Las economía cántabra se sobrepone a las siete plagas

Las empresas capean el temporal porque tienen un volumen alto de pedidos y esperan hacer más contrataciones

El presidente de la CEOE cántabra reconocía a comienzos de marzo que las industrias locales tenían un volumen de pedidos desbordante. Solo dos semanas después, muchas de ellas estaban paradas porque los precios de la energía hacían imposible ajustarse a los presupuestos ofrecidos a los clientes; los camioneros paraban y ponían en un serio brete a los ganaderos, a los supermercados y a las propias industrias y todo parecía derrumbarse como un castillo de naipes. Pero en mitad de esta situación tan anómala, la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar realizaba una encuesta en la que se desvelaba que los empresarios de la región siguen más dispuestos que nunca a aumentar las plantillas.


Las manifestaciones de los ganaderos, el paro de los camioneros autónomos, la inflación por las nubes y el apagado de los hornos en las industrias, con el trasfondo de la guerra de Ucrania, cuyas consecuencias aún no podemos imaginar, han recordado las siete plagas de Egipto. Un panorama tan desconcertante que ha conseguido dejar en un segundo plano la máxima preocupación de los dos últimos años, la pandemia, como si en la cabeza de todos nosotros no quedase hueco para un problema más.

Después de los tres meses de confinamiento y paralización, costaría encontrar un periodo más anómalo en la historia reciente. Y, sin embargo, el clima empresarial no es tan negativo como cabía esperar. Pese a los anuncios de estanflación (inflación sin crecimiento) de algunos expertos, llevamos meses con unos índices de crecimiento en torno al 5% y las perspectivas para el verano son buenas. Lo demuestran las reservas de ciudadanos británicos en el ferri (a pesar del Brexit) y las expectativas de las patronales hoteleras, que ya barajan una temporada como las de antes, lo que añadirá unos cuantos puntos al PIB.

La industria crecía muy deprisa… hasta que paró

En la industria local los crecimientos estaban siendo históricos hasta que se ha producido el doble colapso de la energía y los camioneros. El sector fabril creció el pasado año en Cantabria un 10,6% y en los dos primeros meses de este ejercicio aún lo hacía a un ritmo superior al 8%, con perspectiva de ir a más, porque los pedidos habían aumentado un 14,6%, frente al 8,3% de la media nacional.

La larga huelga de los autopatronos del transporte puso en un difícil brete a las industrias, a los supermercados y a los ganaderos. FOTO. MARÍA CASUSO

También los movimientos en el puerto mejoraban en un 17,6% los del año pasado (que ya fueron muy buenos), el doble que la media nacional. Todo parecía indicar un futuro inmediato de fuerte recuperación hasta que llegó la guerra de Ucrania.

Desde ese momento, todo es volátil e incierto. Y no tanto por las repercusiones directas de la guerra como por las indirectas. La inflación, que ya estaba desbocada, y el repunte que ha supuesto las subidas del gas impuestas por Rusia han acabado por hacer un agujero en la economía de millones de familias españolas, y no solo en las de los transportistas y ganaderos, porque todos hemos perdido casi un 10% de poder adquisitivo.

Irritación social

Ese factor de irritación social podía añadir un componente explosivo a la situación si los sindicatos se lanzaban a la calle. Afortunadamente para el Gobierno, han optado por un perfil bajo, lo que ha evitado el estallido. El malestar, no obstante, aflora por otros resquicios, como se ha visto con el seguimiento del paro de los camioneros a propuesta de una Plataforma que curiosamente está dirigida por alguien que desde hace cuatro años no tiene camiones ni empresa. Poco le ha importado al pequeño transportista quien lo convocase porque su dura realidad ya no admite esperas.

En este escenario tan anómalo, de fábricas paradas, convoyes de camiones protegidos por la Guardia Civil, la flota de bajura amarrada, ganaderos que temían no poder dar de comer a sus animales, subvenciones para todo y suministros para los que ningún proveedor quiere dar precios, porque sabe que la semana próxima serán aún más caros, el clima empresarial no es malo. Lo dicen las encuestas.

