Montes certificados
De las dos iniciativas certificadoras, la primera está liderada por la Dirección de Montes, que después de haber mantenido durante mucho tiempo una postura reticente a la participación directa (la Administración se mostraba partidaria de meras fórmulas de apoyo y colaboración), ha elaborado un primer borrador de los estatutos de lo que será la futura Asociación Regional para la promoción de la Certificación Forestal en Cantabria.
La otra iniciativa está coordinada por la Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble, ACEMM y se decantan por una certificación de grupo. Una docena de propietarios forestales, que en su mayor parte son también industriales de la madera, esperan poder certificar antes de que termine el año tres mil hectáreas de monte en Cantabria. Entre ellos se encuentran los principales propietarios y gestores de terrenos forestales de la región: Bosques de Cantabria, empresa filial de Sniace, y Álvarez Forestal.
Pero lo que ha pasado desapercibido es que Cantabria cuenta ya con 160 hectáreas de eucaliptales certificados desde junio del 2002. Son monte situados en la zona occidental de Cantabria, en los municipios de San Vicente de la Barquera y Valdáliga, propiedad de la empresa Norte Forestal, que forma parte del poderoso grupo ENCE. Esta empresa, junto con otra del mismo grupo, Ibersilva, la Diputación Provincial de Alicante y la Junta de Castilla y León, son los únicos que, de momento, han obtenido la certificación forestal con el sistema PEFC en España.
Una certificación medioambiental
La certificación de la gestión forestal es un proceso voluntario. El propietario de un arbolado acude a un organismo certificador que acredite que su madera procede de unos terrenos gestionados según unas pautas y principios respetuosos con el medio ambiente y el desarrollo sostenible de los bosques. Es la Certificación de la Gestión Forestal Sostenible (GFS).
Aunque la madera es una materia prima renovable, y por tanto teóricamente inagotable, la gran importancia que tienen los bosques en el ecosistema mundial y los desastrosos efectos que produce la tala indiscriminada, han llevado a los países avanzados a demandar exclusivamente la madera procedente de bosques correctamente gestionados, donde se garantiza la repoblación de la superficie forestal, y esta garantía sólo la ofrecen los sellos de certificación.
Las certificaciones forestales están inspiradas en las normas UNE e ISO y tienen su origen en el espíritu de la Cumbre de Río del año 92: Un bosque bien gestionado debe, asegurar a largo plazo la producción de madera, el hábitat de la vida salvaje y la calidad de las aguas, entre otros beneficios medioambientales, sociales y económicos.
Dos modelos de certificación
La certificación forestal nació como una herramienta para que el propio mercado se curase en salud ante la deforestación masiva de los bosques tropicales. Era necesario garantizar al consumidor que la madera, corcho, resinas y cualquier otro producto forestal que llegaba al mercado procedía de un bosque gestionado de manera responsable y sostenible.
La preocupación de los países avanzados se decantó en 1993 en la iniciativa FSC (Forest Stewarship Council o Consejo de Administración Forestal), para la gestión responsable en los bosques del planeta. Se trata de un sistema de certificación coordinado por una ONG sin ánimo de lucro que tiene su oficina principal en la ciudad mejicana de Oaxaca, y está controlada por un directorio electo, del que forman parte industriales, conservacionistas y representantes de pueblos indígenas, entre otros.
El éxito de la iniciativa ha sido indudable. No sólo creó un clima de concienciación entre los consumidores de madera, sino que hoy, en Europa hay más de 26 millones de hectáreas de bosque certificadas con este sistema (el 60% de la superficie mundial certificada con el sistema FSC) aunque de ellas España aporta sólo 1.135 hectáreas.
El avance de esta iniciativa llevó a propietarios forestales de varios países a tomar posiciones y a finales de los años 90 aparecieron las certificación de carácter regional, en Canadá, Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, con las que se trataba de adaptar la normativa al entorno propio.
En concreto, el sector privado europeo se organizó en 1998 para promocionar una certificación continental, entendiendo que el sistema FSC no servía para las extensiones arboladas de las zonas templadas del mundo donde la superficie forestal no disminuye, sino que aumenta. Surgió entonces el sistema PEFC que ofrece un marco para establecer sistemas de certificación nacionales que se reconocen mutuamente. Los criterios que lo inspiran son el mantenimiento y desarrollo de los recursos forestales europeos, la conservación de la diversidad biológica y el descubrimiento de otras funciones socioeconómicas que el bosque brinda a la sociedad, entre otros.
