias), lo que puede acabar con penas de cárcel y una larga inhabilitación, muy severas para lo que a primera vista parece un asunto meramente laboral.

Otra marcha relevante

La salida del cargo de Del Olmo se produjo 24 horas antes de la marcha de un histórico del sindicalismo cántabro, igualmente polémico, Javier Puente, que agotaba su tercer mandato al frente de la secretaría general de CC OO.
Puente, que ha gobernado el sindicato durante ocho años, llegó con una mayoría muy precaria y consiguió su reelección en las mismas condiciones. Siempre ha tenido una fuerte contestación interna, a pesar de lo cual ha conseguido mostrar hacia el exterior una posición sólida, incluso a la hora de enfrentarse con contumacia al actual Gobierno, lo que ha llevado a los socialistas a considerarle, en muchas ocasiones, su auténtica oposición.
La marcha simultánea de Del Olmo y de Puente cambia a dos de los cuatro interlocutores sociales de una tacada, pero no parece que vaya a afectar al clima de negociación en la Concertación Regional, dado que tanto el nuevo consejero, Juanjo Sota, como el recién elegido secretario general de CC OO, Vicente Arce tienen un perfil dialogante.

El complejo concurso eólico

En el caso del nuevo consejero, un perfil demasiado conciliador para los tiempos que se avecinan, ya que tendrá que soportar la tensión de una crisis industrial que nadie sabe que calado llegará a tener, las presiones que está deparando el concurso eólico, el no menos complicado reparto de las concesiones de TDT a las televisiones locales y el de las emisoras de radio, que su antecesor dejó sin resolver. Pero, sobre todo, tendrá que afrontar un asunto tan peliagudo como el de la fábrica de fibroyeso GFB, donde el Gobierno regional ha metido ya más de 30 millones de euros y decidir si mantiene la dura posición de su antecesor, que se plantó y exigió a los socios centroamericanos las aportaciones que restan para la puesta en marcha de la fábrica bajo la amenaza de llegar a pedir la suspensión de pagos.
Tanto en el caso de que el grupo Euroamérica llegue a hacer funcionar la fábrica como en la hipótesis de que Sodercan se viese obligado a pedir el concurso de acreedores o a quedarse con todas las acciones, las perspectivas tampoco mejoran mucho, puesto que, en las actuales condiciones de mercado, las pérdidas serán mayores con la planta en funcionamiento que con ella parada. Así que Sota hereda un problema endiablado, que a su vez ya heredó Del Olmo, del que sólo se librará si se produce la tercera opción: que el accionista mayoritario adquiera las acciones que ahora están en manos de Sodercan y la fábrica, con todos sus problemas, pasa a ser completamente privada.