Confidencial

Alarma en Medio
Ambiente
47 empresas cántabras quedarán en situación de ilegalidad

De poco ha servido el dilatar los plazos o las reiteradas advertencias. Tan sólo 18 de las 65 empresas cántabras obligadas por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) a obtener la autorización ambiental integrada, que engloba todas las licencias ambientales que necesitan para desarrollar su actividad, están en condiciones de obtenerla. Y el plazo se acaba este mes. La mayoría son industrias químicas, fundiciones, metalúrgicas y gestoras de residuos.
La situación preocupa mucho en la Consejería de Medio Ambiente, ya que las empresas que no cuenten con esta licencia se colocan automáticamente en situación de ilegalidad. Aunque la Consejería no va a adoptar ninguna medida coercitiva, las consecuencias que pueden derivarse de esa falta de autorización ambiental son imprevisibles, ya que en caso de mediar alguna denuncia, se podría llegar al cierre de la instalación industrial. Algo de repercusiones impensables dada la importancia que las empresas afectadas tienen para la economía cántabra. Hay que tener en cuenta que la Autorización Ambiental Integrada se exige a las empresas de mayor carga contaminante, que coinciden, en muchos casos, con las principales industrias de la región.
Ni la complejidad de los procedimientos a seguir para cumplir con la IPPC, ni el retraso en la publicación de algunas de las guías editadas para facilitar su implantación, explican la lentitud de respuesta de muchas de las empresas afectadas, a las que parece que les cuesta asumir que las obligaciones medioambientales forman ya una parte inexcusable de la gestión empresarial.

UN ASTILLERO QUE SE REACTIVA

Tres años después de lo que parecía su cierre definitivo, Astilleros Solana, una pequeña empresa de Maliaño, asomada sobre la ría de Boo, se dispone a reiniciar su actividad como constructora de barcos de reducido tonelaje. Los responsables de este astillero están a punto de alcanzar un acuerdo con una empresa nacional, especializada en el alquiler de yates de recreo, para la construcción de un velero de unas 250 toneladas, al que podrían seguir otros encargos similares, ya que el negocio de náutica de recreo está en alza.
Aunque la operación no es muy relevante si se compara con las grandes cifras que se manejan en la construcción naval, significa para la bahía santanderina la recuperación de una actividad que se había perdido al cerrar Solana. Astander sólo está autorizada para la reparación y transformación de buques y Astilleros Solana ostenta la única licencia comunitaria para construcción de barcos que queda en Cantabria, aunque limitada a embarcaciones de menos de 500 toneladas.

BOSCH TRETO, A PUNTO DE ASEGURAR SU FUTURO

Si el pacto social a largo plazo que está negociando se sustancia, la fábrica de Treto puede conseguir de su matriz la asignación de un nuevo alternador tecnológicamente avanzado y la consideración de centro de I+D para estos productos. Con ello, no sólo se pondría a la cabeza del grupo de factorías de la multinacional alemana que hacen esta gama de productos, sino que garantizaría la actividad propia y la de muchas empresas de la zona para varios años. Una noticia histórica.