La PMcM alerta que la morosidad empresarial en España es una «bomba de relojería» que la UE quiere desactivar

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado del carácter «estructural y generalizado» de la morosidad empresarial en España, actitud que ha comparado con «una bomba de relojería que la Comisión Europea quiere desactivar».

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha denunciado que pagar tarde se ha institucionalizado, si bien considera que para algunas empresas «es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores».

«En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, esta situación supone una amenaza sistémica para su supervivencia», ha asegurado.

Según datos del Banco de España, en el segundo semestre de 2024 el plazo medio de pago entre las empresas cotizadas alcanzó los 136 días y, concretamente, sectores como Información y comunicaciones y Resto alcanzaron cifras de 252 y 309 días, respectivamente, lejos del límite legal de 60 días.

MARCO LEGAL ACTUAL

A ello se suma, según Cañete, la «ineficacia» del marco legal actual, pues en su opinión, la Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago entre empresas y administraciones, «carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos».

«Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos, y los controles sobre los pagos a subcontratistas, previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, son insuficientes o inexistentes», ha explicado.

Frente a este escenario, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo reglamento que aspira a sustituir la directiva vigente y que sería de aplicación directa en todos los Estados miembro, sin necesidad de transposición.

Su versión original proponía un plazo único de pago de 30 días naturales, un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión.

Durante su tramitación en el Parlamento Europeo, se han introducido algunas excepciones sectoriales que podrían alargar los plazos en situaciones justificadas, como en el caso de productos de baja rotación o estacionales.

La PMcM ha considerado que, aunque estas excepciones pueden responder a ciertas realidades económicas, también «corren el riesgo de debilitar el objetivo principal: erradicar la cultura del pago tardío en Europa».

El texto se encuentra ahora en fase de discusión en el Consejo Europeo, donde las diferencias culturales y económicas entre países han generado posiciones enfrentadas.