El tren rápido a Bilbao
El tren rápido a Bilbao se ha convertido en la nueva bandera del PP cántabro, que nunca antes le prestó mucha atención y ahora denuncia que el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Transportes, que suscitó muchas críticas de los vecinos afectados, era un truco para crear un estado de opinión negativo hacia la obra y ahorrarse la inversión. En todo caso, para retrasarla, porque el Ministerio ya ha convocado una nueva redacción.
Ese tiempo lo podía haber ganado el propio Gobierno de Cantabria encargando por su cuenta el anteproyecto y regalándoselo al Ministerio. Hacer trazados de ferrocarril no es una competencia autonómica, pero en economía se valora el coste de oportunidad, y nadie discutirá que el retraso de una obra tan relevante, que requerirá miles de millones de euros, supone una pérdida mucho mayor para la región que los cientos de miles que costaría el anteproyecto.
Mientras Jordi Pujol gobernó en Cataluña aplicó algunas estrategias propias de quien lleva muchas batallas libradas. Una de ellas fue encargar anteproyectos de las obras que reclamaba al Estado. Un gasto innecesario que, sin embargo, le salía a cuenta. Con el instinto de supervivencia de quien ha salido indemne de muchos fangos (empezando por el hundimiento de Banca Catalana) hasta agotar siete vidas y verse en los tribunales con su familia, regaba los ministerios con anteproyectos que los titulares agradecían con una sonrisa condescendiente y guardaban en el cajón.
Pujol sabía perfectamente que el señuelo no funcionaría a la primera pero la auténtica razón para elaborarlos era otra, entregarles un comodín. En las administraciones públicas es muy frecuente que los ministros o los consejeros no puedan ejecutar todo lo que pretenden, porque cada proyecto está sometido a incertidumbres técnicas, políticas, dinerarias y administrativas, pero cualquier gestor sabe que dejar presupuesto sin gastar hablará mal de su capacidad y habrá perdido la oportunidad de atender otras demandas.
En esos casos, el ministro siempre podía echar mano del comodín: sacar del cajón uno de esos anteproyectos ya elaborados e incluir la obra en el siguiente ejercicio para ahorrarse un sofoco, igual que el histórico alcalde de Cabezón Ambrosio Calzada tenía un expediente a punto para que en cada consejo del Gobierno cántabro en el que participaba como vicepresidente se aprobase, indefectiblemente, algo para su pueblo.
El coste político del proyecto del tren a Bilbao no será demorar la obra. Cualquier trazado que se establezca –y no solo el desechado– machacará varios pueblos y atravesará las mejores mieses de la costa, dejando separados por un costurón insalvable a quienes hasta ahora eran vecinos. Por muchos túneles y viaductos que se incluyan, habrá una ocupación de suelo dramática y eso va a suscitar muchas protestas.
En Cantabria, donde siempre ha provocado más desgaste hacer que no hacer, se pondrán en pie de guerra muchas localidades, sobre todo las que verán pasar el tren pero no podrán utilizarlo porque nunca tendrán estación, que serán todas menos Castro Urdiales y Laredo, cuyos vecinos también tendrán que desplazarse varios kilómetros para cogerlo. Quizá por eso, el Gobierno de Cantabria evita sugerir por donde deberían discurrir esos nuevos 80 kilómetros de vías, una vez descartado que un tren rápido pueda aprovechar la traza del ferrocarril actual.
Si de verdad quiere impulsar esa obra, la presidenta cántabra debiera haber aprovechado la reciente presencia en Cantabria del lendakari vasco Pradales para reunirse con él y ganarle para la causa, porque el tren unirá dos comunidades y Fomento no pondrá mucho empeño si solo muestra interés una de ellas.
El muy comedido entusiasmo vasco no es el único riesgo cierto para este proyecto. La tramitación y ejecución de una obra como esta es muy larga y, si a partir de 2027 el PP gobierna el país, los populares cántabros deberían asegurarse de tener el compromiso de Feijóo para que el tren rápido con Bilbao no se les convierta en un bumerán. Hay precedentes. En 2011, cuando Ignacio Diego consiguió una inesperada mayoría absoluta, convocó a colegios profesionales y entidades de todo tipo a un acto que acabó en una auténtica encerrona, forzándoles a firmar una petición de 600 millones de euros al Gobierno de Zapatero para “reparar la deuda histórica del Estado con Cantabria” (nadie dijo de dónde salió tal cálculo). A los pocos meses tomó posesión Rajoy, que nunca atendió la reclamación y Diego no se atrevió a planteársela. Tampoco presionó para reanudar las tres obras que Zapatero paralizó cuando el país corría peligro de ser intervenido.
Un tren tan caro y tan polémico de ejecutar tendrá aún menos oportunidades y puede acabar atropellando a todos.
Alberto Ibáñez
