La gestión del Besaya cambia de manos

La vicepresidenta regional y el consejero de Medio Ambiente anunciaron en la Expo de Zaragoza que todas las cuencas de los ríos cuyo curso discurre exclusivamente por la comunidad dejarán de depender de la Confederación Hidrográfica del Norte para pasar al Gobierno de Cantabria. Eso excluye al Deva y el Nansa por el oriente, ya que en algún momento desbordan la frontera con Asturias o la comparten, y, por el oriente, al Agüera, que tiene un pequeño tramo vizcaíno.
Con esas exclusiones, Cantabria sólo podrá pasar a gobernar los destinos del Saja, el Besaya, el Pas, el Miera y el Campiazo y de sus cuencas, todas ellas interiores. No obstante, se trata de los ríos más industriales de la región y los más utilizados para el suministro de agua a la población y, por tanto, los que plantean circunstancias más conflictivas.
Hace años que instituciones como la Cámara de Comercio habían pedido que los ríos interiores pasasen a manos de las autoridades autonómicas, obviamente con el fin de que las industrias asentadas en las orillas encuentren más comprensión. No obstante, el Gobierno cántabro no podrá dejar de aplicar la ley general, que se rige por el principio de que “el que contamina paga”, pero sí pueden cambiar algunas interpretaciones.

Salvar la EDAR

Sniace ya ha visto sensiblemente reducido el canon que paga por los vertidos, al impulsarlos hasta la desembocadura del Besaya pero, no obstante, tiene una larga ristra de cánones recurridos en los tribunales.
La nueva conducción de esta fábrica y la utilización de la EDAR de la Vuelta Ostrera han mejorado sensiblemente la situación del último tramo del río Besaya, el más contaminado del país hasta ahora pero, cuando las autoridades regionales se felicitaban por esta mejoría, un vertido de amoniaco a la altura de Cartes producía la muerte de miles de peces, lo que indica la inestable situación de un cauce acosado por todo tipo de actividades fabriles en ambas orillas.
Antes de que se produzca el cesión a la autonomía deberá quedar resuelto el problema jurídico que ha planteado la sentencia de derribo de la depuradora de la Vuelta Ostrera, que el ex consejero de Medio Ambiente José Luis Gil se empeñó en construir en una marisma protegida. La sentencia del Tribunal Supremo es de obligado cumplimiento y la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya la había aceptado con todas las consecuencias, después de negociar con Arca, la organización ecologista denunciante, un aplazamiento hasta que se pudiese construir y poner en marcha otra EDAR sustitutiva. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria parece convencido de que con la nueva ministra y la comprensión del Tribunal Supremo, que ha dado un plazo para presentar alternativas, se va a salvar la enorme depuradora del Besaya, que le costó al Estado 25 millones de euros.
Aunque Arca mantiene formalmente su posición, todo indica que, con la aceptación de todas las partes implicadas en el conflicto, el Tribunal Supremo dará por cumplida la sentencia con un derribo casi simbólico y un gesto conservacionista en favor de las marismas: la utilización en la misma cuenca del dinero que el Ministerio de Medio Ambiente se va a ahorrar al evitar tener que derruir la estación depuradora, retirar los rellenos y construirla por segunda vez. La solución no solo parece la más racional, con la EDAR ya en funcionamiento y comprobada su eficacia, sino que, paradójicamente, acabaría convirtiendo la sentencia en un regalo caído del cielo para el Gobierno de Cantabria, ya que conservaría la depuradora y, además, conseguiría una nueva inversión en la cuenca del Besaya.

Los ayuntamientos rebeldes tendrán que pagar

A la Consejería de Medio Ambiente aún le resta por cerrar otro problema histórico en materia de aguas, conseguir que paguen el suministro los ayuntamientos hasta ahora indomables en su negativa a abonar el agua que reciben y cree que esta vez puede conseguir lo que no ha logrado ningún gobierno anterior: que acepten poner contadores de agua.
El procedimiento va a ser coactivo. A partir de 2009 quien no facture el agua a sus vecinos quedará excluido del Plan de Obras y Servicios, una amenaza que ya se formuló en alguna ocasión anterior pero que nunca se puso en práctica, en parte para evitar problemas políticos –a veces con ayuntamientos del mismo color que el Ejecutivo– y por el hecho incuestionable de que las redes de distribución tienen pérdidas muy altas, en ocasiones superiores al 50%, que los pequeños municipios no quieren asumir ni tienen medios para resolver. Lo que sí ha quedado en evidencia es que, al margen de la obvia justificación de que todo el mundo debe pagar el agua que consume, es una forma de racionalizar su uso. En el municipio de Ribamontán al Monte, donde el suministro no se cobraba, el consumo de agua se ha reducido a la mitad desde que el Ayuntamiento ha aceptado facturarlo.

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