Editorial
En la Administración, donde hay poco que vender, aunque no vendría mal deshacerse de algunas cosas, la auténtica política low cost sería liberarse de gastos fijos y en ese terreno las habas están muy contadas: sedes y personal. El anterior gobierno aseguró que iba a concentrar los centenares de dependencias públicas gracias al Edificio Moneo y lo que hizo fue multiplicarlas aún más, si bien es cierto que tiene la excusa de no haber conseguido que el Ayuntamiento de Santander le facilitase la construcción de la nueva sede. Ahora da la impresión de que sobra el Moneo, que está por hacer, y muchos de los edificios que están hechos. Pero también sobra plantilla. Personalizarlo en 33 altos cargos parece tratar de minimizar el problema y suponer que con eso se ahorran 14 millones de euros en una legislatura es demasiado suponer. Con un salario medio de 50.000 euros, resultan 6,5 millones en cuatro años, sin contar los gastos sociales. La realidad será muy inferior porque más de la mitad de los amortizados son funcionarios del propio Gobierno regional que vuelven a su plaza, donde, sorprendentemente, algunos cobran más y ahí seguirán hasta la jubilación. Todo lo contrario de lo que suponía aquel consejero del Banco Mercantil que, al perder el cargo tras su absorción por el Santander, le decía a Emilio Botín padre: “A mí ni me amortiza ni me amortaja”. Claro que le amortizó. Es la diferencia entre jugar en terreno público o hacerlo en el privado.
Lo que habría que plantearse es si el Ayuntamiento de Santander necesita 1.200 trabajadores, después de privatizar las basuras, el agua y el mantenimiento de los jardines, o si el Gobierno regional puede mantener los 21.000 que tiene, aunque la mitad de esta cifra esté formada por docentes y sanitarios. Ese es el auténtico hueso del problema, aunque ante la opinión pública resulte mucho más efectista poner el acento en los altos cargos.
En cualquier caso, el coste real de la gestión va en función de lo que se gestiona, ya que aquí no se puede medir por el volumen de negocio. En la segunda legislatura de Hormaechea, entre 1991 y 1995, el entonces presidente consiguió reducir extraordinariamente los gastos, pero a cambio de paralizar completamente la maquinaria administrativa, con lo cual el resultado fue ruinoso. Hubo un hospital entero –Liencres– funcionando año y medio con un solo paciente, un caso que no encontrará parangón en ningún otro lugar del planeta y con méritos más que de sobra para pasar a algún libro de récords disparatados.
Las políticas restrictivas que Diego va a implantar serán una buena cura tras los muchos kilos de grasa que ha cogido el sector público, pero deberán acompañarse con un análisis serio sobre cómo mejorar los costes de gestión influyendo lo menos posible en las prestaciones al ciudadano y en los proyectos en marcha. En una región donde lo que hace el Gobierno influye por vías directas, indirectas o circunstanciales en todas las familias, no es posible parar la máquina en seco sin agravar los problemas que ya padecemos. Hay mucho margen de mejora en la Administración y se puede volar más barato sin tener que volar más bajo.
