El pleno de Santander aprueba la Zona de Bajas Emisiones que no entrará en vigor hasta el 31 de diciembre

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este martes inicialmente la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con lo que restringirá el acceso del tráfico a unos 200.000 metros cuadrados del centro de la ciudad para recibir unos dos millones de euros.

La alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual (PP), ha defendido que Santander «no está contaminada y yo no soy de prohibir», pero como dicha ley le pone en la tesitura de «o delimito o pierdo fondos», la regidora ha optado por implantar la ZBE porque «aquí no se pierde ni un euro», ha dicho.

La votación ha salido adelante con los votos del PP, en contra de Vox, PRC e IU, y la abstención del PSOE.

Igual ha afirmado que esta «obligación legal» hace que el Consistorio acote unas zonas que «aún no estando contaminadas, tenemos que decretar y delimitar». Asimismo, ha considerado «injusto» restringir el tráfico rodado, pero «si no lo tenemos antes del 31 de diciembre, no podemos optar a los fondos del transporte», esa fecha es en la que entrará en vigor la ordenanza, según lo previsto por el Ayuntamiento de la capital cántabra.

En esta línea, ha criticado al Gobierno central (PSOE-Sumar) «que bastante nos machaca como para desperdiciar fondos».

Una vez delimitado el perímetro desde la calle Lealtad hasta Puerto Chico y desde El Sol o Santa Lucía hasta el Paseo Pereda, el Ayuntamiento se ha centrado en elegir la limitación horaria. La alcaldesa ha explicado que «parece lógico que el horario sea de lunes a viernes y de 8 a 19 horas».

Sobre los parámetros que determinan la presencia de contaminación, ha sostenido que «un incendio, las calefacciones o la entrada a un barco o unos fuegos artificiales pueden hacer que se trastoquen».

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha definido la propuesta como «vacía de contenido» porque es «insuficiente desde el punto de vista medioambiental y, además, puede ser ilegal o susceptible de sanciones» por parte de la Fiscalía. También ha exigido que se realice un proceso de participación ciudadana.

Los socialistas habían pedido «un proyecto mayor», con un transporte público «reforzado», carriles bici segregados, seguridad para los peatones, menos ruido, menos emisiones, aparcamientos disuasorios y aparcamientos en altura para residentes. Para ello, han solicitado un plan de movilidad, que se localicen los solares vacíos y un estudio de viabilidad del aparcamiento en altura.

Por otro lado, el portavoz regionalista, Felipe Piña, ha solicitado de nuevo la comarcalización del Transporte del Arco de la Bahía y el cumplimiento la ley de protección de datos por «todas esas cámaras que nos van a grabar». Asimismo, ha lamentado el rechazo a realizar una evaluación ambiental cada seis meses.

Por ello, Piña ha indicado que esta ZBE no soluciona «una insuficiencia tremenda en los retos sociales que tienen que ver con la reducción de emisiones» y ha manifestado que «han tomado la directriz de ir a salvar los muebles y no perder las ayudas».

Por su lado, la portavoz de Vox, Laura Velasco, también ha negado la contaminación y ha dicho que la alcaldesa «ha rehusado defender los intereses de los santanderinos» ante una «imposición es del Gobierno de Pedro Sánchez».

Velasco ha señalado la ZBE como «una estafa pseudoambiental que suele buscar recaudar a costa del más débil, del vecino, del comerciante, del autónomo, de la clase media y trabajadora» y ha apostado por una solución a través de ayudas directas a la compra de vehículos. Además, ha pedido explicaciones sobre la flota del TUS, que «sólo» cuenta con 26 autobuses eléctricos o híbridos.

Por otra parte, el concejal de IU Keruin Martínez ha señalado la salud de los santanderinos porque «Santander es una ciudad contaminada o muy contaminada y ha pedido medidas en los entornos escolares donde «los niveles de contaminación y de ruido se combinan con tráfico intenso y falta de seguridad», así como en entornos hospitalarios. Más allá, ha criticado que «el Ayuntamiento ni siquiera contempla un plan real para proteger a la infancia» traduce en privatizar beneficios y socializar pérdidas» y ha lamentado que «el estado en el que están las infraestructuras e instalaciones deja mucho que desear» y que el Consistorio no deja «el dinero en el bolsillo de los santanderinos, sino en el bolsillo de las empresas amigas». Por ello, ha solicitado una auditoría y una encuesta de satisfacción para ver qué opinan los santanderinos.