¿Mejor las cajas sin políticos?

La regulación vigente de las cajas de ahorros parte de la base de que unas instituciones que no tienen propietario son de todos y, ante la inviabilidad de convocar elecciones generales para cubrir sus órganos de gobierno, lo más práctico es que la mayor parte de los miembros de sus asambleas generales (el equivalente a las juntas de accionistas de los bancos) sean nombrados por los ayuntamientos y parlamentos de las regiones donde operan. El resto son una variopinta combinación de representantes de los trabajadores y de los impositores (los dos colectivos más directamente implicados en el futuro de cada caja) y de organismos sociales.
La teoría es irrefutable pero el sistema de elección para los consejos de administración, que es lo que realmente importa, conduce a que la presencia de ese segmento político se refuerce aún más en los consejos, algo que ha suscitado muchas críticas, incluso de quienes se valen de ello para controlar numerosas cajas de ahorros.
El Partido Popular ha sido el más beligerante contra este sistema, aunque no ha tenido empacho alguno en utilizarlo a fondo. Todos los partidos han designado a militantes relevantes para el consejo de las cajas, porque quieren controlar muy de cerca lo que allí se decide, pero nadie lo ha llevado tan lejos como el propio PP que, en su momento, designó como presidente de la Caja Cántabra a su propio presidente regional, Carlos Saiz, y su portavoz parlamentario, Francisco Rodríguez, es presidente de la Obra Social. Por si quedaba alguna duda de que no son decisiones aisladas, Manuel Huerta compatibilizó durante años la alcaldía de Santander y la vicepresidencia de la Caja, por lo que los asuntos a tratar en el consejo de la entidad podían ser discutidos en la sede del partido con casi la misma capacidad de decisión.
Ninguna formación política renuncia a esta cuota de poder, si bien es cierto que la tentación cada vez es menor. En Cantabria hace ya tres legislaturas que los partidos principales pactaron dejar la Caja fuera de las contiendas entre ambos, lo que fue providencial para una entidad que en los veinte últimos años ha tenido pocos de sosiego. Desde entonces, y gracias al consenso del Consejo en profesionalizar la gestión, la Caja suele huir como gato escaldado de cualquier inversión que suene a política, incluidos los préstamos al Racing, que ha salido indirectamente perjudicado. Si en los años 90 cualquier crisis empresarial de importancia social acababa por resolverse con un crédito de la Caja, a día de hoy parece impensable que el Gobierno busque una solución semejante, aunque, a buen seguro hubiese deseado poder utilizarla más de una vez.
Sin demasiadas posibilidades de arrimar el ascua a su sardina política, los miembros del consejo de la Caja designados por los partidos podrían estar tentados, al menos, a arrimarla a su interés privado, pero los créditos que suman los consejeros tampoco son relevantes. Todos los emolumentos que cobran de la entidad y los préstamos que haya podido concederles han de ser declarados y pueden consultarse en la Comisión Nacional de Valores.
En esas declaraciones se comprueba que, en el caso de Caja Cantabria, por más reuniones a las que sea convocado, es muy difícil que un consejero llegue a superar los 18.000 euros al año de remuneración y los préstamos que tienen solicitados no sobrepasan el promedio estadístico del resto de la ciudadanía. Eso sí, por lo general son un poco más baratos (entre el euríbor y el euríbor +1,5 puntos), aunque los más beneficiados, en este caso, son los representantes de la plantilla que, como el resto de los trabajadores de la entidad, pueden obtener los créditos pagando un interés inferior al euríbor.

Los créditos a los empresarios-consejeros

La paradoja es que aunque son los políticos los que están en el punto de mira, los consejeros que más créditos reciben no suelen tener nada que ver con la política. Son, como es fácil comprender, los pocos empresarios que hoy por hoy se sientan en los órganos de gobierno de las cajas. Con la nueva ley que se tramita en el Parlamento resulta razonable suponer que, una vez desaparezcan los políticos con cargo de los consejos, es casi inevitable que aumente la presencia de empresarios, puesto que no parece acertado que se deje en manos exclusivamente de profesores u otras personas sin vinculaciones con la economía real. Eso permite pensar que este conflicto de intereses se multiplicará.
Para el empresario la financiación es una materia prima y resultaría muy difícil e, incluso injusto para su negocio, que en una región como Cantabria el designado para un cargo de administrador se viese obligado a dejar de operar con la Caja para evitar la posibilidad de otorgarse un trato de favor. Tanto si obtiene créditos de su entidad como si va a buscarlos a otra dará que hablar. Como se ve, la sustitución de los políticos no va a resultar fácil ni va a disipar las nubes de sospecha, sino que probablemente las incrementará.

