Lo mejor y lo peor de cuatro años de gobierno
Ha sido una legislatura sinsobresaltos centrada en lo social, con una sensible mejoría del desempleo y del PIB pero sin grandes inversiones
En los últimos días, Cantabria ha conocido dos datos alentadores: fue la segunda comunidad con mayor crecimiento del PIB en 2018 y el paro registrado ha bajado hasta las 36.618 personas. Si se tiene en cuenta que en 2013 y 2014 se llegaron a rozar los 60.000 desempleados, debería representar la vuelta a los buenos tiempos y un gran éxito político pero la realidad no es tan idílica. El Gobierno del PRC y el PSOE ha vivido cuatro años tranquilos, por una coyuntura económica relativamente favorable y por los deméritos de su oposición, ha mejorado la prestaciones sociales y la gestión de las empresas públicas pero no ha podido afianzar un modelo de crecimiento sólido para la región y los jóvenes siguen teniendo que salir fuera para hacer una carrera profesional.
En política, a lo largo de cuatro años ocurren muchas cosas y la inmensa mayoría las protagoniza el Gobierno de turno, pero esta vez, en Cantabria, ha tenido más relevancia lo que ha ocurrido fuera del Ejecutivo que dentro, como consecuencia de las crueles batallas internas que han librado todos los partidos, a excepción del PRC. También ha colaborado el hecho de que el Gobierno haya mantenido un perfil bajo, sin grandes conflictos ni grandes catástrofes (esta vez no ha habido un GFB o un Nestor Martin) y se haya visto obligado a desenvolverse con muy poco dinero.
Política social
La prioridad han sido los asuntos sociales, por la difícil situación económica que siguen sufriendo muchas familias, el pago de la cada vez más costosa maquinaria administrativa, que nadie se atreve a reformar, y el ajuste draconiano de todo lo demás para cumplir las exigencias de déficit. Y en ese todo lo demás estaban las obras públicas o los grandes proyectos, que han desaparecido del horizonte.
Es posible que, si se le pregunta a los miembros del Gobierno consideren el logro más importante de esta legislatura rebajar el déficit público prácticamente a cero o tener aprobados los presupuestos de cada año el 1 de enero, algo que no ha conseguido casi ninguna otra comunidad gobernada en minoría, ni siquiera el Estado. Eso tiene mucha importancia en el funcionamiento interno, pero para el ciudadano quizá sea mucho más importante el que Cantabria haya sido la primera comunidad en erradir la hepatitis C en sus fases más agudas, un desembolso económico que no está al alcance ni siquiera de los países más avanzados, evitar el cierre de la fábrica de Sidenor y de Sniace (en este caso el mérito ha sido privado) o la mejora sustancial de los resultados de las empresas públicas Cantur y Mare, que ya no pierden dinero a chorros, al menos según el método de cómputo que utiliza la Administración.
Que nadie busque obras importantes, porque no las hay, ni grandes reformas, porque el Gobierno se ha limitado a gestionar, dejándose llevar, algo muy distinto a lo que hacía esa misma coalición de partidos entre 2003 y 2011 cuando creía que podía cambiar el modelo económico de Cantabria y lo que consiguió fue agravar el que ya teníamos, con una sobredosis de construcción y de subvenciones, recurriendo a las vías extrapresupuestarias como si el endeudamiento que no computa para el déficit también esté libre de ser devuelto.
La legislatura ha descansado en las consejerías en manos del PSOE, que han controlado el 80% del gasto. Era poco menos que inevitable, porque sus competencias son las más costosas, la sanidad y la educación, pero eso no ha evitado que los cuadros del PRC hayan presionado más que nunca para intentar cambiar el reparto.
