Cuando con más dinero no es bastante

Rechazaría alguien un aumento de sueldo cuando está muy apurado para llegar a fin de mes, aún a costa de algunas incertidumbres sobre el componente variable de ese aumento? Pues eso es lo que ha ocurrido con las comunidades autónomas. Asfixiadas como están, “agarran el dinero y corren”, en expresión gráfica de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Pero, como ocurre en muchas empresas, nadie sabe muy bien lo que cobran los demás y se limitan a intuirlo por la cara de cada uno. Paradójicamente, Cantabria no ha puesto una sonrisa de oreja a oreja a pesar de ser la comunidad que obtiene más dinero por habitante y la razón es entendible: ya partía de esta posición privilegiada y otras, proporcionalmente, ganan más con el nuevo sistema, aunque el cálculo exacto es muy complejo.
Los arcanos de la financiación autonómica no se han desvelado todavía. Ni lo ha hecho el Gobierno ni lo han hecho las autonomías. Ninguna sabrá exactamente lo que va a recibir hasta que se haga la liquidación de la recaudación fiscal y pasarán dos años para ello. En realidad, lo único claro es cómo se repartirán los 11.000 millones que el Gobierno añadió a última hora para hacer un ajuste grueso destinado a contentar a la mayoría, empezando por Cataluña.

150 millones a devolver

El sistema de responsabilidad fiscal hace que las comunidades autónomas sean corresponsables de la recaudación del Estado, al participar en los impuestos del IRPF y del IVA, hasta ahora con un 30% y, en adelante, con un 50%. También crece su participación en los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, del 40% al 58%. Eso tiene un riesgo evidente: cuando la recaudación sube y lo hace tan espectacularmente como en 2006 o en 2007, el reparto es muy saneado, pero cuando baja las expectativas pueden ser dramáticas y ese escenario ya se ha podido constatar. Los ingresos por IRPF de 2008 aparentemente han seguido subiendo, aunque con menos brío, pero los del IVA, el primer impuesto en notar el cambio de tendencia económica, han tenido un retroceso notorio. Eso provocará, por ejemplo, que Cantabria tenga que devolver 150 millones de las cantidades entregadas a cuenta por el Estado, lo que va a suponer un sacrificio muy notable para las arcas regionales. Tanto que ha habido que pactar una fragmentación de la devolución en cuatro ejercicios.
El problema puede multiplicarse a partir de ahora ya que en lo que va de año la recaudación del IRPF se ha reducido un 19,2% y la del IVA un 35%. Y resultará mucho más grave aún si la crisis continúa lastrando los ingresos fiscales de los próximos ejercicios, porque las autonomías tienen muy poca elasticidad para reducir sus gastos. Si se exceptúan las inversiones directas y algunas líneas de subvenciones, que podrían suprimirse con muchas dificultades, el resto de los gastos prácticamente se consolidan un año tras otro.
No sólo es pequeño el margen de actuación, sino que hay un gasto que tiende a dispararse, el de los intereses, como consecuencia del fortísimo incremento del endeudamiento y el pago por el uso de edificios o instalaciones construidos con capital privado.

Retrasos en los pagos

En estas circunstancias, y aunque el nuevo sistema de financiación autonómica va a suponer un alivio general, el horizonte no ha quedado precisamente despejado. Algunas de las empresas y entidades públicas del Gobierno, como el Hospital Valdecilla o el parque de Cabárceno están pagando a sus proveedores con un año de retraso; las farmacias han visto como se dilatan los plazos para cobrar el importe de las recetas y algunas partidas finalistas (cantidades que el Estado envía con un fin muy determinado) se están utilizando coyunturalmente para otros pagos.
En realidad, no es muy distinto de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, donde incluso se ha recurrido a la picaresca. Varias gobernadas por el PP se están negando a entregar datos concretos sobre los atendidos por la Ley de Dependencia y existe una sospecha fundada de que su intención no es evitar, como dicen, incumplir la Ley de Protección de Datos, sino exigir del Estado más dinero del que realmente están gastando, con añagazas como presentar calificaciones de dependencia más altas de las que otorgan en la práctica; pedir prestaciones por personas que ya están fallecidas o, simplemente, inflando las cifras. Un panorama, el de las administraciones que se engañan entre sí, que parecería más propio de la Italia profunda.
La nueva financiación autonómica va a reducir la horquilla entre las comunidades que más ingresos del Estado perciben por habitante y las que menos, lo que produce un cierto retroceso en la política de solidaridad que ha venido trasladando renta desde las comunidades más ricas a las más pobres y que, en parte, se basaba en el oscurantismo sobre las balanzas interterritoriales. CiU se ha pasado décadas exigiendo a los distintos gobiernos estas cifras para tener constancia exacta de lo que pagaba Cataluña y de lo que recibía. Hace algunos meses, el Gobierno Zapatero por fin hizo públicas estas balanzas autonómicas y, como cabía esperar, la que más aporta (Cataluña) hizo notar su escasa disposición a mantener la misma generosidad sufragando las autovías gratuitas de otros mientras su propia red está formada por autopistas privadas, de pago.
Por esta vía, Cantabria ha venido recibiendo nada menos que el 2% de su PIB de otras regiones más desarrolladas, una transferencia anual de alrededor de 300 millones de euros que ha resultado vital para recuperar puestos en el escalafón nacional de renta. El nuevo sistema, aunque sólo valora la dispersión poblacional en un 0,6% y pondera bastante menos el envejecimiento que la población escolar, lo que obviamente le perjudica a Cantabria, no puede considerarse malo para los intereses de la región.
La comunidad volverá a estar en lo alto del ranking a la hora del reparto por habitante, con 3.350 euros, la cuantía más elevada entre todas las autonomías, a cierta distancia de la segunda, La Rioja. El que dos autonomías uniprovinciales estén al frente del reparto es producto de unas circunstancias de población escasa y dispersa, lo que hace que la sanidad o la educación resulten más caras por habitante que en las densamente pobladas.

Menos endeudados que el resto

A pesar de que las cifras son provisionales y hasta 2012 no se sabrá con toda certeza lo que va a recibir cada comunidad, el modelo parece aceptable para Cantabria en términos generales. Asturias, con circunstancias geográficas y poblacionales muy parecidas, va a recibir 2.997 euros per capita, 350 menos.
También es razonablemente satisfactorio si se compara la situación financiera de la región con la de otras comunidades. Por ejemplo, los 500 millones de euros que se le han añadido a Baleares fuera de valija, aunque sean muchos más que los 110 de Cantabria, no le servirán para salir de apuros, ya que acumula una deuda de casi 2.500 millones, muy superior a la de Cantabria (407 millones), la menos endeudada en términos absolutos y relativos.
Aunque la nueva financiación será una ayuda, para la mayoría de las comunidades va a ser muy difícil no superar el techo de déficit presupuestario del 1% que les ha admitido el Gobierno. No obstante, los mecanismos son bien conocidos: tendrán que reducir los gastos o incrementar los ingresos subiendo los impuestos, pero ninguna de las dos cosas resulta sencilla.