EL PRC pretende reducir al mínimo los requisitos para construir en el ámbito rural

Quiere volver a abrir la mano para edificar viviendas en suelo no urbanizable

El proyecto de Ley del Suelo que maneja la Consejería de Obras Públicas probablemente dé lugar a la primera ruptura seria en el Gobierno PRC y PSOE, a consecuencia del derecho que los regionalistas quieren otorgar a la mayoría de los ayuntamientos de la región a autorizar la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico. Curiosamente, podría salir aprobado en el Parlamento con los votos del PP, ya que encaja con la filosofía de las reformas hechas durante el Gobierno de Ignacio Diego. Por el momento es un anteproyecto, y el PSOE no se ha pronunciado oficialmente, pero sí algunos de sus diputados, la asociación ecologista ARCA e IU, que creen que la construcción indiscriminada de viviendas aisladas en suelos agrarios cambiará la tipología de los pueblos, encarecerá ese suelo y generará muchos más costes para la Administración.


Casi veinte años después de la última Ley del Suelo de Cantabria, hay un cierto consenso en que debe modificarse. 78 de los 102 municipios de Cantabria siguen sin haber adaptado sus planeamientos a la ley nacional de 2001, algunos porque cuando lo han intentado, los tribunales han echado abajo sus nuevos planes. Por unos u otros motivos están en esta situación Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Laredo, Reinosa y Piélagos, que concentran el 80% de toda la población de la comunidad autónoma, y tres de cada cuatro municipios rurales. Una situación completamente anómala.

No obstante, ha sido una época más sosegada en materia de urbanismo, si se compara con los veinte años anteriores. Hay que recordar que todas las sentencias de derribo ejecutadas y por ejecutar provienen de decisiones tomadas antes de la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral, en 2004, que rompió la dinámica de construcciones en la costa.

El Gobierno del PRC y del PSOE tienen ideas muy distintas sobre cómo afrontar la actualización de la ley. La primera discrepancia está en el orden de los acontecimientos. Los socialistas siempre han defendido que antes de nada hay que hacer un Plan de Ordenación del Territorio, en el que se establezcan las líneas generales, para evitar, por ejemplo, que todos los ayuntamientos tengan la tentación de hacer su propio polígono industrial, un sinsentido desde el punto de vista del uso racional de los recursos, pero entendible desde el punto de vista de los Ayuntamientos, que tratan de evitar por todos los medios que una empresa propia se reasiente en un municipio contiguo, por imagen y por la pérdida de ingresos que eso le supondría. También es imprescindible para fijar los servicios generales (tendidos, suministros, etc.).

Los socialistas trabajaron durante los cuatro años de la legislatura pasada en un proyecto urbanístico ambicioso basado en esa filosofía, y el PRC se limitó a dejar hacer a sus socios, aunque en privado reconocía que no tenía ningún interés en aprobar ese proyecto en Consejo de Gobierno y enviarlo a la Cámara. De hecho, nunca se llevó.

La presentación del anteproyecto de Ley por el consejero de Obras Públicas.

Con la nueva legislatura, el urbanismo cambió de manos, y pasó a la Consejería de Medio Rural, es decir, al PRC, que por fin colocó el asunto donde pretendía. Su idea era muy distinta a la de los socialistas, porque está más presionado por sus alcaldes y lo que quieren los alcaldes no son más restricciones sino menos, sobre todo en el suelo no urbanizable, el más abundante y que, por el momento, solo tiene usos agrarios.

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo presentó, días antes del accidente de su titular, José Luis Gochicoa, un anteproyecto de ley al Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) y a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que sorprendió a sus socios de gobierno socialistas entre los que causó un notorio malestar, aunque no lo expresaron públicamente, por la mala experiencia de desencuentros anteriores, en los que Revilla les dejó entender que podía prescindir perfectamente de ellos y acabar la legislatura con otros apoyos.

Es lo que puede ocurrir ahora. Después de semanas de silencio, en las que el PSOE ha seguido sin fijar la posición de su grupo sobre el anteproyecto, el diputado socialista Javier García Oliva enviaba una tribuna a la prensa mostrando su profunda disconformidad personal. No solo porque concede un enorme margen de actuación a los municipios para otorgar licencias de nuevas viviendas unifamiliares en casi cualquier sitio, sino porque crea nuevos compromisos a la Administración.