En la que realizó la Asociación Cantabria de la Empresa Familiar en marzo, a pesar de que sus asociados puntuaban de forma casi unánime la situación política y económica del país como de la región de ‘muy mala’, el 51,6% es optimista y cree que aumentarán sus ventas y un 57,6% ya ha decidido incrementar la inversión. Asimismo, el 51,5% prevé mantener los niveles de empleo actuales y un 41% lo aumentará. Solo un 6,1% cree que se verá obligado a reducir la plantilla.

Estos datos, sorprendentemente positivos, resultan aún más llamativos si se comparan con los de antes de la crisis de la pandemia, cuando la economía iba razonablemente bien. En la encuesta realizada en estas mismas fechas de 2019 por esta patronal que agrupa a grandes empresas familiares de la región, los que pensaban incrementar la plantilla entonces eran la mitad que ahora y los que iban a reducirla, cuatro veces más.

La hostelería vuelve a sus mejores momentos

Aunque los datos de actividad de marzo van a romper la racha, por las muchas industrias que pararon durante algunas fechas, los empresarios parecen convencidos de que el temporal escampará a medio plazo, bien por el fin de la guerra de Ucrania, bien por un pequeño reajuste a la baja de los precios de la energía y del conjunto de los precios.

La hostelería espera una buena Semana Santa, después de tener un comienzo de año espectacular. En enero y febrero, los establecimientos de Cantur, la primera empresa turística de la región por ingresos y personal, han tenido cifras históricas de visitantes.

También los empresarios privados están dejando atrás los efectos de la pandemia. En enero, las pernoctaciones extrahoteleras se cuadriplicaron.

Los hoteles también estaban teniendo una ocupación prácticamente como antes de la pandemia. Entre enero y febrero hubo 87.000 visitantes, frente a los 33.000 del año pasado.

El comercio ha liquidado las rebajas de enero en un mes y sin grandes descuentos, lo que indica un cierto rayo de esperanza después de muchos años de caídas sistemáticas.

El paro registrado, 37.500 personas en febrero, es el mismo que había en 2009, al empezar la gran crisis, y a enorme distancia de las casi 60.000 personas apuntadas en la oficina cántabra de empleo en febrero de 2013.

A pesar de las exigencias de ayudas que han planteado algunos sectores, la realidad es que la mayor parte de las empresas ya ni siquiera se plantean los fondos europeos como una tabla de salvación, como hacían meses atrás. Si llegan, serán bienvenidos pero en este terreno abunda el escepticismo, y cada vez es más común la idea de que beneficiarán solo a unas pocas grandes compañías.

En cambio, el Gobierno se esfuerza por regar con pequeñas subvenciones a todos los sectores con capacidad de presión. Las convocatorias de ayudas se suceden y todas las consejerías se han visto obligadas a renunciar a todo tipo de gastos aún no comprometidos para destinarlos a estas políticas, que son las que van a marcar el ejercicio, puesto que no quedará dinero para nada más.


La dimisión de la consejera de Economía agita las aguas del Gobierno

María Sánchez, a la izquierda, será sustituida por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, asumirá Políticas Sociales.

En pocas semanas, el ala socialista del Gobierno cántabro ha visto dimitir dos consejeros, los que han tenido más protagonismo en estos dos años de crisis sanitaria y económica. Que se remuevan la mitad de la cuota de gobierno que controla el PSOE en un momento en el que apenas existe oposición, porque el PP local tiene más preocupación por lo que pasa dentro de su partido que por lo que ocurre fuera, es un síntoma de que las relaciones en el interior del Ejecutivo cántabro ya no tienen la placidez de antaño, cuando Revilla tenía más confianza en lo que hicieran Dolores Gorostiaga o Eva Díaz Tezanos que en algunos consejeros de su propio partido.

Tanto María Sánchez, consejera de Economía, como Miguel Rodríguez, anterior responsable de Sanidad, han vivido dos años intensísimos como consecuencia de la pandemia. En una situación sin precedentes, se vieron obligados a decidir gastos extraordinarios sin saber de dónde saldría el dinero (al menos durante las primeras semanas) y adoptar restricciones al movimiento de la población que podían resultar inconstitucionales. “Tuve mis miedos económicos al ver lo que se nos venía encima”, reconoció Sánchez (ver página 24 y siguientes) antes de comprobar que el Gobierno nacional asumía la mayor parte de esos cuantiosísimos gastos extraordinarios de la pandemia.

