El precio de la impunidad
El Gobierno regional va a hacer un sobreesfuerzo económico para abordar los incendios forestales que el pasado año volvieron a asolar Cantabria: hubo 761, 239 más que el anterior. «Todo es poco cuando se trata de preservar la gran riqueza que aportan nuestros bosques y plantar cara a los incendios», dice Saenz de Buruaga. Así que vamos a apagarlos con dinero: un extra de 26,3 millones de euros para este año.
Tener más bomberos forestales y mejor equipados resultaría encomiable si los incendios fueran fortuitos, pero el propio Gobierno lamenta que el 96% son intencionados, lo que significa que unos pocos delincuentes incendiarios nos obligan a gastar esos 26,3 millones de euros no para detenerlos y juzgarlos por esta estafa colectiva, por el daño que causan al medio ambiente o por exponer a los bomberos y a los vecinos de la zona a riesgos que pueden ser mortales, sino para tratar de tapar los daños. Lo peor es que, con esta política de plantar cara a los incendios en lugar de plantársela a los incendiarios, el año que viene volverá a ocurrir lo mismo y volveremos a poner más dinero. Eso sí que es buenismo.
Si el Gobierno cántabro puede asegurar que el 96% de los incendios son provocados es que tiene información suficiente para llegar a saber cuál es su origen, y en comunidades tan pequeñas como las zonas afectadas, no solo se sabe el punto de partida y el modo en que se prenden. También se sabe –o se sospecha– quien es el autor.
Durante décadas, Cantabria pagó millones de euros cada año por el sacrificio de vacas con enfermedades contagiosas que nunca se lograban erradicar, por mera complacencia de la Consejería del ramo con pseudoganaderos a los que nadie metía mano y que eran el origen de los focos infecciosos, porque sacaban más con las indemnizaciones que con la venta de sus paupérrimas vacas. Un desafío que, además de causar ingentes daños económicos al erario público, provocaba la desolación de otros muchísimos ganaderos muy profesionales obligados a sacrificar todas las vacas de sus establos a la llegada de los contagios que otros provocaban.
Ni entonces ni ahora resulta difícil encontrar a los autores, porque son bien conocidos en los pueblos, como tampoco es imposible erradicar procedimientos de limpieza de los pastos que resultan demasiado peligrosos, por incontrolables.
Los dramáticos daños provocados por el fuego el pasado verano en otras comunidades españolas, con fallecidos y pueblos cercados por las llamas, indican hasta donde pueden llegan llegar los efectos de un incendio que se sabe dónde empieza pero no dónde acabará. En todo el país se estima que los intencionados son alrededor del 55% y otro 23% son causados por negligencias (colillas mal apagadas, barbacoas, accidentes…). En Cantabria, si nos fiamos de los datos de nuestro Gobierno, más de nueve de cada diez son producto de la mala fe (venganzas, vandalismo, conflictos cinegéticos o ganaderos, quemas ilegales, pirómanos…), y no cabe dudarlo, porque el 80% se producen entre enero y marzo, especialmente en febrero, meses en los que los montes no están llenos de excursionistas descuidados.
Cantabria cuenta con más de 400 bomberos forestales, a los que hay que añadir los 150 del Servicio 112, con 10 camiones autobomba y 184 todoterrenos, además de los medios de la Brigada de Incendios Forestales que ofrece el Estado. Un equipamiento que, medido por superficie de monte, pocas comunidades más se pueden permitir, lo que no impidió que el pasado año ardiesen 8.500 hectáreas. Un fracaso colectivo, como dice la presidenta. Pero en vez de lamentarse, como si se tratase de un fenómeno natural inevitable, o de jactarse de dedicar 26,3 millones más a apagar los fuegos, debería poner el énfasis en los esfuerzos que se hacen (si es que se hace alguno) para identificar a los causantes, porque, cuando el número de fuegos es tan alto, siempre habrá alguno que cometa un error que le delate y bastará con encarcelar a unos pocos para que el resto se cuiden muy mucho de hacerlo.
¿Qué razones políticas hay para poner tan poco interés en atrapar a estos delincuentes? ¿Se puede mantener el orden en los bosques cuando se acepta el colegueo de que los agentes forestales participen los fines de semana en las cuadrillas de caza, incluso en los lugares que el resto de la semana tienen que vigilar? A lo que se ve, es más fácil poner dinero público que sentido común y determinación.
Alberto Ibáñez
