Aplicar lo que ya existe; propuestas para un alquiler más justo sin nuevas leyes
Ante la creciente tensión del mercado de los alquileres en España, surgen diversas opiniones sobre cómo dinamizar el sistema sin necesidad de ampliar aún más el marco normativo. Desde la agencia inmobiliaria Propietario Vendecasa, con sede en Tenerife y dirigida por Juan Carlos G. Armas, se plantea una visión disruptiva y con viabilidad: no es necesario llenar el ordenamiento jurídico de nuevas leyes si ni siquiera se llega a cumplen las actuales.
Una de las claves que destaca el equipo de Propietario Vendecasa es el cumplimiento efectivo de la Ley de Arrendamientos Urbanos (L.A.U.). Esta norma ya establece obligaciones claras para ambas partes: el arrendatario, pagar la renta siendo única obligación; el arrendador, mantener la habitabilidad de la vivienda. Sin embargo, en la práctica, estas reclamaciones mutuas se han vuelto costosas e inviables por falta de garantías procesales. Ante esta situación, numerosos propietarios deciden no formalizar contratos por temor a quedar desprotegidos frente a posibles impagos, contribuyendo directamente a la economía sumergida en un mercado demográfico de constante crecimiento producto de la migración con una gran oferta de vivienda cerradas por aumento a los miedos legales.
Se propone medidas como la promoción del arbitraje de consumo y el refuerzo de los sistemas de mediación (nada nuevo) — ya contemplados en la legislación desde 2003 — para agilizar la resolución de conflictos y ofrecer vías más eficaces que los actuales procedimientos judiciales.
Otra propuesta relevante es el uso riguroso de la fianza, haciéndola suya los propietarios equivocadamente, si bien la normativa les obliga a su depósito en organismos competentes de las comunidades autónomas, el cumplimiento es escaso. Exigir el justificante del depósito como requisito previo para acceder a la vía judicial o al arbitraje reforzaría esta obligación. Un estudio tomando en cuenta las fianzas de viviendas, locales, oficinas, naves, garajes, trasteros y otros, sostiene que este capital, cercano a los 3.000 millones de euros, podría convertirse en una herramienta pública de financiación para políticas de alquileres asequibles, evitando el recurso a financiación bancaria o incremento de deuda pública.
Asimismo, se plantea la implantación existente de programas real de mediación social con intervención municipal. En caso de impago, el arrendatario tendría un plazo para abandonar la vivienda, tras una evaluación social que permita activar ayudas y recursos públicos. Esta alternativa permitiría a las administraciones prevenir desahucios conflictivos y anticiparse a situaciones de vulnerabilidad.
Por último, se propone analizar un modelo en el que el Estado actúe como avalista neutral. Quien cuenta con herramientas para velar y sancionar incumplimientos por ambas partes, esta figura permitiría eliminar las exigencias de condiciones a jóvenes, familias monoparentales, trabajadores sin contrato indefinido— acceder a una vivienda en condiciones más equitativas.
Estas soluciones al mercado del alquiler no requieren crear nuevas normas, sino aplicar con eficacia las que ya existen. El resultado sería un mercado de alquiler más seguro, accesible y estable para todas las partes termina diciendo Juan Carlos G. Armas de Propietario Vendecasa.
