Renuncia a la autonomía
La presidenta cántabra ha decidido que no se acogerá a la quita de la deuda autonómica. En realidad, todos sabemos que quien lo ha decidido es Feijóo, y que no tiene nada que ver con el interés de la región, porque aquí estamos hablando de otra cosa, de una batalla entre partidos. Se trata de una circunstancia nueva y peligrosa. En casi 50 años de democracia hemos visto muchos conflictos entre las comunidades y el Estado, pero nunca habíamos asistido a guerras de bloques ideológicos, ni siquiera en las negociaciones de la financiación autonómica. Cada región defendía sus intereses, aunque procurara no agraviar demasiado a otra del mismo signo político. Ahora da igual cuales sean los intereses de la comunidad, propia o ajena, porque solo existen los de partido.
Cuando Sánchez se compromete con ERC a mejorar la financiación de Cataluña, el único objetivo son los votos que van a permitirle su continuidad. Es obvio que el PP estaba obligado a reaccionar, para defender al resto de la ciudadanía y porque era muy consciente del caudal de votos que podría atraer con ello. Pero el presidente del Gobierno no es fácil de acorralar, ni siquiera cuando está en una situación desesperada, y ofreció la misma fórmula a las demás autonomías de régimen común: quitarles el 15% de su deuda, asumiéndola el propio Estado. Todos sabemos que cambiar la deuda de bolsillo no hace que desaparezca, pero la quita sí resulta muy importante para la comunidad autónoma, que se ahorraría millones de euros de intereses cada año y tendría mayor margen de maniobra.
Tampoco para los ciudadanos es neutro, a pesar de lo que argumentan los gobiernos del PP para desembarazarse de la carga moral que tiene rechazar el dinero. Es cierto que a los contribuyentes nos da prácticamente igual deber como parte de una autonomía o como miembros de un estado, pero si unos renunciamos a la quita autonómica y otros no lo hacen (Asturias, Castilla-La Mancha…) acabamos asumiendo también su parte, que se mutualiza entre el resto de los habitantes del país. Eso hace que rechazar la quita resulte tan estúpido como la actitud del recluta que ha decidido no cenar para que se fastidie el sargento. Como cántabros, llevamos la mochila de la deuda regional y nacional, pero no llevamos de la de Cataluña o Castilla La Mancha, por ejemplo, y ahora resultará que lo que a ellos les condonen va a recaer también sobre nuestras espaldas, algo que no ocurriría (o se produciría en mucha menor medida) si la quita es universal y el efecto es recíproco. Podemos retraernos a un ejemplo sangrante: Cuando Caja Madrid, CAM y Bancaja tuvieron que ser rescatadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y Caja Cantabria no, les transferimos a madrileños y valencianos una parte alícuota de los 21.000 millones de euros que puso el Estado sin nada a cambio. Un regalo que nadie nos ha agradecido.
El Gobierno cántabro puede defender que la quita por habitante ofrecida a Cantabria es proporcionalmente menor, por el mero hecho de que nuestro endeudamiento es inferior a la media, y podía haber forzado una negociación, pero ni siquiera lo ha intentado, para no arruinar la estrategia de Feijóo, que se vendría abajo si las autonomías hacen lo que se espera de ellas, decidir por sí mismas.
El seguidismo de lo que diga un líder político nacional, sea Feijóo o Pedro Sánchez, acaba con los principios en los que se basa el sistema autonómico, y nos vuelve al café para todos, que decida para nosotros desde Madrid cada jefe de filas.
El problema será mucho más grave cuando se negocie la financiación autonómica, porque este precedente deja claro que las regiones, al menos las gobernadas por el PP, van a optar por lo que determine Génova, que no querrá contrariar los intereses de la presidenta madrileña, o que impedirá que las comunidades de su partido se enfrenten por tener intereses contrapuestos. Por tanto, pongámonos en lo peor, y ese peor permite dudar, incluso, del futuro de nuestra autonomía. Basta ver el reciente informe de BBVA Research donde se demuestra la enorme dependencia que tiene Cantabria del gasto público regional. Mientras que en el conjunto de las autonomías supone algo más de un 10% del PIB, en Cantabria aporta el 13,8%, lo que indica que cualquier acuerdo que reduzca la financiación de la nuestra no solo hundiría su capacidad política sino que resultaría un rejonazo inasumible para la economía cántabra.
Alberto Ibáñez
