Delitos en la Administración
En un país extraordinariamente cabreado con los políticos, hay una curiosa condescendencia con otros estamentos. Sabemos que Mazón es nefasto, que la consejera que estuvo al frente de la crisis de la DANA hasta que él pareció por la puerta era igual de incapaz, y se les exigen responsabilidades, pero nadie parece interesado en pedir explicaciones a los casi 30 directivos de servicios de emergencias y altos funcionarios que estaban aquella tarde en el famoso Cecopi, ni en saber por qué ninguno levantó la voz o dimitió allí mismo al ver que pasaban las horas y se multiplicaban los muertos sin tomar decisión alguna. Quizá padecían el síndrome del Ángel Exterminador, esa película de Buñuel en la que nadie puede salir de un gran salón sin plantearse por qué.
Tampoco es fácil entender que un técnico de carreteras de Cantabria adjudicase decenas o centenares de obras (ya nunca se sabrá) ante la mirada impasible del resto de los funcionarios que forman las mesas de contratación, de las que hace tiempo se excluyeron a los políticos. Todos ellos se dejaban llevar por el criterio superior del ‘experto’, que durante años manejó las adjudicaciones sin que nadie le pusiese objeciones. Pero aún más difícil de entender es que, una vez descubierto, haya podido salir casi indemne en los tribunales, o que los ingenieros de la empresa pública Gesvican que manipulaban las valoraciones de los concursos para beneficiar a las empresas que les sobornaban hayan sido condenados tan solo a pagar 2.340 euros, sin perder el empleo (solo que no podrán baremar durante un tiempo) y los empresarios hayan recibido unas meras multas de 1.620 euros y 1.350 euros. Un apaño negociado al que los cántabros asistimos entre la melancolía y la estupefacción de saber que cualquier distracción con Hacienda nos saldría muchísimo más cara.
Por no hablar de las cuatro acosadoras del servicio de Anatomía Patológica, donde lo más patológico era el clima laboral que imponían, con el que han contemporizado los jefes durante muchos años. Si ya es frustrante saber que hacían y deshacían a su antojo, más frustración produce la afirmación de la Consejería de que no es posible abrirles un expediente laboral y apartarlas de sus puestos porque ya se pasó el momento de hacerlo. Es decir, que se las podía sancionar cuando los hechos no estaban probados y ahora que sí lo están, es imposible (?). La explicación resulta tan ridícula que da a entender que dentro de la administración hay barra libre para que los trabajadores más resabiados y corruptos puedan imponer su ley al resto.
Si unas operarias pueden manejar aquello con impunidad, no puede extrañar que los funcionarios de Cartes pusiesen pocas pegas a que el exalcalde consolidase su empleo como trabajador municipal con unos pliegos a su medida. Algo que ocurre con enorme frecuencia –y no hace falta ser alcalde– con la anuencia o con la exigencia de los sindicatos, siempre dispuestos a defender los derechos de los que están frente a quienes aspiran a entrar. Un régimen cuartelero en el que los veteranos imponen las normas al resto solo por eso, porque llegaron antes.
Si en unos pocos días hemos visto aflorar estos ejemplos tan lamentables de mal funcionamiento de la administración y nadie se plantea la necesidad de hacer reformas es que tenemos un problema grave. Nos subleva lo que hacen los políticos pero contemplamos con desdén o fatalismo la carísima maquinaria administrativa que hemos creado, cuyo funcionamiento queda al absoluto criterio de quienes están dentro, siempre amparados por el corporativismo. Cómodo para ellos pero ineficiente y cada vez más caro para los contribuyentes. Todos los capítulos de gasto público suben, y es lógico, pero año tras año, el de personal se come un trozo mayor de la tarta presupuestaria, sin que aumenten las prestaciones.
En el Gobierno cántabro el capítulo de personal se lleva el 35% del gasto total (la simplificación administrativa no parece que ahorre mucho) y en el Ayuntamiento de Santander, ¡el 42%!, después de haber externalizado los servicios con más personal, como limpieza, agua o jardines. Unos porcentajes que en realidad son bastante superiores, porque el capítulo I es el único que invariablemente se agota, mientras que del resto queda siempre por ejecutar.
Pero más allá del dinero, está el ejemplo, y de lo relatado no se puede deducir que la ley nos ampare a todos por igual, algo que es, sencillamente, intolerable. Aunque lo toleremos.
Alberto Ibáñez