Casos conflictivos

El problema no es teórico y la solución no es fácil. Ahora, la presencia de empresarios en los consejos de las cajas es muy poco relevante, pero se pueden encontrar ejemplos significativos de situaciones conflictivas. El presidente de Caja España, el constructor Santos Llamas, a finales de 2008 tenía créditos de su entidad por valor de 42,7 millones de euros. Curiosamente, un año antes su riesgo era sólo de 1,5 millones. La mayoría de estos créditos se habían concedido a una promotora inmobiliaria a la que estaba vinculado.
En Castilla y León también se da otro caso significativo, el del consejero de Caja Duero y presidente del Numancia Francisco Rubio, que sumaba créditos y avales de la entidad que cogobierna por valor de 27,5 millones. Este constructor, que ha levantado una torre en Nueva York, había llegado a obtener 51,1 millones de euros de Caja Duero en 2006. La entidad ha sido generosa y confiada con él, ya que también le patrocinó el equipo de fútbol y le concedió un crédito personal, sin garantía, de 13 millones de euros.
Tanto los créditos de Llamas como de Rubio han disminuido sensiblemente en el último ejercicio, aunque su afloramiento con motivo de la fusión de las entidades a las que pertenecen ha causado alguna polémica. Pero ninguna como la protagonizada por Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y que como tal se sienta en el consejo de Caja Madrid. A finales de 2009 le debía a la entidad 26 millones de euros, eso sí, con garantía hipotecaria, aunque luego se descubrió que esos activos habían sido utilizados para respaldar también otros créditos. Como se sabe, la situación de Díaz Ferrán no es precisamente saneada y cuando obtuvo los préstamos de Caja Madrid para sus compañías ya empezaba a tener serios problemas para obtener financiación en otras entidades.
Otro caso relevante es el del presidente de La Vanguardia, Javier Godó, que en 2008 recibió 8,4 millones de euros de La Caixa, entidad de la que es vicepresidente tercero.
La lista de empresarios que han utilizado sin complejos la financiación de la entidad de ahorros en cuyo consejo participan es muy amplia y en ella figuran el expresidente del Málaga, Federico Beltrán, que en 2008 obtuvo ocho millones de euros de Unicaja; José María Arribas, que a finales de 2008 debía 6,6 millones a Caja Burgos, de la que es consejero; o Rafael Cioler, vicepresidente de la empresa tecnológica Arsys y consejero de Caja Rioja, que le había prestado cinco millones.

Los préstamos de Caja Cantabria

Cualquiera de estas cantidades supera en varias veces la suma de los préstamos o avales que Caja Cantabria ha concedido al conjunto de sus consejeros, entre los que no hay empresarios significativos. A pesar de que la elevada cuota de la entidad en el mercado local haría casi imposible encontrar administradores que no tengan vinculación económica con ella, los diecisiete miembros del consejo de administración de la Caja, a finales de 2008, sólo sumaban 970.000 euros en créditos o avales recibidos de la entidad y el pasado 31 de diciembre la cifra había bajado a 528.000 euros.
Tampoco los grupos políticos hacen excesivo uso de la entidad. El único partido que figura como beneficiario de créditos es el socialista, que tiene prestados 251.000 euros, de los cuales 209.000 tienen garantía hipotecaria.
En los últimos años, los partidos han ido alejando a los políticos de primera línea de las cajas, reemplazados por ex altos cargos públicos, a los que no afectará la nueva ley, como es el caso del presidente de la Caja cántabra, Enrique Ambrosio Orizaola, que participó como consejero de Industria en el primer gobierno de la autonomía. Quienes siguen siendo frecuentes son los alcaldes, como ocurre en Cantabria con Severiano Ballesteros, Gastón Gómez o Isidoro Rábago, que deberán ser reemplazados, pero la ley consensuada por PSOE y PP dejará tres años para que este proceso de sustituciones se complete.