150 empresas en precario

A medida que avanzan los trabajos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en nuestra costa, los cántabros descubren con sorpresa que no es la continuidad de chiringuitos a pie de playa lo que está en juego, sino la estabilidad de buena parte del tejido productivo asentado en numerosos polígonos que se han construido en terrenos muy cercanos al mar. Recintos industriales como los de Santoña, Colindres, Heras, Boo, El Astillero o Requejada se están viendo afectados en mayor o menor medida por la delimitación que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente para recuperar espacios de dominio público que el tiempo o la costumbre había acabado por considerar privados.
No es el único motivo de preocupación que genera en muchos empresarios la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Hay otras empresas que ocupan suelos cuyo carácter público nunca fue puesto en duda, bajo el régimen de concesión, cuya caducidad se ha limitado sensiblemente en el reglamento que desarrolló la Ley de 1988, incluso en el caso de las otorgadas antes de su entrada en vigor, para las que fijó una vigencia de treinta años. Una limitación que en 1988 aún se veía razonablemente alejada pero que ya está muy cercana y hará que en 2018 vuelvan al Estado todas las concesiones otorgadas en terreno público marítimo terrestre.
¿Que pasará después de esa fecha con el polígono de Raos? Según la Ley, habrá que desmantelarlo y su espacio podrá ser ocupado por el Puerto de Santander, al que no le afecta la Ley de Costas. Pero los empresarios allí asentados llevan años tratando de combatir lo que consideran una arbitrariedad que tiene dramáticas repercusiones para el futuro de sus empresas. Y si están especialmente sensibilizados con este tema es porque la Autoridad Portuaria les recuerda con frecuencia que los terrenos que pensaban ocupar hasta 2064 –según la concesión por 99 años que se otorgó en su día a la sociedad urbanizadora Actimarsa– revertirán al Puerto santanderino en 2018, sin que la Ley de Costas contemple ninguna indemnización. Una posibilidad que pone en pie de guerra a las 150 empresas instaladas en Raos.

Un polígono histórico

Aunque las pretensiones de la Autoridad Portuaria sean del todo legales, la creación del polígono de Raos tuvo mucho que ver con el propio puerto y con la decisión de expandir sus instalaciones hacia el interior de la bahía. La zona elegida carecía de terreno sobre el que ubicar almacenes e industrias que pudieran complementar y beneficiarse del tráfico portuario y el primero en darse cuenta de ello fue un jurídico de la Armada, Marcos Ruiloba, destinado entonces en la Comandancia de Marina de Santander. Apoyado por algunos amigos e inversores como Julio Bartolomé Lanuza o Rafael Yllera Cacho, Ruiloba consiguió que el Ministerio de Obras Públicas otorgase en 1965 a Actimarsa (Actividades Marítimas Sociedad Anónima) una concesión para el cierre, saneamiento y relleno de 350.000 metros cuadrados de la marisma situada al sur de la dársena central del actual Puerto de Raos.
La concesionaria dilató hasta 1982 la conclusión del polígono que se construyó sobre el terreno desecado. Hasta esa fecha no pudieron empezar a ocuparse las parcelas, aunque la urbanización del polígono dejó mucho que desear. Los accesos resultaron estrechos para el movimiento de camiones, los viales pronto se llenaron de baches, que la concesionaria nunca estuvo dispuesta a reparar, aunque formaba parte de las contraprestaciones comprometidas a cambio de una cesión gratuita de suelo público, y las acometidas de servicios básicos en muchos casos quedaron por hacer y en otros fueron francamente deficientes. Estas razones, unidas a la fuerte crisis económica que vivió el país a finales de los años 70 y comienzos de los 80 hizo que la acogida inicial del polígono fuese bastante mala, a pesar de que Raos era prácticamente el único lugar al que podían recurrir los empresarios santanderinos que quisieran sacar sus negocios del casco urbano para expandirlos o para reubicarse, a medida que la vida ciudadana los expulsaba del centro.

Diversidad

Pese a ser una concesión con vida limitada y a las deficiencias de urbanización, el suelo no resultó barato, con precios que a mediados de la década de los ochenta alcanzaban las seis mil pesetas (36 euros) el metro cuadrado. Todos esos factores retrasaron su ocupación pero, con el tiempo, su privilegiada ubicación pesó más que los defectos del polígono y el recinto de Raos se fue llenando. De los 250.000 m2 parcelados sólo quedan ya unos diez mil sin construir.
La proximidad a la capital y la ausencia de alternativas acabó por convertir este polígono en un poderoso reclamo para pequeñas y medianas empresas con actividades muy variadas y cada vez menos vinculadas al mundo portuario. Tan diversas que no existe en Cantabria un recinto industrial tan heterogéneo como el de Raos. Con parcelas que van desde los 19.000 metros cuadrados de Marino de la Fuente, que fue la primera empresa en asentarse, hasta los modestos 500 metros que ocupan algunos pequeños almacenes, en Raos se pueden encontrar consignatarias, distribuidoras de materiales de construcción, firmas de alimentación, una empresa textil, imprentas, editoriales, talleres de automoción, metalúrgicas, almacenes de ferretería y de maderas, fabricantes de basculantes para camiones, venta de muebles de cocina, náutica deportiva, fabricantes de ascensores y la sede de varios medios de comunicación: Televisión Española, Radio Nacional de España y Aquí TV.
Hasta un crematorio se ha ubicado recientemente en Raos, el que Funeraria La Montañesa no pudo construir en su tanatorio de El Alisal, por impedirlo el planeamiento del Ayuntamiento de Santander; un ejemplo más del heteróclito contenido de este peculiar recinto, tan distinto de los parques empresariales monotemáticos que se han puesto de moda.
Unas 2.800 personas acuden cada día a trabajar al polígono de Raos. Esos son los empleos directos de las empresas establecidas y sobre cuyo futuro pende la sombra de una Ley de Costas que ha recortado sustancialmente el plazo de permanencia sobre este terreno ganado al mar con el que creían contar los concesionarios.

