A fondo

Santander: Hacer y deshacer

La marcha atrás en el MetroTus, la senda costera y probablemente en las escolleras indican cómo está cambiando la política a consecuencia de la presión pública

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¿Se han hecho en Cantabria más obras de las necesarias? Obviamente, no. Quedan muchas por hacer, para consuelo de las constructoras, que llevan años esperando volver a tiempos mejores, pero varias de las que se han llevado a cabo no tenían un sentido práctico, no eran eficaces o sus efectos negativos superaban a los positivos. Santander se lleva la palma en estas últimas: el MetroTus, la senda costera, los espigones de la Magdalena…


La renuncia del Ayuntamiento de Santander al MetroTus, siete meses después de ponerlo en marcha indica que la política ha cambiado mucho en España. En 2018 puede ser más rentable electoralmente rectificar que mantener una posición contra viento y marea. Unos años atrás, ningún partido en el Gobierno se hubiese podido permitir un signo de debilidad tan evidente.

Después de dar a los concejales la instrucción de defender a capa y espada la reordenación del transporte urbano, la alcaldesa, Gema Igual, ha acabado por aceptar una realidad que estaba socavando la base electoral del PP. El servicio de autobuses al extrarradio ha empeorado muy sensiblemente con el MetroTus. Un desplazamiento desde Cueto al centro, que antes costaba veinte minutos, ahora puede suponer 40, y con un incómodo trasbordo por medio.

El puente sobre la S-20, en Monte, que lleva casi dos décadas sin uso.

Desdecirse de una inversión de siete millones de euros que iba a ser la estrella de la legislatura no resulta fácil, pero más incómodo era perder la alcaldía dentro de unos meses, y las encuestas indican que el malestar popular causado por el cambio en los autobuses ha creado desafección entre votantes tradicionales del PP que, por primera vez desde las primeras elecciones municipales, en 1979, pone en peligro su continuidad al frente del Ayuntamiento santanderino, la única capital española donde siempre ha gobernado el mismo partido.

La renuncia viene detrás de otra obra abandonada, la senda costera (1,5 millones de euros), en este caso responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Una actuación excesiva en un litoral que se conserva virgen, y que concitó una fuerte oposición de los vecinos de la zona.

El mismo Ministerio tiene otra patata caliente entre las manos, las escolleras de La Magdalena, que un grupo de santanderinos intenta paralizar por su demoledor impacto ambiental. La obra fue impulsada por el anterior alcalde, Íñigo de la Serna, para evitar la pérdida de arenas tras los temporales de invierno y, después de varios intentos, se acabó eligiendo la opción más barata entre las propuestas por el Instituto de Hidráulica: Unas agresivas y antiestéticas escolleras que, además de cambiar radicalmente el paisaje más fotografiado de Santander, no se justifica económicamente, si se tiene en cuenta que la reposición anual de la arena perdida en los temporales costaba poco más de 50.000 euros y la escollera se licitó en cerca de dos millones, una cantidad con la que se hubiese podido reponer el arena durante décadas.

La obra de las escolleras fue adjudicada a la empresa pública Tragsa, tras renunciar el primer adjudicatario. Fue solo el primer traspiés.

Tras el cambio de Gobierno en Madrid, el PSOEha heredado el problema y todo parece indicar que paralizará la obra antes de que se acometa el segundo espigón, que debe partir de San Martín, para acabar cerrando la playa. Será el tercer fiasco en pocos meses, algo que parece insólito, aunque en Cantabria hay bastantes precedentes de obras inservibles o que deben ser derribadas. Entre ellas, las más de 600 viviendas declaradas ilegales o la reciente reposición de la ladera del Cuco, en Piélagos.

Santander se lleva la palma en este hacer y deshacer. En la ciudad permanece, como monumento al absurdo, el puente sobre la autovía A20, a la altura de Monte, que construyó el Ministerio de Fomento para facilitar la trama viaria urbana. Las protestas de los vecinos del lugar llevaron al entonces alcalde, Gonzalo Piñeiro, a exigir al Ministerio (que estaba en manos del PSOE)el derribo del puente. El Ministerio, que ya había realizado el gasto en construirlo, sostuvo que quien debía pagar el derribo era quien cambió de opinión, el Ayuntamiento. El propio Piñeiro puso, finalmente, fecha a la demolición pero el puente sigue, inútil, en el mismo lugar donde se levantó.

A las obras que nunca se inaugurarán en Santander se añade otro expediente aún más complejo, el del Plan General que, después de diez años de elaboración, fue anulado por el Tribunal Supremo, y todo lo que dependía de su existencia, como el concurso internacional de ideas convocado por el Puerto de Santander para la reforma de la fachada marítima. Muchos asuntos que han vuelto al cajón, después de años de trabajos y de importantes gastos de las Administraciones públicas, que también pagaron el proyecto del Edificio Moneo, la sede del Gobierno que nunca se construyó.

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