Una amnistía que genera agravios comparativos
Oficialmente lo han denominado “regularización voluntaria de rentas no declaradas” pero las más que benevolentes condiciones fijadas para quienes se acojan a ella le han valido la etiqueta popular, mucho más acertada, de ‘amnistía fiscal’. Y es que la necesidad y la urgencia de nuevos recursos es tanta que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha atrevido a ofrecer a los defraudadores un trato tan benigno que deja muy malparada la ejemplaridad fiscal. Es difícil que, en pleno periodo de declaración de la renta, los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias no sientan como un agravio comparativo que, por ejemplo, se aplique el mismo tipo impositivo a quien gana mil euros que a quien ha defraudado millones: el 10%. O que quien declare en el periodo correspondiente una renta de 100.000 euros pague 30.000 a Hacienda, mientras que si la hubiese ocultado y se acogiese a esta amnistía fiscal, tan solo pagaría 10.000.
El afán recaudatorio de esta medida, que ha sido criticada con dureza por los propios inspectores de Hacienda, queda todavía más de manifiesto por el hecho de que no se contemplan otros supuestos de regularización que no sean los relacionados con el impuesto sobre sociedades (IS), sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o sobre la renta de no residentes (IRNR).
Quedarían fuera situaciones irregulares que se dan con alguna frecuencia y que no se han tenido en cuenta al diseñar esta declaración tributaria especial. Es el caso –común en esta época– de donaciones no declaradas de padres a hijos para ayudarles a superar una situación económica delicada. Al no estar las donaciones incluidas en los supuestos de esta amnistía fiscal, no podrían regularizarse por esta vía. Este agravio comparativo es todavía más notable en Cantabria, ya que la vecina Vizcaya goza de un régimen foral en el que están exentas las donaciones entre ascendientes y descendientes y entre cónyuges en su totalidad. Y otra comunidad limítrofe, la castellanoleonesa, cuenta con una bonificación del 99% sobre el impuesto de donaciones, mientras que en Cantabria las bonificaciones existen para supuestos tasados.
Otro ejemplo de situación fiscalmente anómala que no puede regularizarse por esta vía es la de las empresas con pasivos ficticios, a las que se les podría haber facilitado el poner en orden sus cuentas aprovechando esta ocasión excepcional. Así se hizo en la primera regularización puesta en marcha en la España democrática, la que hizo el ministro Francisco Fernández-Ordóñez, cuando se sentaron las bases del sistema tributario español moderno.
También en la etapa de Solchaga, en 1993, se abrió otro proceso de regularización pero, al contrario que éste, con aquél se pretendía –y en parte se logró– repatriar los capitales evadidos. El sistema empleado fue el de crear una deuda pública especial que el declarante debía adquirir con el capital aflorado y mantener durante cinco años, a la vez que percibía un módico interés anual. Nada que ver con la actual propuesta, con la que solo se persigue recaudar el diez por ciento de los capitales que quieran acogerse a esta ‘ventana de oportunidad’ que les abre Hacienda. Con el peligro añadido de que, al prometer, además, que no se investigará la procedencia de esas rentas, se abre una vía al blanqueo de capitales procedentes de cualquier actividad delictiva, aunque el Gobierno afirme que eso no ocurrirá.
Un compás de espera
La regularización especial tiene de plazo hasta el próximo 30 de noviembre y deberá hacerse en un modelo de declaración que Hacienda todavía no ha presentado. Para Rodolfo Rodríguez-Campos, esta demora obedece “a la gran cantidad de interrogantes que se les están planteando a quienes deben aplicar estas normas y para las que no tienen respuestas”.
Para este especialista en materia tributaria, que ostenta actualmente la secretaría general de la Asociación Española de Asesores Fiscales, lo que convendría hacer es reflexionar sobre cuáles son las causas del fraude fiscal en España para que esté tan arraigado. Algo se está haciendo mal en este país, cuando hay tan poca conciencia tributaria. Algo a lo que puede contribuir el espectáculo de los escándalos de corrupción ligados al ámbito de la política. Lo que desde luego no va a ayudar a fortalecer esa conciencia fiscal es el espectáculo de defraudadores masivos de impuestos ‘blanqueando’ su capital por el módico coste de un diez por ciento de lo evadido.
