Encintados, pero no seguros
La producción de normas es tan prolífica en España que cada año los boletines oficiales del Estado y las comunidades autónomas añaden al acervo casi un millón y medio de páginas. Aunque parte de ellas sean consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, tamaña diarrea legislativa solo permite pensar que estábamos en pañales normativos (lo que no es cierto, ni mucho menos) o que somos demasiado dados a suponer que podemos arreglar todos los males del país a golpe de regulaciones.
Semejante producción crea muchos problemas, porque hace casi imposible estar al día y por las altísimas probabilidades de incumplimiento que genera, por parte incluso de quien pretenda llevar una vida lo más honesta y responsable posible.
Y la realidad es que, ni siquiera nos protege como pensamos. La caída de la pasarela de El Bocal ha sido una enorme desgracia y, al tiempo, un aldabonazo sobre todos nosotros. Ningún político puede estar revisando cada día lo que se construye o se mantiene ni los técnicos pueden tener toda la responsabilidad, pero lo que ahora se está sustanciando en los juzgados ha puesto nerviosos a muchos profesionales. Todos somos conscientes de que, en un caso tan grave y con la opinión pública pendiente, el caso no podrá marearse durante años hasta acabar en una nube inextricable de responsabilidades difusas, como ocurre tantas veces.
Ese convencimiento ha provocado que, de repente, los ayuntamientos encinten cualquier tipo de instalación con un mínimo deterioro, para impedir que siga siendo utilizada mientras se repara (que ahora sí se reparará) pero también ha creado un enorme desasosiego en varios colegios profesionales, y provoca que estén siendo más escrupulosos que nunca con las tramitaciones y visados.
El problema es muy grave, porque esa ingente producción legislativa que hemos generado deja fuera de la norma, y por tanto, en la ilegalidad, actuaciones relativamente habituales, o genera muchas más dudas sobre qué proyectos deben ser visados o qué tipo de profesional puede firmarlos. A la vista de las circunstancias, los colegios están corriendo a advertir a sus asociados, como es su obligación, pero ese estado de alarma derivado de lo ocurrido y del desenlace que pueda tener el juicio del Bocal indica que al menos no hemos sido demasiado laxos en el cumplimiento de las leyes, aunque el ciudadano tenga la sensación contraria.
La distancia entre la intención del legislador al aprobar cualquier normativa y su cumplimiento es más amplia cuanto más bajamos de administración, algo que solemos admitir con normalidad ya que, por lo general, las consecuencias no son graves. Eso conduce a una progresiva relajación que ni siquiera se detiene al traspasar la línea del sentido común: quien diseñó la pasarela no solo se desentendió de las prescripciones técnicas obligatorias, es que también despreció la racionalidad, al no apoyar las vigas transversales sobre las principales y fiarlo todo a unos herrajes que, además, eran inadecuados.
También despreció el proyecto, porque la pasarela no se atiene a lo que estipulaba, lo que probablemente tenga que ver con la costumbre de muchos adjudicatarios de derivar los trabajos a terceras o cuartas empresas. Aún resulta temerario hablar en este sentido pero España ha tenido precedentes muy dramáticos de cómo se diluye el cumplimiento de las normas a medida que se alarga la cadena de contratistas. Cuando el Ejército adjudicó por 149.000 euros el transporte para el regreso de 62 soldados españoles desde Afganistán, nadie impidió que el beneficiario actuase como un mero comisionista y se lo encargase a un tercero por mucho menos y que éste, a su vez, lo derivase a una empresa ucraniana que cobró 38.000 euros escasos, con unos pilotos que llevaban 22 horas de vuelo y un avión Yak-42 en estado penoso, todo lo contrario de lo que el ministro Trillo aseguró haber contratado.
Ni podemos tener seguridad alguna con la mera declaración responsable que ahora se acepta para abrir muchos negocios ni, en el otro extremo de la escala, se puede garantizar el 100% de seguridad encintándolo todo o dictando más normas. Basta con tener las imprescindibles y que de verdad se cumplan, pero eso necesita de administraciones más comprometidas, dispuestas a contar con suficientes inspectores y a no dejarse intimidar por lobbies o por la presión de perder unos votos si exigen el cumplimiento de lo que legislan. Es, simplemente, hacer lo que tienen que hacer.
Alberto Ibáñez