El probable apoyo del PP

El PRC sabe que para los socialistas la reforma es difícil de digerir, porque va radicalmente en contra de su filosofía en materia de urbanismo pero está convencido de que, en ese caso, saldría adelante con los votos del PP, que siempre ha sido partidario de la mayor liberalización posible del suelo. La reforma de la Ley que hizo Ignacio Diego en 2013 ya introdujo la posibilidad de construir en suelo no urbanizable cuando se trata de una vivienda unifamiliar y la finca tiene una cierta dimensión. Entonces, el PRC, que había pasado a la oposición, votó a favor.

Ahora es el PRC el que quiere llevarlo aún más lejos y no parece fácil que el PP se posicione en contra de una mayor liberalización del suelo cuando impulsó una reforma para que extendía esa posibilidad incluso al territorio costero afectado por el POL, una decisión que para el PRC ya resultó excesiva.

El PSOE votó ambas veces en contra de esa posibilidad de salpicar las mieses de nuevas viviendas, que Diego justificó para impulsar el sector de la construcción, en plena crisis, y para fijar la población rural, al entender que la población joven se va a la ciudad si no puede construir sus propias viviendas.

Los socialistas auguran una nueva especulación 

Los socialistas mantienen que las nuevas generaciones no se van de los pueblos porque no puedan hacerse una casa, ya que en la mayoría de ellos hay muchísimas para rehabilitar, sino porque allí no encuentran trabajo, y siempre sostuvieron que estos chalets que se construyen fuera de los núcleos rurales no son promovidos por los hijos de los dueños de esas fincas sino que son residencias de fin de semana impulsadas por personas que no viven allí. Abrir esa puerta, en su opinión, acaba por generar expectativas para cualquier suelo no urbanizable y lo convertirá en objeto de especulación, encareciéndolo. Con ello, dicen, perderá la utilidad agraria, porque ya no estará al alcance de los ganaderos o agricultores que pretendan ampliar su negocio.

El efecto sobre la construcción también ha resultado relativo, aunque la asociación de empresarios del sector apoye cualquier medida que ayude. Desde que el PP cambió la ley, en 2013, en municipios con riesgo de despoblamiento solo se han construido 113 viviendas de este tipo (17 el año pasado) lo que crea serias dudas sobre la imperiosa necesidad con que se justificaba la reforma. Para establecer su importancia hay que tener en cuenta que en estos momentos, en la comunidad autónoma se hacen algo más de mil al año y antes de 2010 se llegaron a rozar las 20.000 anuales.

Las obligaciones que genera una vivienda aislada

Los expertos en urbanismo, no obstante, se basan en los compromisos públicos que acarrean este tipo de viviendas y sostienen que en España el derecho de construcción no es una atribución inherente al suelo sino que es la colectividad la que decide lo que se puede hacer o no con él.

Esa limitación de la soberanía del propietario sobre los usos de sus terrenos tiene mucho que ver con los compromisos que adquiere la comunidad al otorgar una licencia de construcción. A partir de ese momento, la Administración queda comprometida a facilitarle unos accesos, las acometidas de servicios, canalizar y depurar sus aguas residuales, la educación de los hijos, la atención de los enfermos y otra serie de gastos que son más cuantiosos cuanto más alejada esté esa vivienda del núcleo habitado más próximo.

En ese sentido indican que “no puede ir Revilla a Madrid a pedir más dinero para la comunidad argumentando que los gastos públicos son muy superiores a los que tiene cualquier otra, por su población diseminada, y al mismo tiempo hacer una ley para agravar el problema”.

La mayoría de los ayuntamientos cántabros siguen sin haber adecuado su planeamiento a la ley nacional de 2001. FOTO. RAMIRO SILVESTRE

Dos modelos de urbanismo

El anteproyecto de esta ley de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA) ha sido entregado a un puñado de colectivos para que manifiesten su opinión, pero el PRC confía en llevarlo al Parlamento regional en noviembre o diciembre. Ni siquiera parece preocupado por la posibilidad de que su socio de Gobierno no esté de acuerdo, lo que indica que su intención es tramitarlo ocurra lo que ocurra, porque allí podría negociar los votos del PP para sacar la ley adelante.