Desde su creación, el nuevo sistema europeo PEFC ha certificado más de 51 millones de hectáreas en los bosques europeos, de las que unas 250.000 corresponden a España. El éxito ha sido tan indiscutible que, en pocos años quien quiera vender madera, necesariamente deberá tener sus bosques certificados. La certificación forestal se ha convertido en un elemento indispensable para participar en el mercado europeo de la madera, tanto la destinada a los aserraderos, como la que se dirige hacia la producción de papel y fabricación de tableros.
Aunque en España las iniciativas son recientes, quienes han participado en ellas es una buena opción para la empresa. Miguel Ángel Cogollado, responsable de gestión sostenible de Norte Forestal afirma que los resultados, dos años después de implantar la certificación, son muy satisfactorios desde el punto de vista económico, medioambiental y social: «Nos ha servido para regular y sistematizar las actividades de la empresa. Hemos mejorado los métodos de trabajo y la gestión de los montes y todo ello redunda en una mejor conservación y, en el caso de los terrenos en los que somos únicamente gestores, en una mejor relación con los propietarios. El proceso es costoso, sobre todo desde el punto de vista de los recursos humanos; hay mucho papeleo y regularmente tenemos que dar cursos para informar sobre nuevas normas, seguridad o corresponsabilidad, pero resulta rentable».
Aunque el objetivo económico de la empresa –la producción de eucalipto para pasta de papel– no ha cambiado, y tampoco el tipo de silvicultura que se venía aplicando, la forma de trabajo sí ha cambiado: «Hemos tenido que adaptar la metodología de registros y los sistemas de comunicación tanto interna como externa”, explica Miguel Ángel Cogolludo. «La certificación nos obliga a llevar un inventario forestal continuo tanto de los eucaliptos como de aquellas otras especies que crecen en los terrenos forestales. Mantenemos también un seguimiento del estado biosanitario de las masas forestales y un sistema para caracterizar y conservar lo que nosotros llamamos singularidades». En este apartado se incluyen elementos tan variados como la delimitación de yacimientos arqueológicos, conservación de tradiciones etnográficas, etc.
Pasos y tipos de certificación PEFC
Como cualquier otro tipo de certificado de calidad, el proceso sigue unos pasos muy precisos. El propietario o gestor del bosque debe preparar la superficie forestal para que pueda ser certificada y elaborar la documentación que le exige la norma. A partir de ese momento puede solicitar la certificación a la entidad acreditada, que analizará primero la documentación y, después, enviará a un auditor para que compruebe sobre el terreno si efectivamente el propietario o el gestor de ese arbolado está cumpliendo la norma.
Si la auditoría es favorable, se emite un certificado de gestión forestal sostenible para ese terreno y para la madera que de él se obtenga.
En función del tipo de propietario, el PEFC puede proporcionar tres tipos de certificación: individual, de grupo y regional.
La individual (un propietario que solicita la certificación para su explotación) es la que resulta más cara para el solicitante, aunque también la más rápida y la prueba está en que es el que han obtenido todas las hectáreas certificadas hasta ahora en España, propiedad de las dos empresas del grupo ENCE, la Diputación Provincial de Alicante y la Junta de Castilla y León.
En la certificación de grupo, como la que promueve en Cantabria la Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera, propietarios y gestores forestales certifican sus propiedades como si fueran una sola. El grupo se encarga de la tramitación y establece el procedimiento de control, responsabilizándose de que propietarios y gestores cumplan la norma. La certificadora no se dirige a los propietarios individualmente, sino al colectivo, que mantiene un registro de todas las superficies forestales adscritas. Ésta es una solución interesante para los pequeños propietarios de terrenos forestales que, de esta forma, comparten los gastos.
Otra opción es crear un Marco Regional previo al que tengan que ajustarse todos aquellos propietarios que deseen certificarse en una zona concreta. Una entidad representativa elabora un referente técnico regional, con las directrices de gestión sostenible que tiene que cumplir cualquier propietario que quiera certificar.
