Cantabria Sostenible alerta de que la Ley del Suelo «arruinará» el potencial económico de la región

Dice que apuesta por agotar el suelo llenándolo de edificaciones dispersas

La plataforma Cantabria Sostenible ha alertado de que la nueva Ley del Suelo «arruinará el potencial económico de Cantabria» y supondrá «la consolidación de un modelo dependiente y precario, basado en la construcción de viviendas y la promoción del turismo masivo como actividad principal», por lo que ha pedido su retirada y el restablecimiento de la normativa de 2001.

Así lo ha señalado en un comunicado esta plataforma, de la que forman parte organizaciones como Arca, Cantabristas, Cantabria No Se Vende, Madres por el Clima, Red Cambera, Equo, Asamblea en Defensa de las Excavadas, ACPT y Ecologistas en Acción, que considera que considera que el anteproyecto de la ley «evidencia la ausencia de un modelo económico para Cantabria y es contrario al interés general».

Para Cantabria Sostenible, el proyecto supone «destrozar el territorio y depauperar la economía, lo que producirá degradación ambiental, precariedad laboral, y fomento de la emigración de los jóvenes y la población que busca nuevas oportunidades».

«La normativa europea y la política territorial de las Comunidades vecinas, garantizan la conservación del suelo rural evitando su transformación en urbano», mientras en Cantabria, según el colectivo, «se está apostando por una Ley que conduce a agotar el suelo llenándolo de construcciones dispersas y de PSIRes para hacer norma lo que debería ser excepcional», algo que a su juicio «no es una opción lógica».

Además, Cantabria Sostenible sostiene que esta ley «abandona totalmente el sector primario de Cantabria y apuesta por dedicar sus espacios de actividad a la construcción» y, por ese motivo, «no se adapta a las necesidades de Cantabria, ni se supedita a la normativa actual, ni busca el interés general de la población».

El colectivo concluye que los representantes públicos «tienen el deber de actualizar su mentalidad y reorientar su gestión política al servicio del interés general de Cantabria» y, por ello, exige la retirada del actual proyecto de ley, la derogación de la ley de 2012 y el restablecimiento de la normativa de 2001, que permitiría, junto a otras medidas, como la aprobación del PROT, «potenciar el uso del suelo rural hacia las nuevas posibilidades agroalimentarias, forestales y otras similares».

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