Cantabria dará avales a menores de 45 años para comprar su primera vivienda
El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha en 2026 una línea de avales para facilitar a los menores de 45 años comprar su primera vivienda y modificará la Ley de Derechos y Servicios Sociales para hacer «compatible temporalmente» el cobro de la Renta Social Básica (RSB) con ingresos laborales.
La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho ambos anuncios en su intervención este jueves en el Debate de Orientación Política 2025 que se celebra en el Parlamento.
Sobre los avales, ha detallado que se va a crear una línea de avales públicos para facilitar la compra de la primera vivienda dirigida a menores de 45 años con ingresos medios, al tratarse de «un importante sector de población que no puede acceder a una vivienda en propiedad».
Ha avanzado este aval del Gobierno se implantará el próximo año 2026 y será del 20% del precio de adquisición de la vivienda, que «es la barrera que encuentran las familias para acceder a un préstamo hipotecario y cumplir sus expectativas».
En cuanto al proyecto para compatibilizar la RSB con ingresos laborales de forma temporal, ha asegurado que se trata de «un proyecto pionero» con el que se busca la «activación laboral» de las personas perceptoras de esta ayuda.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende que la RSB deje de ser «solo un salvavidas» para «convertirse en una palanca real de inclusión», ha dicho Buruaga.
De forma simultánea a la compatibilidad de la RSB con ingresos procedentes del empleo, ha detallado que el Gobierno pilotará el proyecto en varios municipios a través de los equipos de atención primaria y las oficinas de empleo.
«Se trata de acompañar, formar y facilitar el acceso al empleo de estas personas, para que puedan reducir progresivamente su dependencia de esta prestación y recuperar el control de sus vidas y su reinserción laboral», ha apuntado la presidenta.
En este punto, ha recordado que en 2024 se comprometió a mantener la prestación complementaria del 15% de la Renta Social Básica y ha detallado que, en el último año, «más de 3.200 personas se han beneficiado de este refuerzo, con una media mensual de 1.781 beneficiarios».
REACTIVACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA
En materia de vivienda, la presidenta ha reivindicado la reactivación de la oferta de vivienda protegida en Cantabria con el «plan más ambicioso de la historia» de la región y que contempla que, al acabar la legislatura, para mediados de 2027, estén construidas 285 viviendas de alquiler asequible en nueve municipios, viviendas a las que se sumarán otras 250 de promoción pública en el Campón de Peñacastillo.
«En apenas dos años, hemos abierto el camino para la construcción de 535 viviendas públicas a precios asequibles. Nos comprometimos a duplicar el parque público y ahí están las cifras: 535 nuevas viviendas, sobre las 406 actuales. Un 132% más», ha dicho. Además, ha indicado que, a las anteriores, se sumarán otras 24 adicionales en Cazoña.
DERRIBOS
También ha hablado de los derribos y de las casi 500 familias «presas en una situación de insoportable incertidumbre», y frente a lo que el Gobierno tiene una «hoja de ruta, con respuestas reales y efectivas» como son las 63 viviendas de sustitución finalizadas en Arnuero y los tres chalets de Argoños y lo serán las 15 viviendas en construcción en Escalante.
Y, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, ha asegurado que desde el Ejecutivo «vamos a responder de inmediato a los propietarios de las 120 viviendas afectadas en Argoños».
«No vamos a dejarlos abandonados, ni a seguir prolongando la agonía de las víctimas, a las que hemos ofrecido la alternativa de la vivienda de sustitución o la indemnización», ha señalado la presidenta.
Así, ha indicado que el Fondo de Derribos cuenta con una partida de más de siete millones ampliables para «garantizar una solución rápida y definitiva».
Y, además, ha anunciado que el Gobierno ya tiene disponibles las parcelas y su compromiso es que ·las nuevas viviendas estén en construcción al término de la legislatura».
En cuanto a las 134 viviendas restantes afectadas por sentencias de derribo, ha apuntado que el Gobierno está a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y, «si no se pueden salvar, la solución será la misma e igual de inmediata».
«Nuestro compromiso con estas familias es absoluto y lo hemos demostrado sobradamente en estos dos años, pagando, entre 2023 y 2026, 20 millones de euros en indemnizaciones y certificaciones de obra. Estamos en deuda con ellos y no vamos a descansar hasta que lo hagan ellos», ha afirmado.
