Medio Ambiente desatasca las evaluaciones ambientales

Las autorizaciones en temas medioambientales se han convertido en la llave de cualquier iniciativa industrial. Sin embargo, la importancia que ha cobrado este área de gestión no ha corrido pareja con los recursos que la Administración cántabra le ha venido destinando.
Esta situación había generado un evidente malestar entre las empresas, que veían sus proyectos paralizados por la escasez de técnicos en la Consejería de Medio Ambiente para realizar la preceptiva evaluación de impacto ambiental. Las quejas no sólo procedían del sector privado, ya que muchos proyectos de otras Consejerías, obligados a idéntico trámite, se veían afectados por estos retrasos.
Este estado de cosas ha empezado a cambiar. La Consejería ha comenzado a dotarse de técnicos, abandonando las formas de trabajo heredadas de la anterior etapa de gobierno, cuando desde Medio Ambiente se optaba por externalizar los servicios en lugar de formar una plantilla propia.

Duplicar los técnicos

Tras la remodelación de la estructura de puestos de trabajo aprobada en agosto, se ha duplicado el número de técnicos encargados de evaluar ambientalmente a las empresas, y los resultados empiezan a notarse. Los más de diez meses que, como media, se tardaba en tramitar el 60% de los expedientes, se van recortando poco a poco, y el objetivo es llegar a reducir a seis meses el plazo para concluir un informe de impacto ambiental.
También se ha aligerado el procedimiento, siguiendo una de las primeras iniciativas que tomó el director general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre, tras acceder al cargo en marzo. El camino elegido fue eliminar algunas rutinas, como la costumbre de realizar un trámite que no es preceptivo, la consulta a otros organismos o entidades afectados por el proyecto. En muchos casos, la respuesta de estos organismos era meramente formularia, pero ese paso, que consumía hasta tres meses, retrasaba notablemente el expediente.
También resultaba imprescindible aumentar los recursos humanos y el Servicio de Medio Ambiente (rebautizado como de Impactos y Autorizaciones Ambientales) ha pasado a tener tres secciones, en lugar de una, que se repartirán los proyectos, la evaluación de planes –especialmente los urbanísticos– y las autorizaciones ambientales integradas. Cada una de estas secciones tiene tres técnicos, frente a los cuatro con que contaba antes la totalidad del Servicio.
Como consecuencia de estas medidas, el número de expedientes en tramitación ha descendido desde los 230 que había en marzo del pasado año a unos 160. Sin embargo, hay puntas de trabajo que no será posible afrontar con este aumento de plantilla, como ocurrirá con la previsible avalancha de peticiones de autorización ambiental integrada (AAI) que se va a producir a finales de año, dado que muchas de las empresas que han de presentarlo han dejado transcurrir el amplio plazo del que disponían sin apenas mover un papel. Lo mucho que queda por hacer antes de que concluya el plazo, en diciembre de 2006, preocupa a la Dirección General de Medio Ambiente, que teme verse desbordada por la acumulación de expedientes que, según la ley, deberán estar resueltos antes de octubre de 2007.
La Consejería ha firmado un convenio con la Universidad de Cantabria con el fin de que elabore metodologías de trabajo que simplifiquen la tarea tanto a las consultoras contratadas por las empresas para elaborar los informes, como a los técnicos de la Administración que habrán de evaluarlos. También se ha sacado a concurso la contratación de asistencia técnica externa para gestionar las autorizaciones ambientales integradas y para resolver los expedientes de impacto ambiental.
Con estas medidas, la Dirección General de Medio Ambiente confía en estar a la altura del reto que supone la nueva ley en la que se compromete a tramitar los expedientes de impacto ambiental en el plazo máximo de seis meses.

Una nueva Ley de Control Ambiental

La Consejería ha incluido esta obligación propia en una norma mucho más amplia, que también ha de resolver la ausencia de legislación autonómica para regular las nuevas exigencias medioambientales, y a sustituir regulaciones claramente desfasadas, como el Reglamento del año 1961 sobre las Actividades Nocivas o Peligrosas.
El proyecto de Ley de Control Ambiental Integral ha sido presentado ya al Consejo Asesor de Medio Ambiente y podría entrar en el Parlamento esta primavera. Con él se unificará y modernizará la legislación en el campo de las autorizaciones ambientales, donde hay una gran dispersión de normas y criterios, según se atienda al decreto propio de 1991 que regula la declaración de impacto ambiental, a la ley estatal de 2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación o a las directivas europeas que aún no se han trasladado al derecho español.
“Lo que se persigue –explica el director general de Medio Ambiente– es regular en una sola norma todas las figuras de control ambiental previo a la autorización de cualquier tipo de instalaciones, algo que mucha gente agradecerá”.
Un ejemplo de esta dispersión es la ley que fue preciso improvisar para tapar el agujero legal que se produjo cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló parte del Decreto de 1991 sobre Impacto Ambiental, tras ser utilizado por el Gobierno cántabro para rechazar un proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. El TSJC entendió que un planeamiento municipal tan sólo podía ser evaluado ambientalmente por una norma con rango de ley.
Aquel proyecto no fue nunca autorizado, entre otras cosas por la moratoria impuesta hasta la entrada en vigor de la Ley de Protección del Litoral, pero el Gobierno cántabro se vio obligado a aprobar en 2002 otra ley más, con tan sólo tres artículos, para regular el sometimiento de los planes urbanísticos a la evaluación de impacto ambiental.

Tres figuras de control ambiental

La nueva Ley regulará tres niveles de intervención. Las dos más exigentes continuarán siendo la Autorización Ambiental Integrada y la Evaluación de Impacto Ambiental, pero se creará una tercera figura, la comprobación ambiental municipal, que pondrá final a las duplicidades que se derivaban de la aplicación del viejo reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, una norma con más de medio siglo de antigüedad.
Esta comprobación municipal se aplicará tan sólo a aquellos proyectos que no requieran ninguna de las otras dos autorizaciones ambientales, evitando el actual solapamiento de las evaluaciones con el reglamento de actividades, lo que dilata innecesariamente la tramitación.
Son iniciativas que van a suponer la puesta al día de los instrumentos legales con que cuenta la Consejería para ejercer su tarea de control y prevención de posibles daños ambientales a resultas de proyectos de todo tipo.