El Gobierno catalán estudia «a fondo» prohibir compras de viviendas especulativas, auque admite la dificultad

Albiach (Comuns) afirma que será un tema central en una eventual negociación de Presupuestos

BARCELONA, 5

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que el Govern estudia «a fondo» la posibilidad de prohibir las compras de vivienda con fines especulativos en Cataluña, pero ha avisado de que no es sencillo desde el punto de vista jurídico.

Así se ha manifestado durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, que ha hecho referencia a un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que avalaría jurídicamente esta medida, y a la proposición de ley que su grupo ha presentado en este sentido.

Illa ha explicado que ha leído el informe y que ha encargado otros, ha afirmado que no le temblarán las piernas a la hora de garantizar el derecho a la vivienda, y que trabajarán con los grupos de la Cámara que tengan interés en este tema: «Siempre que sean planteamientos realistas, verosímiles, y que tengan cabida en nuestro marco jurídico».

Albiach ha replicado que «el trabajo jurídico ya está hecho», y que es el momento de poner la medida en marcha, y ha advertido al presidente que, si pretende negociar con los Comuns los Presupuestos para 2026, deberá cumplir los pactos pendientes con su formación, y que la prohibición de las compras especulativas será un tema central en la mesa, en sus palabras.

ALQUILER DE TEMPORADA

En su respuesta al líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, Illa ha destacado medidas que su Govern ya ha impulsado en vivienda, como el plan para adquirir 50.000 viviendas protegidas, la limitación de los pisos turísticos en algunos municipios, los préstamos a jóvenes para compra o el plan para construir 214.000 pisos mediante la movilización de solares.

Además, ha deseado que prospere la iniciativa en el Parlament para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, que Junts y PP han llevado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), y pedido «el apoyo de todo el mundo» a la medida.