Lucha contra el tiempo

La suerte del polígono de Raos comenzó a cambiar cuando en 1995 el Ministerio de Obras Públicas decidió convertirlo en zona de servicios portuarios pensando en las futuras necesidades de expansión del puerto santanderino. Aquella afectación supuso años después un dramático cambio para las expectativas de los empresarios allí asentados. En realidad, el problema ya estaba anunciado desde la promulgación de la Ley de Costas de 1988 y, sobre todo, de su Reglamento, que recortaba los plazos de la concesión, aunque la lejanía de la fecha prevista (2018) había puesto sordina a la reacción de los empresarios afectados.
Dos iniciativas de la Autoridad Portuaria en la etapa en que estuvo presidida por Javier del Olmo les sacaron de su letargo: el envío de una carta comunicándoles que en 2018 el polígono pasaría a ser propiedad del Puerto y la decisión de aplicarles unas tasas apoyándose en la Ley de 2003 que regula el régimen económico de los puertos de interés general y los espacios concesionales. No solo se les “expoliaba”, según la expresión que utilizan los propios empresarios, del derecho a permanecer hasta 2067 en el polígono, que era lo pactado en la concesión original, sino que se les sometía a una doble imposición. Las empresas ubicadas en Raos ya venían pagando el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) al Ayuntamiento de Camargo y las tasas que les empezó a cobrar el Puerto por ocupación del dominio público y por su aprovechamiento para actividades comerciales aumentaban la fiscalidad anual para el conjunto en unos tres millones de euros.
La queja por la presión del Puerto sobre el polígono llegó hasta el Parlamento cántabro, que en 2007 y por unanimidad de los tres partidos, aprobó una moción solicitando al Ministerio de Fomento su desafectación. Una petición que fue rechazada basándose en la necesidades del Puerto para que esa zona siga estando al servicio de su futura expansión. Perdida, al menos de momento, esa batalla, los empresarios se han centrado en otra mucho más importante para su futuro: la modificación de la Ley de Costas, para que se respeten los plazos iniciales de la concesión. Una amenaza de recorte que ya causa daños en la trayectoria de sus negocios.

La solución pasa por una reforma legal

Los empresarios se quejan de que no podrán recurrir a los tribunales para defender su derecho a continuar en Raos hasta el final de la concesión, puesto que el desalojo todavía no se ha producido. En cambio, la perspectiva de que el Puerto reclame ese suelo en 2018 ya les está afectando financieramente: “El respaldo que te dan unas instalaciones ha desaparecido” –señala el presidente de la asociación de concesionarios de Raos, Francisco Meng–. “Vas al banco a pedir un crédito hipotecario y te dicen que no, porque para el banco ésto no vale nada”.
El agotamiento de la concesión también pesa como una losa sobre la transmisión de las empresas. Nadie quiere comprar naves que tienen los días contados y la propia continuidad de los negocios –en muchos casos familiares– en manos de otra generación está llena de incertidumbre. Ya se han producido casos de empresas que han desaparecido al jubilarse el dueño y no encontrar comprador.
Cerrada por el momento la vía judicial, los empresarios de Raos han depositado todas sus esperanzas en una iniciativa legislativa de una senadora cántabra por el PP, Leticia Díaz. Iniciativa de la que han sido sus inspiradores y a la que han aportado toda la experiencia y los informes jurídicos reunidos en años de intensa oposición a la Ley de Costas. El objetivo que se persigue es eliminar la retroactividad de la ley, establecida en el reglamento que la desarrolla: “Lo único que pedimos es que la concesión se lleve a término”, subraya Jaime Piris, propietario de la empresa Yates & Cosas y uno de los más activos defensores del polígono de Raos.
En la proposición de ley que se discutirá en el Senado, se establece que las concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas se mantengan inalterables en tanto se aprueba un instrumento de planificación específico que, o bien ratifique la concesión o la declare extinguida, aunque, en este caso, con el importante matiz de que los afectados obtengan una indemnización. Una previsión que no se contempla en la Ley de Costas cuando recorta discrecionalmente la duración de las concesiones previas a su entrada en vigor.
El próximo 17 de septiembre concluye el plazo de presentación de otras proposiciones de ley sobre esta misma materia y será a partir de entonces cuando se debata y se vote esta iniciativa legal en la que tantas esperanzas tienen puestas los empresarios de Raos. Sobre todo, porque podrían sumarse otros grupos parlamentarios a un planteamiento que en Cantabria también cuenta con el respaldo de los dos sindicatos mayoritarios y sobre el que, sin embargo, todavía no se ha pronunciado la CEOE.
De lograr su objetivo, los empresarios de Raos no solo habrán logrado despejar la amenaza que se cierne sobre sus negocios, sino que, de paso, habrán contribuido a salvar el futuro de otras empresas y explotaciones ganaderas costeras con concesiones otorgadas antes de la polémica Ley y a las que les asiste el derecho de agotar los plazos que se les concedieron en su día o, cuando menos, a ser indemnizadas si el interés público hace necesaria la recuperación del terreno de dominio público sobre el que se asientan.