Cantabria concentra 2.510 pisos turísticos ilegales de los 65.000 por los que Consumo sanciona a Airbnb

El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 64 millones de euros a Airbnb, la segunda mayor penalización de esta Administración a una empresa privada, por la publicación de 65.122 anuncios de viviendas turísticas ilegales en su plataforma. Del total de estas viviendas vacacionales, Cantabria concentra 2.510, la mayoría de ellas (2.486) sin la inscripción obligatoria desde julio en la Ventanilla Única Digital. 

La multa interpuesta por el departamento que encabeza Pablo Bustinduy -y que la compañía ha anunciado que recurrirá- se debe a una infracción grave por prácticas comerciales desleales, siendo la cuantía equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma como consecuencia de las prácticas sancionadas.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. «El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos», explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero «ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024». Es decir, la multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair.

Airbnb considera «contraria al marco legal español y europeo» la multa y recuerda que la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, «por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas».