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Hacienda utiliza el pago a cuenta de Sociedades para maquillar el déficit
Fecha: 08/04/2017

Buena parte de lo cobrado tendrá ser devuelto cuando se liquide el Impuesto

Las empresas comenzaron 2016 con un Impuesto de Sociedades y terminaron el año con una normativa que alteraba sustancialmente las reglas fiscales a las que están sujetas. Entre modificar el IRPF o subir el IVA para ajustar el déficit, Hacienda optó por incrementar el pago a cuenta de las empresas y restringir una serie de beneficios fiscales, como la compensación por pérdidas de las sociedades o la devolución en los próximos cinco años de las deducciones por el deterioro de sus participaciones en otras empresas. Un nuevo régimen fiscal en el que los expertos ven indicios de inconstitucionalidad.
La necesidad de lograr la reducción del déficit urgida por la Unión Europea, ha sido resuelta por el Gobierno español con cambios en las reglas tributarias que han hecho recaer sobre las grandes empresas el peso de ese ajuste, evitando la carga política que supondría modificar el IRPF o aumentar el IVA.
Así, el impuesto que más se ha modificado para el ejercicio 2017 ha sido el de Sociedades, una alteración que se ha producido por la vía de eliminar importantes deducciones y modificar el pago a cuenta a través de un real decreto aprobado en diciembre pero con efectos para el segundo pago del año 2016.
La consecuencia es que el Impuesto de Sociedades será el que más aporte al aumento de recaudación, 4.650 millones de euros de los 4.800 previstos para ajustar el déficit. Pero este ajuste no pasará de ser puramente contable, porque buena parte del dinero ingresado tendrá que ser devuelto a las empresas cuando hagan su declaración.


Un préstamo sin intereses

Con los cambios introducidos en el Impuesto de Sociedades, los pagos a cuenta de las empresas que facturan más de 20 millones de euros se incrementaron un 23% (un 25% para bancos y petroleras). Tal y como denunció la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con esta medida se doblaba el tipo de los pagos a cuenta y se reducía a la mitad el umbral a partir del cual se venía aplicando. Pero ese aumento se calculaba, además, sobre el resultado contable de las empresas, lo que para expertos fiscales como Manuel Fernández, responsable del área fiscal de Tecnisa “no es correcto, porque el resultado contable no es la magnitud sobre la que se calcula el impuesto; el impuesto se calcula sobre la base imponible y ambas difieren sustancialmente”. La consecuencia es que “ese pago a cuenta lo van a tener que devolver, si no en su totalidad sí en gran parte, cuando las empresas presenten su declaración, sobre todo las empresas grandes que es donde se genera la recaudación”, advierte Manuel Fernández.
Los grandes ingresos del Impuesto sobre Sociedades provienen del 5% de las empresas de este país, que aportan más del 90% de la recaudación. Muchas de ellas están internacionalizadas y buena parte de su cuenta de resultados son dividendos de sus filiales en otros países que están exentos de imposición, porque ya han pagado el impuesto allí donde operan. Sin embargo, a efectos del pago a cuenta, esos dividendos sí se computan, porque forman parte del resultado contable de la empresa matriz.
Cuando estas empresas presenten la declaración, y para evitar la doble imposición, esos ingresos que ya han tributado en otros países habrá que restarlos, con lo que la cantidad debida será mucho menor y Hacienda tendrá que devolver buena parte de lo pagado a cuenta.
“Realmente, estamos ante un préstamo sin intereses –señala el experto fiscal de Tecnisa–, porque le están anticipando al Estado un dinero que tendrá que devolver”. Como la declaración del pasado año se presentará en julio, y la Agencia Tributaria dispone de seis meses para hacer la devolución sin intereses, podrá esperar a enero de 2018 para empezar a devolver a las empresas lo recaudado de más; lo mismo que sucederá con el pago a cuenta de 2017.
Estaríamos, pues, ante una medida extraordinaria, que ha servido al Gobierno para maquillar el déficit más que para reducirlo. Además, los expertos fiscales advierten de que si esta modificación del pago a cuenta se mantuviera para ejercicios sucesivos, podría acabar siendo declarada inconstitucional, porque establecer una obligación fiscal ignorando la base imponible sobre la que se calcula este tributo supone vulnerar el principio de capacidad económica en que se basa la aplicación de los impuestos, tal y como se recoge en la Constitución.