Revilla ha tenido que templar más gaitas que nunca, pero el líder regionalista tiene pocas posibilidades de contestación interna. Lo que decida está bien decidido para su partido, y quería mantener a toda costa la buena relación con sus socios del PSOE. Y hay que reconocer que la lealtad entre los dos partidos ha funcionado como no funciona ninguna otra coalición de gobierno en España… hasta hace dos años. La llegada de Pablo Zuloaga a la secretaría general del PSC-PSOE no solo se llevó por delante a la anterior secretaria general, Eva Díaz Tezanos, y a todo lo que sonase a tezanista sino también las relaciones personales con Revilla, que no encuentra ningún feeling con el nuevo líder de los socialistas cántabros. El propio Zuloaga cultiva el distanciamiento, quizá porque ha recogido los votos de los militantes que siempre vieron mal los pactos con Revilla, asegurando que eso hacía crecer electoralmente al PRC y decrecer en la misma proporción al PSOE, aunque ni él se atreverá a quedarse fuera del Gobierno en la próxima legislatura, si obtiene los escaños que al PRC le falten, ni esos militantes tan críticos se lo van a demandar.
En realidad, el Gobierno ha tenido, por una u otra vía, el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción del PP, pero incluso en éste, la rebelión de los dieguistas frente a Saenz de Buruaga le ha facilitado las cosas. Podemos, Ciudadanos e incluso el diputado tránsfuga de este partido le han servido para aprobar los Presupuestos cada año. Unas veces subiendo los impuestos, para conseguir el voto de Podemos, otras veces bajándolos, para conformar a Ciudadanos, pero así parece que va a ser la política a partir de ahora, cuando nadie tiene mayorías.
El paripé del contrato de Valdecilla
Si Ignacio Diego se pasó sus cuatro años de gobierno con la cantinela de la herencia recibida en forma de facturas sanitarias sin contabilizar, el Ejecutivo entrante encontró otro argumento populista al que aferrarse, el de la privatización de Valdecilla. Ni las facturas eran nada extraordinario, porque se venían incluyendo habitualmente en una cuenta temporal ni lo de Valdecilla era, en sí mismo una privatización. Hay más edificios del Gobierno pagados por una empresa privada que luego se resarce con un canon anual hasta que, al cabo de veinte años pasan a ser propiedad de la comunidad autónoma, como ocurre con la sede del Instituto Cántabro de Servicio Sociales, en General Dávila, que Ascan ha vendido recientemente a un fondo extranjero. El resto del pago mensual que el Gobierno hace a la contratista Smart Hospital Valdecilla, formada por Ferrovial y SIEC, es por los servicios no sanitarios que en su inmensa mayoría ya estaban externalizados.
El ala socialista del nuevo Gobierno creó una escandalera importante con este contrato, anunciando su intención de denunciarlo para rescatar el edificio para el sector público, pero la realidad es que esa era una opción imposible, un ejercicio de cara a la galería, a sabiendas de que el Hospital es un asunto de enorme sensibilidad social e ideológica, para el electorado de izquierda. El Gobierno no tenía, ni de lejos, los cien millones que había costado el edificio y que en ese caso tendría que abonar, ni la posibilidad de endeudarse más. Y, por supuesto, no podía abonar la enorme indemnización que le hubiese correspondido a las dos constructoras por el lucro cesante.
Los informes jurídicos que solicitó determinaron lo que ya cabía imaginar y, aunque no lo dijese, supusieron un alivio para el propio Gobierno, que se conformó con mantener una actitud muy beligerante con la concesionaria, a la que somete a un control exhaustivo, y penaliza con más de un millón de euros cada año por incumplimientos de todo tipo, sanciones que la empresa tiene recurridas.
El agobio del gasto sanitario
El mayor problema para el Gobierno no ha sido de socios sino de dinero. El gasto sanitario se ha convertido en una tortura presupuestaria desde el primer día, en que hubo que encajar inesperadamente un pago de 18 millones de euros, al decidir el Ministerio de Sanidad por su cuenta y riesgo que había que facilitar el nuevo tratamiento de la hepatitis C a todos los enfermos de los grados más avanzados… y que lo pagarían las autonomías.
