El absentismo, ese debate que nadie se atreve a tener

Hay asuntos que en España se han convertido en tabú. No porque no existan, sino porque reconocerlos supone asumir un coste político que ningún partido está dispuesto a pagar. El absentismo laboral es el mejor ejemplo. Todos admiten en privado que constituye un problema creciente para la competitividad de las empresas. Sin embargo, en público casi nadie se atreve a plantear un debate serio. En cuanto alguien lo intenta, la discusión deja de girar en torno al abuso y se traslada inmediatamente a un terreno mucho más cómodo: el supuesto ataque al derecho de los trabajadores a ponerse enfermos. Pero nadie está discutiendo ese derecho.

Resulta evidente que una sociedad avanzada debe proteger al trabajador enfermo y garantizar que pueda recuperarse sin miedo a perder su empleo. Ese principio es irrenunciable. También es evidente que España no puede ni debe aspirar al modelo estadounidense, donde millones de empleados apenas disfrutan de unos pocos días de vacaciones al año y muchos ni siquiera los utilizan por temor a las consecuencias laborales. Ese sistema genera productividad, sí, pero también enormes desigualdades sociales y una evidente precariedad vital.

El problema es que las empresas españolas compiten en mercados internacionales con compañías estadounidenses, asiáticas o europeas cuyos costes laborales son muy diferentes. Y mientras nosotros defendemos, con razón, unas condiciones laborales más humanas, también acumulamos unos niveles de absentismo difíciles de sostener.

Las cifras llevan años disparándose y, sobre todo, desde la pandemia han adquirido una dimensión desconocida. ¿Ha empeorado tanto la salud de los españoles desde 2020? No parece razonable pensar que millones de trabajadores hayan enfermado de repente mucho más que antes.

Lo que sí ha cambiado profundamente es el mercado laboral. Durante décadas, perder un empleo suponía un riesgo enorme. Existía un miedo real a quedarse meses, incluso años, buscando otro trabajo. Hoy, la escasez de mano de obra hace que encontrar otro empleo sea, para muchos perfiles, más sencillo que nunca, y cuando disminuye el miedo a las consecuencias, aumentan los comportamientos oportunistas. No hace falta que el fraude sea mayoritario, basta con que una minoría abuse del sistema para generar un enorme coste económico y organizativo.

Ese es precisamente el debate que España necesita y que nadie quiere abordar.

Lo hemos comprobado estos días con enorme claridad. Bastó que Alberto Núñez Feijóo endureciera su discurso ante empresarios catalanes para que el debate político derivara inmediatamente hacia una supuesta ofensiva contra los derechos laborales. Pedro Sánchez no tardó en presentarse como el defensor incondicional del derecho de los trabajadores a enfermar, como si alguien hubiera propuesto obligar a acudir al puesto de trabajo con fiebre o impedir una baja médica.

La maniobra política era previsible. Lo preocupante es que funcionó. Tanto que el propio Partido Popular se vio obligado a matizar rápidamente el mensaje. Lo que pretendía ser una reflexión sobre el abuso del sistema terminó convertido en una aclaración constante para demostrar que nadie cuestionaba el derecho a la baja médica.

El debate desapareció antes incluso de empezar, y así seguirá ocurriendo, porque hablar de absentismo en España implica caminar sobre un campo de minas electoral. Cualquier intento de distinguir entre enfermedad real y utilización abusiva de las bajas será presentado como un ataque a los trabajadores. Da igual que las empresas denuncien pérdidas millonarias, problemas para organizar turnos, retrasos en la producción o pérdida de competitividad. La batalla política siempre se librará en otro terreno y los partidos lo saben perfectamente.

Defender los derechos de los trabajadores es perfectamente compatible con perseguir los abusos. Del mismo modo que nadie cuestiona el derecho a cobrar una prestación por desempleo y que se persiga a quien la percibe fraudulentamente. Sin embargo, en España parece imposible sostener dos ideas al mismo tiempo.

El resultado es el inmovilismo, porque el absentismo ya no es solo un problema laboral. Es, sobre todo, un problema político y, precisamente por eso, nada cambiará.

Alberto Ibáñez