La Consejería asegura que lo único que pretende el nuevo texto es agilizar la tramitación urbanística “sin perder las garantías del procedimiento y de protección de determinados valores” y justifica la reforma que propone en las restricciones del suelo “porque hay dos Cantabrias muy diferenciadas, una muy urbana, con 20 o 30 núcleos principales, que han ido creciendo mediante suelos urbanos y urbanizables, y otra mucho más rural, de ayuntamientos pequeños, en los cuales ese modelo de equidistribución de beneficios y cargas, de hacer planes parciales, resulta inviable para su crecimiento ordinario”, explicó Gochicoa pocos días antes de su accidente. De ahí que pretenda un modelo de crecimiento distinto para unos y otros.

Esta dualidad va a causar algunos resquemores inevitables. Los ayuntamientos que cumplieron su obligación y elaboraron y aprobaron un planeamiento urbanístico ahora estarán sometidos a esa norma, siempre restrictiva, y los que no lo hicieron, tendrán mucha más libertad para autorizar las construcciones de sus vecinos. 

Las principales novedades

El anteproyecto del PRC reduce o elimina las cargas administrativas y acorta la tramitación urbanística. Además, plantea una nueva regulación del suelo urbano: desaparece la distinción entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado y se reduce a una única categoría de suelo urbano.

Además, los núcleos rurales dejarán de ser considerados como suelo urbano para pasar a ser una categoría de no urbanizable.

De este modo, los núcleos de población de la región se dividirán en urbanos o núcleos rurales. Los primeros podrán crecer mediante el desarrollo de sectores de suelo urbanizable o en las corolas del suelo urbano. Serán los PGOU los que decidan una u otra opción.

Por su parte, los núcleos rurales solo podrán crecer con viviendas unifamiliares, para las que únicamente se pide que estén adaptadas a ese entorno.

El Gobierno también pretende agilizar la aprobación de los planes urbanísticos mediante la reducción de los trámites y plazos burocráticos y se incorpora la última regulación aprobada por unanimidad en el Parlamento regional sobre Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria de cara a agilizar la aprobación y la adaptación de los planes generales al Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Así, se establece una nueva regulación en la tramitación de los PGOU y, como principal novedad, elimina la necesidad de someterlos de nuevo a exposición pública antes de su aprobación provisional.

Para reducir la carga administrativa que soportan los municipios, a la hora de tramitar los nuevos planes urbanísticos, también se encomendará a la CROTU la misión de solicitar todos los informes sectoriales necesarios para, posteriormente, remitírselos al ayuntamiento.

En cuanto al régimen de las licencias y autorizaciones, se regula la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen las licencias de obra de pequeña entidad, que no supongan incrementos de volumen o que no requieran de proyectos técnicos en suelos urbanos.

Igualmente, podrán autorizar la primera ocupación de viviendas mediante una mera declaración responsable, si bien deberá ir acompañada del certificado fin de obra del técnico que las ha dirigido, además de otro de un organismo de control autorizado.

Para aligerar el régimen de las autorizaciones previas para construir en suelo no urbanizable, cuando la competencia sea de la CROTU, se tramitarán directamente ante este órgano.

Asimismo, se regula la necesidad de que, antes de la aprobación inicial de los PGOU, la CROTU emita un informe vinculante sobre la delimitación del suelo urbano y el crecimiento previsto, con lo que se evitará que estos informes lleguen al final del proceso, como ocurre ahora.

Viviendas en suelo no urbanizable

Respecto a las viviendas en suelo no urbanizable, el Gobierno regional propone autorizarlas en las denominadas Áreas de Crecimiento Controlado, que estarán situadas en el borde de determinados núcleos urbanos y rurales.

Además, se establece un régimen transitorio que permitirá la construcción en suelo no urbanizable de protección ordinaria, en las corolas del suelo urbano, siempre que el PGOU no disponga el crecimiento del núcleo mediante suelo urbanizable o cuente con menos de 250 viviendas.

En los municipios en riesgo de despoblamiento este régimen transitorio no tiene limitación y tampoco se fija un tamaño mínimo de parcela para la vivienda.

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