Este regalo inesperado del Gobierno de Rajoy llegaba con otro añadido, la desaparición de los pagos comprometidos para retornar a la autonomía la inversión realizada en la tercera fase de Valdecilla. Dos decisiones que complicaron la gobernabilidad desde el principio, porque desencajaban las previsiones de déficit. Pero había una tercera circunstancia que era responsabilidad exclusiva de la autonomía: el gasto sanitario se estaba disparando, como casi siempre.
A su llegada al Gobierno, Ignacio Diego montó una gran escandalera con las famosas facturas en los cajones, pero la realidad es que todos los años, desde hace más de una década, el presupuesto de la sanidad en Cantabria se queda corto, a veces no da para pagar las nóminas de diciembre, por lo que es imprescindible recurrir a las partidas presupuestarias de otras consejerías. Diego tuvo que echar mano, incluso, de terceros, pidiendo ayuda financiera temporal a la Fundación Botín, cuando las cuentas de esa institución estaban muy saneadas.
Esta política de falsear conscientemente los presupuestos la han hecho todos los partidos. El propio Diego la siguió haciendo y la vuelve a hacer el actual. Pero a estos arrastres históricos se añade ahora un gasto farmacéutico disparado, por el envejecimiento y por la enorme carestía de los nuevos tratamientos, que Sanidad intenta limitar pero no sabe muy bien cómo.
Todo ello ha dado lugar a permanentes recortes en el resto de las consejerías y a que algunos ejercicios se hayan cerrado… ¡en septiembre!, impidiendo realizar a partir de ese mes cualquier gasto que no estuviese previamente comprometido.
Los paganos de esta situación han sido las otras consejerías, que han visto aún más recortada su capacidad de gasto a medida que avanzaba el ejercicio, porque, ocurra lo que ocurra, no se pueden dejar de pagar las prestaciones sanitarias o el sueldo a los profesores. Y las posibilidades de resolver estos problemas económicos son, por el momento, ninguna. Como todas las comunidades, Cantabria ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómico, pero hace tiempo que lo menciona solo con la boca pequeña. La razón es fácil de comprender echando una ojeada a los gráficos que tanto se prodigan últimamente: es la región mejor financiada por habitante de todo el país. Y como las de abajo de la tabla requieren estar al menos a la mitad y las de la mitad exigen subir más arriba, es inevitable que pierdan las que estaban en el tramo superior (Cantabria, especialmente). Salvo en el caso de que el Estado ponga sobre la mesa muchísimo más dinero que ahora, para atender las exigencias de todos, Cantabria solo puede aspirar a mantener lo que ya tiene, que es mucho, aunque esos ingresos que la autonomía ingresa cada año no encuentren la notoriedad pública que tienen, por ejemplo, las inversiones del Estado en la comunidad, mucho más visibles para el ciudadano.
La crisis de Gobierno que el PSOE le impuso a Revilla
Las crisis del Gobierno son competencia del presidente, que tiene absoluta potestad para decidir quién entra y quién sale. Revilla, muy reacio a los cambios, se encontró a media legislatura con una situación inédita: era su socio de Gobierno el que se la exigía, pero para los propios consejeros socialistas, a quienes su partido hacía una especie de moción de censura. El nuevo secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga exigía la marcha de la vicepresidenta regional (su antesora en el partido) y la del consejero de Educación, mientras que aceptaba la continuidad del consejero de Economía y Hacienda y de la consejera de Sanidad, que ya se habían puesto a sus órdenes.
La situación fue especialmente incómoda para Revilla, que se negó a lo que pretendía Zuloaga, quien presionó cuanto pudo para forzar las dimisiones de Díaz Tezanos y de Ramón Ruiz hasta que este finalmente tiró la toalla.
