Otro año en blanco en la formación para el empleo

Asumir que el mercado laboral ofrece muy pocas oportunidades para salir del paro es una realidad con la que deben convivir los desempleados. Pero no poder ni siquiera formarse para mejorar sus opciones de encontrar un trabajo es una desoladora sensación en la que llevan instalados muchos de ellos desde hace más de un año. Si en 2012 no hubo prácticamente oferta de cursos de formación para el empleo, a la espera de que se aplicase un nuevo modelo, 2013 no parece que vaya a terminar mejor.
El retraso en la convocatoria autonómica de cursos para desempleados, que no llegó hasta el 15 de julio, cuando normalmente se hacía en marzo, amenaza con dejar otro año en blanco. Si a eso se le suma la supresión de las partidas de la concertación social, que permitían a sindicatos y a la CEOE plantear sus propias iniciativas de formación mientras se concretaban las convocatorias oficiales, nos encontramos con un panorama como el que describe Mónica Calonge, gerente en Cantabria de IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) de la Unión General de Trabajadores: “Salvo lo poco que se viene arrastrando desde 2012, no hay nada que ofrecer a los desempleados, que no es que estén desilusionados, es que no vienen ni a preguntar”.

Hacia la formación privada y on line

Un problema similar se plantea con la convocatoria de los planes estatales de formación tanto para activos como para desempleados. El plazo de presentación de solicitudes para impartir esos cursos por parte de los centros acreditados concluyó el 2 de agosto y habitualmente se tarda unos tres meses en resolver su adjudicación. Eso significa que el inicio de esas acciones formativas no podría tener lugar antes de noviembre o diciembre. Es decir, que también será un año en blanco para los certificados de profesionalidad.
Esta lentitud contrasta con la urgente reacción que reclaman las dramáticas cifras de paro. Al menos, el presupuesto con el que se ha dotado a estas acciones formativas es mayor que el del pasado año y de nueve millones de euros se ha pasado a 12,5.
Además, el Gobierno central, ha introducido un cambio muy significativo en el modelo de las certificaciones profesionales, que empezó a desarrollarse en 2008. Hasta ahora, los certificados se obtenían en centros públicos o privados homologados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y las comunidades autónomas, y eran gratuitos, pero un decreto publicado el pasado mes de marzo ha abierto la posibilidad de que el trabajador pueda recibirlos por Internet o con cursos presenciales en academias privadas, pagando por esta formación.
El SEPE todavía no ha establecido los requisitos que tienen que cumplir las plataformas de teleformación o cómo se van a acreditar los certificados de los cursos presenciales, por lo que los centros privados todavía no han podido aprovechar esa potencial fuente de ingresos. Pero todos esperan que pueda ayudar a compensar el recorte en los fondos públicos destinados a acciones formativas, que han repercutido muy negativamente en las academias. Sin embargo, también acechan otros riesgos, como advierte la directora del IFES: “El peligro que tiene esta nueva vía, especialmente en la forma on line, es que la Administración debe estar muy vigilante, para que esto no se convierta en un call center de formación”.
Otra de las preocupaciones de los gestores de centros en los que se imparten estas certificaciones es que los cursos se concedan de forma parcial, tal y como ocurrió el pasado año. Para los trabajadores ocupados esto puede ser una ventaja, al poder cursar módulos sueltos que no requieren demasiadas horas. Sin embargo, para los desempleados, que deberían ser los destinatarios preferentes de estas acciones formativas, esta parcelación de contenidos no hace sino dilatar el objetivo de lograr una certificación profesional que les facilite el reingreso en el mundo laboral.

Un impulso a las Escuelas Taller

Donde el Gobierno autonómico se ha mostrado más activo es en el impulso de los proyectos singulares de empleo a través de las Escuelas Taller municipales. El Ejecutivo ha invertido 4,6 millones de euros en subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para las convocatorias del pasado año en el ámbito de las Escuelas Taller y los talleres de empleo. Estos programas han servido para la formación de 438 desempleados menores de 25 años, en materias que van desde la agricultura y la jardinería (viveros, horticultura, restauraciones paisajísticas, repoblaciones forestales) a la vertiente técnica industrial (soldadura metálica, mantenimiento de instalaciones eléctricas y solares) y a las nuevas tecnologías. También incluían la atención sociosanitaria a personas en sus domicilios y la promoción turística (información al visitante, gestor de iniciativas turísticas sostenibles). Uno de los talleres más recientes se inició en julio en el Centro de Formación del Barrio Pesquero, dedicado a las nuevas tecnologías. Este área es una de las que arrojan mejores perspectivas de empleo, tal y como recoge el informe realizado por la patronal del sector AMETIC, según el cual las tecnologías de la información y comunicación podrían generar en España entre 175.000 y 300.000 empleos en los próximos cinco años.

A la espera del acuerdo con los agentes sociales

El marco futuro de las acciones formativas deberá venir, en cualquier caso, del cierre de los V Acuerdos de Formación para el Empleo. Un convenio entre la Administración central, los sindicatos y la CEOE cuya firma se ha demorado tres años y que se retomará ahora, tras desestimar el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias planteado por Cataluña. La mesa negociará el modo de adecuar la formación a las necesidades del mercado laboral y, sobre todo, la redistribución de fondos, una cuestión de la que depende la utilidad real de los programas.