Compensaciones por pérdidas

Otra de las reformas introducidas por las que el Gobierno espera recaudar más es la limitación de las compensaciones por pérdidas de las sociedades. Hasta ahora, las sociedades que tenían pérdidas en un ejercicio generaban un crédito fiscal a su favor que podían compensar durante los ejercicios posteriores si tenían beneficios.
Tras la reforma lo pueden seguir haciendo pero con límites, según la facturación. Así, las empresas solo se podrán deducir los créditos fiscales hasta el 50% de la base imponible si la cifra neta de su negocio está entre 20 y 60 millones de euros. En el caso de que supere los 60 millones, la compensación solo podrá alcanzar hasta el 25% de la base imponible.
Esta medida también ha generado polémica por su efecto sobre los estados financieros de las sociedades y su valor patrimonial. Tal y como explica Manuel Fernández “muchas de esas empresas grandes que facturan por encima de 60 millones, han reconocido que tenían la expectativa de aplicar ese derecho de compensación, y una base negativa tiene su valor porque como te va a ahorrar impuestos se reconoce en contabilidad como un activo, lo que implica un mayor valor patrimonial de la empresa”. Al limitar la compensación hasta un 25% de la base imponible, estas grandes sociedades se verán obligadas a reflejarlo como una pérdida patrimonial y eso repercutirá negativamente en la valoración de la empresa.


Reversión del deterioro

Pero la medida que más polémica ha provocado es la que obliga a las empresas que en años anteriores a 2013 se hayan aplicado deducciones por el deterioro de sus participaciones en otras compañías a devolverlas en los próximos cinco años. Esta medida ha sido criticada por su carácter retroactivo, ya que toda medida tributaria debe anunciarse con antelación. Se estima que por este concepto Hacienda recaudará en los próximos cinco años entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
“Antes –explica Fernández– si una filial iba mal, las sociedades podían reconocer como gasto deducible la pérdida por la minoración del valor de su inversión. Cuando la empresa participada empezaba a tener beneficios, se devolvía lo deducido. Ahora han establecido una reversión automática en cinco años, lo que supone que aunque la filial no haya recuperado su valor, por no haber obtenido beneficios, la matriz tendrá que reconocer un ingreso anual de la quinta parte de las pérdidas por deterioro computadas previamente”. “Hay empresas que van a tener que tributar por un ingreso inexistente”, concluye. Una situación que podría acabar también en el Tribunal Constitucional por vulnerar principios de tributación elementales, como el de capacidad económica.
De momento, esta devolución de las deducciones por el deterioro de las participaciones en otras empresas está dando bastante trabajo a las consultoras de todo el país.
Otra de las reformas contenidas en ese Real Decreto, y con las que Hacienda ha dado una vuelta de tuerca a la fiscalidad de las empresas, es la prohibición de que las sociedades se deduzcan las pérdidas que hayan podido sufrir por la transmisión de sus participaciones en otras empresas cuando no tributaban por los beneficios que éstas obtenían. Una medida especialmente relevante cuando las empresas participadas estaban radicadas en paraísos fiscales o en territorios de baja tributación.
También se establece que las empresas multinacionales españolas solo se podrán deducir hasta el 50% de la cuota íntegra por las deducciones por doble imposición internacional. Una medida que puede ser contraria a la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.


No al aplazamiento del ingreso del IVA

La reforma también alcanza al IVA cobrado por las empresas, que ya no podrán pedir el aplazamiento del ingreso. Es decir, no podrán seguir utilizado esta forma de "financiación". Sin embargo, Hacienda ha suavizado mediante instrucciones internas esa norma, y cuando se acredite en determinados supuestos que el sujeto que pide el aplazamiento no ha cobrado todavía ese IVA podría, excepcionalmente, proceder al aplazamiento.
Aunque los cambios introducido sobre la marcha hayan contribuido a paliar momentáneamente el problema del déficit, lo cierto es que ha generado una gran inseguridad jurídica en las empresas afectadas, porque “no se pueden cambiar las reglas de juego cuando el partido está muy avanzado”, y 2016 comenzó con unas normas fiscales para las sociedades y terminó con otras, mucho más exigentes.

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