Pero tampoco con esa ayuda estos dos años han sido un camino de rosas. Los principales proyectos que el Gobierno ha remitido a Madrid para recabar los fondos europeos destinados a restablecer la economía han sido tumbados, y a pesar de que María Sánchez advirtió de que algunos de ellos no encajaban en esos fondos, no tenía fácil quedar al margen del fracaso.

Parecidas circunstancias han afectado a su colega de Sanidad, Miguel Rodríguez. Después de dos años durísimos en los que hizo frente a una campaña de desgaste por parte de los hosteleros, por unas restricciones que no eran distintas a las adoptadas en otras autonomías, la licitación de la protonterapia acabó por resultar una bomba de espoleta retardada.

Después de comprobar que la carísima máquina ya no sería una singularidad regional, porque Amancio Ortega donaba diez a otras tantas autonomías, y para adelantarse en el tiempo, la Consejería decidió licitar conjuntamente el suministro de la máquina y la obra, algo que no resulta disparatado, porque la obra será distinta en función de la tecnología elegida. Pero las multinacionales fabricantes, que solo trabajan bajo pedido, se han encontrado con una situación insólita en España, que de repente demanda once aparatos, y no estaban por la labor de andar buscando aliados en el gremio de la construcción para uno solo de ellos.

El resultado es que el concurso quedó desierto y ha sido necesario empezar de nuevo y licitar máquina y obra por separado. Lo que iba a acelerar los plazos, acabó por demorarlos y en política llegar segundo o tercero es un mal resultado.

Miguel Rodríguez, que ya había tenido muchos encontronazos y muchos cambios de equipo, acabó por dimitir y María Sánchez ha hecho lo mismo cuando los otros consejeros no aprobaron su plan de rebajar el IRPF el año próximo. En una Consejería que, por su naturaleza, siempre trata de frenar el gasto de las restantes e incrementar cuanto pueda los ingresos, esta vez los papeles estaban cambiados. Eran las otras las que pensaban que la consejera asumía demasiados riesgos con una rebaja que nadie notaría este año sino en la declaración del próximo, cuando puede que las circunstancias sean muy distintas.

Sánchez ya había tenido algunas diferencias con otros miembros del Gobierno, incluso con los nombrados por su partido, al hacer algunas declaraciones públicas en las que les enviaba reproches claros y esta última falta de sintonía le ha llevado a dejar un cargo en el que perdía bastante dinero con respecto a su trabajo como interventora.

Su salida constata varios problemas en el interior del Ejecutivo regional y en el del PSOE. Que su rebaja del tramo autonómico del IRPF se haya llevado al Consejo de Gobierno sin consensuarla previamente indica que no hay canales internos de comunicación entre los dos partidos para evitar estas situaciones. Aflora, a la vez, el malestar personal de los consejeros regionalistas (y no solo de ellos, porque Rodríguez también se quejó) forzados a vaciar cada una de las partidas de gasto sin agotar para transferirlas a las ayudas a empresas y autónomos afectados por la crisis. Sufriendo semejantes restricciones, no han acabado de entender que se elabore una plan para rebajar el IRPF.

La dimisión de Sánchez tampoco deja en buen lugar a los socialistas, que parecen igual de sorprendidos por la marcha y, muy escasos de banquillo, han tenido que improvisar un apaño de urgencia, trasladando a la consejera de Asuntos Sociales a Economía y ascendiendo a la directora general de Vivienda a consejera de Asuntos Sociales.

En lo que va de legislatura, el equipo que comanda Zuloaga ha tenido que hacer muchas remodelaciones (la mitad de sus consejeros, el interventor general, el director general de Agencia Cántabra y muchos de los altos cargos de Sanidad…) algo poco habitual. No obstante, también en el PRC ha habido cambios, al sustituir al consejero de Industria, para dar entrada a López Marcano, y al presidente de la Autoridad Portuaria, para poder reencajar las fichas.


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