Bildu lleva una ley al Congreso para prohibir a las plataformas anunciar apartamentos turísticos ilegales

Propone multas de hasta un millón de euros para las plataformas que publiciten estos alojamientos

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia.

Mediante su propuesta legislativa, los abertzales pretenden poner coto al «fenómeno incontrolado» de los alojamientos turísticos, cuyas «nefastas consecuencias» han contribuido a la gentrificación de los barrios y ciudades, a la expulsión del vecindario y al aumento del turismo masivo.

EH Bildu explica que los ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, bien sea por falta de recursos en algunos casos o por una permisividad manifiesta en otros.

Según relatan, las personas arrendadoras han aprovechado para seguir anunciando y contratando alojamientos sin licencia, lo que ha permitido que el mercado ilegal de alojamientos turísticos «haya proliferado sin control». Por este motivo, la formación ha presentado una ley para establecer también sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler.

Es decir, aunque las comunidades y los ayuntamientos seguirán estableciendo sus normativas y condiciones sobre los pisos turísticos y sus arrendadores, las plataformas digitales también serán legalmente responsables de que los alojamientos anunciados cuenten con registro o licencia válida, de acuerdo con la normativa autonómica o municipal correspondiente.

Bildu explica que en la actualidad los anuncios irregulares solo se retiraban tras «complejos procesos judiciales» o mediante peticiones voluntarias a estas empresas, dejándolo a voluntad de las mismas. Sin embargo, la ley establece que esos alojamientos ya no podrán anunciarse si no cumplen con los requisitos legales, lo que consideran la forma «más rápida y efectiva» de terminar con los alojamientos ilegales y asegurar que no vuelvan a ponerse en el mercado.

PROPOSICIÓN DE MULTAS

La proposición legislativa también desarrolla un régimen sancionador sobre las empresas que incumplan los requisitos y preceptos de la norma, como la publicación de alojamientos ilegales y su contratación e incluyendo casos de uso de registros falsos u ocultación de la identidad jurídica de los arrendadoras.

Las multas pueden ascender hasta el millón de euros si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También si se permite la contratación del alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión.

Esta nueva normativa legal se sustentará en herramientas y mecanismos recogidos en el ordenamiento jurídico estatal y europeo como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos, el Reglamento UE sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, o los marcos normativos sobre publicidad.