Editorial
España es un país lleno de candidatos a ministro de Economía, porque en las charlas de café cuadra casi todo, pero la consejera cántabra o el ministro Guindos probablemente no lo tengan tan fácil como ellos. Saben que por cada euro que ahorran aparece un potencial afectado y va a disminuir en treinta o cuarenta céntimos su futura recaudación fiscal, porque ese dinero que no sale al mercado no genera ivas, irpfs o sociedades, así que no es fácil decidir si es mejor ahorrar y morir por consunción o gastar y que otros nos muelan a palos. Ante esta duda tan corrosiva, que nadie vaya a buscar amparo en los premios Nobel de Economía, porque los que se han manifestado hasta ahora sobre la crisis española van empatados: la mitad pone como condición absoluta el reequilibrio fiscal y la otra mitad advierte que sin políticas de estímulo esto va a peor y no se va a acabar nunca. Como para defender que los técnicos sabrían lo que hay que hacer mejor que los políticos. Pero es bien sabido que el mundo va como va porque los ignorantes están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas.
El penúltimo ajuste que ha propuesto Rajoy, el de los 10.000 millones, puede que sea imprescindible pero provocará una caída adicional del 1% en el PIB (los Presupuestos ya suponían el 1,5%). Con decrecimiento y una economía sobreendeudada es fácil imaginar por qué no se fían los mercados. Claro que si hacemos exactamente lo contrario, tampoco se fiarán. Es un juego tramposo que no deja muchas salidas, salvo esperar que un repentino e improbable crecimiento de la economía internacional extienda hacia nosotros sus ondas benéficas y nadie garantiza que sobrevivamos hasta entonces.
Pero no podemos quejarnos de lo que hacen otros cuando aquí cada uno intenta salvar lo suyo. En abril, Rajoy ha decidido recortar gastos de las autonomías que tenían presupuestados –y en alguna medida ejecutados– desde enero, sin previo aviso y en asuntos que escapan de su soberanía, como la sanidad o la educación. Podría haber suprimido esos dos ministerios, lo que sí está en su mano, o dejarlos como meras oficinas coordinadoras, dado que casi todas sus funciones están transferidas, pero ha preferido trasladar el problema a otros.
Tampoco parece muy leal con las comunidades revisar el impuesto de Sociedades y no hacerlo con el IVA hasta el año que viene. El Gobierno se justificaba en no querer penalizar a las clases más populares, pero a la vista de otras decisiones posteriores podíamos ser mal pensados y suponer que al suprimir deducciones en Sociedades se queda con toda la recaudación añadida –porque este impuesto va exclusivamente a las arcas estatales– y, en cambio, si subía el IVA, la mitad se lo quedarían las autonomías, que participan en el reparto. Tal como están las cosas, aquí no hay amigos de partido. Cada cual que se busque la vida y, a ser posible, que ni llame a La Moncloa.