El episodio marcó un antes y un después en las relaciones internas del Gobierno, y sus secuelas pueden dejarse sentir en lacomposición del próximo, para el que Revilla empieza a tener más ofrecimientos. Si vuelve a pactar con el PSOE, con toda seguridad le va a imponer unas condiciones mucho menos generosas que las actuales.
Sodercan frente a Industria, un modelo que no funcionó
En el PRC no cayó bien el equilibrado reparto de consejerías aceptado por Revilla, que no se corresponía, ni de lejos, con los malos resultados electorales de los socialistas. La más lucida de las que habían conseguido, la de Industria, tampoco era para un regionalista, sino para el exconsejero socialista de Medio Ambiente, Francisco Martín, a quien Revilla hizo el ofrecimiento antes de que Tezanos pudiera adelantársele.
El malestar de los cuadros del PRC subió muchos enteros cuando se supo que Sodercan se desgajaría de Industria y también iría para los socialistas, incluido en una consejeria ómnibus, la de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, que no tenía una competencia concreta y las tenía todas: Servicios Sociales, Medio Ambiente, Universidades… hasta Industria, a través de la empresa pública Sodercan, que siempre había sido el brazo armado de esa Consejería.
La apuesta ha resultado mal, y no porque Sodercan se haya gestionado peor sino porque no resultan operativos dos organismo públicos que se dedican a lo mismo pero ni se coordinan ni quieren hacerlo. La Consejería de Industria se ha quedado sin otra capacidad de gasto que las campañas turísticas y las subvenciones. Ni siquiera consiguió el dinero extrapresupuestario que esperaba a través de la Sociedad del Año Jubilar, forzado por los tribunales a aceptar una adjudicacion privada que resultó un fiasco.
Buena parte del presupuesto destinado a la promoción empresarial –y no ha sido poco– ha quedado en manos de Sodercan. Una situación que, si repite en el Gobierno, Martín no está dispuesto a aceptar de nuevo. A sus íntimos ya les ha confesado que, en las mismas condiciones, no aceptará el cargo.
La política se hace con dinero y sin dinero tampoco hay influencia. Las empresas pronto aprendieron que a la puerta a la que había que llamar era la de Sodercan, y Sodercan ha procurado compartir la mínima información con Industria, para enfado del consejero, que al menos puede presumir de los éxitos turísticos. Cantabia ha conseguido dos hitos históricos, el de mayor número de visitantes, superando la cifra máxima de los dos millones, y el del millón de pasajeros en el aeropuerto de Parayas, una cota que se alcanzó de forma efímera hace una década pero que parecía casi imposible repetir. Este año puede llegarse, incluso, a 1,2 millones.
Falta de ilusión
El Gobierno, en general ha funcionado bien, pero en las consejerías ha pesado el cansancio y la falta de ilusión, que hubiese quedado más en evidencia de no haber desplegado Revilla su energía por todas las televisiones, algunas veces en varias al mismo tiempo gracias a los programas enlatados. De hecho, en este final de legislatura ya han cambiado dos caras. El equipo lleva demasiados años y con toda seguridad, en la próxima Ejecutivo va a haber mucha renovación. Esa pérdida de impulso también ha supuesto una falta de ambición, para resolver problemas crónicos, como el de la Fundación Comillas, que todavía no sabemos muy bien lo que es, en la reforma de la Administración (un tabú para todos los partidos y en todos los niveles) y en el cambio de modelo económico para el medio rural. La Cantabria interior se vacía ahora que por fin tiene todas las infraestructuras, lo que supone un enorme esfuerzo baldío. Aunque surgen muchas iniciativas para crear una pequeña industria artesana en el campo agroalimentario, sigue siendo muy insuficiente para convencer a los jóvenes del interior de que se queden.
Solo el tendido de la red de fibra óptica para toda la región que se está realizando y las conexiones de Internet por antenas que ofrecen otras compañías permite albergar cierta esperanza, dado que cada vez son más las actividades productivas vinculadas a Internet, y un servicio de alta velocidad evitará que esa carencia sea otro de los motivos de fuga.
