Balones fuera

El Gobierno cántabro ha aprobado por fin el decreto que teóricamente regula las viviendas turísticas, cuyo crecimiento exponencial empieza a hacer mella en la convivencia ciudadana. Hay unas 10.000 en Cantabria y su volumen de alojamiento ha superado ya al de los hoteles. Una oferta que ha crecido amparada por la ausencia de normativa y que, a estas alturas, ni el Ejecutivo regional ni los ayuntamientos se atreven a limitar, porque son muchos los votos que están en juego. Todos son conscientes de que es imprescindible hacerlo, como es igual de urgente resolver el problema de las autocaravanas, porque están contribuyendo de forma muy directa a una sensación de saturación que empieza a crear malestar entre quienes sufren las incomodidades y no viven del turismo.  

Como ya permitía presagiar el primer borrador, el Gobierno regional se ha quitado el muerto de encima. Al margen de la burocracia, la única limitación real que establece para las viviendas turísticas es la declaración de compatibilidad con los usos urbanísticos, que debe decidir cada ayuntamiento, lo que le traslada a patata caliente a los alcaldes. 

La realidad es que, salvo los 36 municipios que tienen planes generales, en 43 rigen unas normas subsidiarias absolutamente insuficientes y en el resto, nada. Quienes ya dedicaban su vivienda al alquiler turístico corren ahora el riesgo real de no poder obtener, siquiera, una respuesta de sus ayuntamientos en los ocho meses que se les ha dado de plazo, porque la mayoría no dispone de una normativa clara, ni de expertos para hacer esos informes. Donde cuentan con un técnico un día al mes, se encontrará un montón de expedientes por resolver, lo que hace presumir unas larguísimas esperas.

Además de la dudosa legalidad de una norma con carácter retroactivo que puede retirar del mercado a quienes hasta ahora vienen ejerciendo esta actividad, el decreto va en dirección opuesta a la simplificación administrativa de la que tanto se enorgullece este Gobierno. Si se tiene en cuenta lo legislado por las distintas administraciones en los últimos seis meses, quienes se lancen al negocio de las viviendas turísticas van a pasar de abrir sin ninguna cortapisa a verse obligados a obtener previamente la conformidad de sus comunidades de vecinos, tal como ha establecido la nueva Ley de Propiedad Horizontal. Tendrán, también, que inscribirse en el registro de la comunidad autónoma y en el creado a nivel nacional, que bloquea el acceso a las plataformas de internet a quien no lo haga. Además, deberá hacer unas mediciones de ruido, obtener de los ayuntamientos ese certificado urbanístico de compatibilidad y tener en cuenta otras normas locales que los municipios decidan establecer. Arnuero ya ha resuelto que cada nueva vivienda turística deberá tener al menos una plaza de aparcamiento por dormitorio y en Santander solo es posible abrirlas en bajos o viviendas con acceso directo al exterior, lo que en Cantabria puede conducir a 102 normativas distintas, tantas como municipios.

Trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de informar sobre la compatibilidad  urbanística de estas viviendas va a crearles un sinfín de problemas con aquellos vecinos a los que se lo deniegue, pero también va originar una catarata de pleitos, porque la decisión que tomen va a ser, en muchos casos, subjetiva. 

No contento con esta bomba de espoleta retardada, que le estallará a los ayuntamientos en el final de la legislatura, el Gobierno regional se ha metido en otro charco, al autorizar que los grandes fondos de inversión aterricen en Cantabria (algo que no se permitía anteriormente), lo que arrinconará poco a poco a los propietarios individuales y elevará los problemas a otra dimensión, la de los bloques enteros de apartamentos turísticos.

El resultado es que el tan esperado decreto regional ni va a ser beneficioso para los propietarios actuales, por sus efectos retroactivos; ni para los futuros, que deberán obtener muchas más autorizaciones; ni para los ayuntamientos, para los que supondrá más trabajo y más conflictos; ni para los vecinos, que van a sufrir las mismas molestias de antes; ni para los hoteles, que tendrán que competir también con los grandes fondos de inversión. Y será otro ejemplo más de que ni la Administración española ni los políticos están dispuestos a una auténtica simplificación administrativa.

Alberto Ibáñez