Autonomía mal entendida
La Universidad de Cantabria debe elegir rector en los próximos días. Un buen momento para hacer repaso de una institución que, con la trasferencia a la autonomía, debiera haberse imbricado más en la sociedad cántabra.
Cuando el Gobierno regional se hizo cargo de la Universidad, lo asumió con un cierto complejo de inferioridad, lo que enseguida condujo a tratar de satisfacer sus más mínimos deseos a través de convenios para decenas de estudios, de aumentar la financiación con recursos procedentes de otras competencias, o admitir que bajo la capa de la autonomía universitaria cabe todo, incluido el no dar cuentas a nadie de cómo se gasta el dinero. Algo parecido ocurrió con el Consejo Social, un organismo cuya labor de tutela y de intermediación con la sociedad se ha quedado en agua de borrajas al no ser informado de nada que no haya aparecido antes en la prensa.
La teoría del acercamiento de la Universidad a la sociedad era buena, pero en la práctica, el equipo del rector Vinuesa ha seguido la dirección exactamente contraria. A fuerza de concentrar las decisiones y de impedir el debate, la autonomía de la Universidad se ha convertido en la de sólo cuatro personas. El Claustro apenas es convocado y cuando se reúne, los asuntos que trata son tan banales que apenas acuden 30 de los 300 miembros, y todo lo que se lleva a las juntas de gobierno está previamente decidido.
Estas prácticas han aislado la Universidad incluso del Gobierno regional, con el que ya no tiene ninguna interlocución desde que el actual consejero de Economía, en un rasgo de sentido común, exigió las cuentas de gasto detalladas antes de entregar cualquier nueva financiación añadida. Esa falta de diálogo ha dado lugar a situaciones tan insólitas como el que la Universidad haya matriculado a más de 200 alumnos en el curso de acceso a una nueva carrera (Psicopedagogía) que no existe, porque el Gobierno regional ni la ha financiado ni tiene previsto financiarla por el momento.
Pero el Ejecutivo no está libre de culpas. Desde el primer día resultó evidente que no tenía una política clara sobre esta nueva competencia que, a pesar de su importancia, recibió sin un mínimo acto protocolario donde la consejera del ramo hubiese podido anunciar cuál era su objetivo para la Universidad. Es obvio que si alguien reclama la cesión de cualquier materia de competencia ajena es porque cree que lo hará mejor o que tiene mejores propuestas y, por lo tanto, está obligado a darlas a conocer. Para su fortuna, en esta materia, la oposición está tan huérfana de ideas como el propio Gobierno.
Estos antecedentes desencadenaron un proceso conflictivo, confuso y personalista. El equipo de Vinuesa empezó a entender como ingerencia el que a la Consejería se le ocurriese meter la nariz en la Universidad. Y una Consejería débil aceptó el papel de mera firmante de transferencias bancarias. Si a esto se añade la habilidad de la Universidad para hacerse con los fondos regionales del Objetivo 1, se entiende la política desenfrenada de nuevas construcciones, que luego tenía que ser justificada por más titulaciones. Lo que nadie parecía tener en cuenta es que se duplicaban los espacios, pero empezaban a reducirse de forma alarmante los alumnos por la caída de natalidad y eso comienza a vaciar muchas facultades y a disparar los costes. Bien es verdad que desde la Diputación no se le pusieron muchos peros a esta política, porque siempre es rentable electoralmente anunciar más carreras. Así no es extraño que se llegase, incluso, a aprobar la construcción de un campus en Torrelavega para unas titulaciones que, cuando estén construidos los edificios, no tendrán ya más alumnos de los que caben en un aula.
Se acaba ahora un mandato y ojalá se acabe una época de oscurantismo, de falta de vivacidad en el colectivo universitario y de relaciones basadas en el favor. La Universidad consume muchos miles de millones del presupuesto regional y hay que pedirle la misma transparencia y sentido común en el gasto que a cualquier otra institución, lo cual no significa que pierda autonomía. Y tiene que estar planificada en función de la demanda actual y futura, que es muy fácilmente calculable. Aprobar una decena y media de nuevas carreras sin haber hecho un estudio previo de las titulaciones a las que se dirigen los cántabros que salen a estudiar fuera de la región es un ejemplo suficientemente demostrativo de hasta qué punto se han perdido los papeles.
