LOS OTROS RESTOS DEL ‘PRESTIGE’

La llegada al poder la coalición PSOE-PRC resultó tan inesperada para el entonces consejero de Medio Ambiente José Luis Gil que apenas tuvo tiempo para adquirir la máquina de destrucción de documentos más grande del mercado y ordenar un triturado masivo de expedientes.
No obstante, entre los vericuetos de la Administración había algunas copias incontroladas que han permitido hacerse una idea cabal del funcionamiento de la Empresa de Residuos de Cantabria, el organismo público que se creó para facilitar el cobro de los servicios de traslado y tratamiento de basuras a los ayuntamientos morosos.
La ERC convivió durante mucho tiempo con la Consejería, en sus mismas dependencias, con una mera empresa instrumental, sin trabajadores propios, pero durante los Gobiernos de Martínez Sieso empezó a crecer a un ritmo espectacular y a ser utilizada para los fines más extravagantes. El resultado de todo ello es que, en lugar de reducir la morosidad y el déficit del servicio de basuras, lo multiplicó.
Si la intención fue que el Gobierno llegase a repercutir a los ayuntamientos el costo real de la gestión de las basuras y que éstos lo trasladasen a los vecinos, a través de las tasas que pagan por la recogida, el resultado no pudo ser más desolador. En 2003, la ERC sólo ingresó 10,2 millones de euros y sus gastos fueron de nada menos que 65,8 millones de euros. Es decir, que apenas recaudaba una peseta por cada seis que gastaba.
Es cierto que en este ejercicio tuvo que hacer frente a los gastos generados por el hundimiento del ‘Prestige’ y que, para ello, obtuvo un crédito extraordinario de 30 millones de euros, por lo que el saldo negativo del año quedó en 25 millones (algo más de cuatro mil millones de pesetas). Una cifra, en cualquier caso, disparatada y que se venía repitiendo año tras año (en el 2002 perdió casi 21 millones de euros).
Dado que las empresas públicas regionales computan como ingresos ordinarios del ejercicio las subvenciones que cada año se ve forzado a aprobar el Parlamento para hacer frente a las pérdidas que ya se prevén, el resultado aparece convenientemente maquillado en las cuentas que presentan, pero la realidad es muy cruda. En un año sin sobresaltos como el 2002, el Gobierno regional tuvo que incluir una partida de 15,36 millones de euros como subvención a la empresa y otra de 2,1 como aportación de capital, para contrarrestar las pérdidas. Ni siquiera con estos 3.000 millones de pesetas de ayudas consiguió evitar que la empresa presentase un resultado negativo de casi tres millones de euros.
La catástrofe del ‘Prestige’ y la imputación de numerosos gastos con claros visos electorales multiplicaron las pérdidas de 2003. Ese año, el Gobierno inyectó casi 33 millones de euros, por varias vías, pero aún así, no pudo evitar que las cuentas presentasen un resultado negativo de 21,5 millones de euros.
El ‘Prestige’ se convirtió en un argumento para el gasto sin limitaciones. La urgencia del problema hizo que el Gobierno de Martínez Sieso diese carta blanca a la Empresa de Residuos, que controlaba muy estrechamente el consejero de Medio Ambiente José Luis Gil y en la que admitía muy pocas interferencias de otros miembros del Gobierno, por no decir ninguna.

Descontrol en el gasto

Las circunstancias que se produjeron en Cantabria como consecuencia de la marea negra no fueron muy distintas a las de Asturias o a las del País Vasco pero, por razones que no son fáciles de entender, los gastos de la limpieza resultaron diez veces más caros por kilómetro de costa que en las comunidades vecinas. Esto puede dar una idea de la ligereza con que se empleaba el dinero en la ERC (siglas que no tienen nada que ver con el partido catalán). En el Informe de Control Financiero que realizó a posteriori la Consejería de Economía para fiscalizar estos gastos se pone de relieve el escasísimo control de la empresa sobre muchas de las tareas o servicios que encomendaba a terceros. Por ejemplo, a pesar de que la neutralización del fuel en las dos gestoras de residuos que contrató costaba nada menos que 294,9 euros por tonelada (unas 50.000 pesetas) ni siquiera hubo un control fehaciente de las toneladas que se enviaron.
Aprovechando la circunstancia de la urgencia, prácticamente todos los gastos se hicieron por procedimientos excepcionales, sin concurrencia de ofertas, aunque en muchos de los casos hubiese sobrado tiempo para pedir varios presupuestos.
El ejemplo más disparatado que encontraron los interventores del Gobierno fue el de los gastos originados por las cuadrillas de limpiezas. Curiosamente, los operarios contratados a través del INEM y los contratados por medio de la asociación Coorcopar tenían un coste muy distinto. Mientras que cada trabajador llegado del INEM cobraba un salario bruto de 882,5 euros, los 98 de Coorcopar recibían dos salarios (circunstancia para la que aún hoy no hay explicación), uno de ellos de 1.513 euros y el otro de 1.357.
Si la Empresa de Residuos hubiese contratado a estos trabajadores por sí misma, se hubiese ahorrado más de 70.000 euros al mes, según los interventores. También parece insólito que Coorcopar, al seleccionar al personal, olvidase uno de los requisitos ineludibles (que fuesen parados de larga duración), ya que sólo 13 de sus 97 contratados lo eran.
En este cúmulo de despropósitos no cabe sorprenderse de que no aparezca por ninguna parte la subvención concedida a la ERC por los 169 desempleados que contrató directamente del INEM (719.960 euros) o que las comidas que se sirvieron a los limpiadores de la costa fueran facturadas a Coorcopar por las teóricas sociedades Coorcopar Servicios de Catering o Coorcopar Gestión Ambiental, cuando en realidad sólo hay una entidad jurídica –Coorcopar– y con el mismo CIF, con lo cual, “se estaba facturando a sí misma”, según los interventores. Este extraño procedimiento incrementaba el gasto con una comisión intermedia del 13% y dos IVAS diferentes. Los interventores se asombran, igualmente, de que la Empresa de Residuos pagase estas comidas durante meses “cuando debieran ser las empresas contratadas las que atendieran los gastos”.

Decenas de miles de herramientas

Del ‘Prestige’ queda hoy un almacén lleno de utensilios, en muchos casos sin usar, que fueron adquiridos a toda prisa y aparecieron almacenados con descuido en unas naves de Torrelavega que la Consejería de Medio Ambiente también tenía alquiladas a Coorcopar. Después de tres meses, seis operarios han puesto en orden todo este material, en las antiguas instalaciones de AZSA que hoy forman parte del parque de La Viesca. Allí, como en el inmenso pabellón de secretos olvidados donde acabó el Arca de la Alianza tan afanosamente rescatado por Indiana Jones, se alinean ahora decenas de metros de estantes llenos de cajas, en las que hay 24.000 monos de papel nuevos de los que utilizaron los recogedores; más de 20.000 trajes de aguas; miles de palas, mascarillas, botas y otros objetos, además de un autobús y de 78 tractores cribadores para la limpieza de playas.
Este material, que pesa varios cientos de toneladas, permanece en las antiguas oficinas de las minas de AZSA y allí continuará, previsiblemente, hasta que el Gobierno decida qué se puede hacer con él. La única salida aparente es la venta en una gran subasta, puesto que no hay perspectivas de poder utilizarlo ni la posibilidad de devolver a los proveedores la ingente cantidad de herramientas y protectores que nunca fueron usados.