A través de este sistema, el País Vasco acaba de conseguir la certificación de las primeras 28.000 hectáreas; mientras que Cataluña y Galicia ya tienen constituidas sus respectivas entidades regionales, en la que están representados desde propietarios regionales, a los ecologistas o la propia Administración. Cantabria por el momento cuenta con un borrador de estatutos.
Independientemente de que cada región tenga sus peculiaridades, la normativa fija unos criterios de obligado cumplimiento, que deben estar perfectamente recogidos y explicados en el documento referente técnico regional: el mantenimiento y mejora de los recursos forestales, la vitalidad del ecosistema, la conservación de la diversidad biológica, el apoyo socioeconómico del entorno forestal o el aprovechamiento de sus valores recreativos, paisajísticos y culturales.
El propietario que quiera certificar dentro del marco de la certificación regional, cuando se consiga, tendrá la ventaja de contar con una entidad que ya ha elaborado gran parte de la documentación que debe cumplimentar, y que le puede asesorar sobre sus obligaciones en materia de certificación.
Como ocurre en Cantabria, estas entidades regionales suelen estar promovidas por las administraciones autonómicas que, en aras del interés general, colaboran económicamente y con asesoramiento técnico en su creación y sostenimiento.
Un buen ejemplo es el del País Vasco, que constituyó a finales del 2002 su Asociación Regional, responsable ahora de la concesión de la licencia para usar la marca PEFC en esa región. Posteriormente, se constituyó la entidad solicitante regional, denominada Basalde, donde 118 propietarios han certificado 28.000 hectáreas. Basalde se encarga de controlar la base de datos de propietarios y terrenos, tramita la documentación, presta asistencia técnica, realiza su plan de gestión y vigila su cumplimiento.
Certificación en Cantabria
Aunque hace años que se viene hablando de la Certificación Regional en Cantabria, de momento las hectáreas certificadas en la región lo han sido gracias a la iniciativa de una empresa gallega.
La Asociación de Propietarios Forestales de Cantabria en colaboración con la Unión de Silvicultores del Sur de Europa (una entidad con sede en el País Vasco, creada en el año 89 y que agrupa a organizaciones de propietarios forestales privados), ha puesto en marcha varias iniciativas en Cantabria, dentro del programa europeo Recite II, dirigidas a agrupar a los propietarios forestales y elaborar información fiable sobre la economía forestal.
Del año 2001 al 2003 la Dirección de Montes ha invertido en este programa 126.000 euros, pero los resultados visibles de este esfuerzo económico han sido escasos. Además de las charlas organizadas en estos años, el único documento elaborado ha sido el titulado La Situación de los bosques de Cantabria según los criterios e indicadores paneuropeos de gestión forestal sostenible, que data del año 2001.
Es ahora cuando la certificación regional está dando sus primeros pasos con el borrador de estatutos de la futura Asociación Regional y, por primera vez en la historia, con una partida finalista en los presupuestos regionales de 30.000 euros para la entidad gestora. Lo que aún no se sabe con certeza es si ese dinero se destinará a la futura Asociación Regional para la promoción de la Certificación Forestal en Cantabria, que aún no se ha creado, o si puede apoyar la iniciativa de certificación grupal promovida por empresarios y propietarios agrupados en ACEMM.
Por lo que respecta a esta iniciativa privada, sus promotores confían en tener todo el proceso terminado antes de que finalice este año. Para ello cuentan con una ayuda económica de la Cámara de Comercio y el apoyo de una consultora externa especializada en la implantación de sistemas de calidad en las empresas.
La Asociación tiene elaborados los tres documentos básicos para que un propietario pueda certificar. Cuando los doce promotores del grupo liderado por ACEMM (aún pueden adherirse más empresas o propietarios) tengan todos los documentos individuales preparados, se realizará la auditoría por una empresa acreditada.
En una región donde muchos montes crecen con descuido, por absentismo de los propietarios, parece difícil imaginar que resulten necesarias todas estas gestiones, pero quien crea que eso tardará en llegar a la madera probablemente no sea consciente de hasta qué punto se han reducido ya en los mercados europeos las posibilidades de vender la madera sin certificar.
