El seguro pide que España también revise su regulación para simplificarla, al igual que en la UE

La presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Mirenchu del Valle, ha señalado que la intención de las instituciones europeas de revisar y simplificar la normativa para ganar competitividad es una «buenísina noticia», pero ha pedido que este proceso también se haga en España: «Si se simplifica la norma europea, la norma nacional que traducía esa directiva tiene que seguir ese mismo camino», ha indicado al respecto.

Durante su intervención en el III Foro Asegurador organizado por El Economista , Del Valle ha explicado que el objetivo de la Comisión Europea es reducir las cargas normativas en un 25%, un 35% para las pymes, empezando por el reporting de sostenbilidad, aunque cree que hay otros ámbitos en los que también se puede simplificar.

«Siempre decimos que más información es mejor información. Más vale informar poco y bien, que no mucho y de manera tan compleja», ha defendido, antes de pedir que también se simplifique la información que el sector asegurador tiene que dar al cliente antes de formalizar un contrato. «Al final lo que hemos hecho es abrumarle con una carga de información que muchas veces no le ayuda a tomar una decisión informada», ha explicado al respecto.

Además, cree que esta simplificación no solo debería aplicarse a la normativa ya aprobada, sino también a los proyectos que están actualmente en tramitación, como la estrategia del inversor minorista, o que se están trasponiendo por parte de los Estados miembros, como actualmente es la normativa sobre planes de resolución. «Tenemos que pensar en sentar sistemas que cumplan su objetivo sin ahogar a las empresas en cargas innecesarias».

En este punto es en el que ha hecho hincapié en pedir que el proceso de revisión y simplificación regulatoria se aplique también a la normativa nacional, en este caso, España. Considera que las directivas ya incorporadas «deben seguir el mismo camino» y que, además, se eliminen aquellos elementos adicionales que no venían en la directiva europea, pero que se han incorporado cuando se ha hecho la transposición a nivel nacional.

Igualmente, ha pedido aprovechar para revisar «determinadas normas» en España, como es la ley de Contrato de Seguros, de 1980. «La tenemos que hacer pasar por ese tamiz también de la simplificación», ha agregado.

Por otro lado, la presidenta de Unespa también se ha referido al impulso que está tomando la UE con relación a la Unión del Ahorro y la Inversión en un momento en el que Europa necesita mejorar su competitividad y abordar retos como la seguridad o la transición sostenible.

«Para hacer ese esfuerzo inversor es necesaria también una colaboración público-privada, no solo de los Estados miembros, sino que también los inversores institucionales tienen que participar en este proceso y la antesala de esa inversión es el ahorro. Con lo cual es necesario tomar medidas a nivel europeo para promover un ahorro a largo plazo y ese ahorro es el de la jubilación. Aquí, el sector asegurador es un actor fundamental», ha trasladado.

De hecho, ha llamado a incentivar el ahorro señalado que los activos ligados a la jubilación en España alcanzan el 4,6% del PIB y en Europa, del 32%, frente al 142% de EEUU o el 100% de Reino Unido.

Asimismo, ha valorado de forma positiva el lanzamiento la semana pasada de la etiqueta Finance Europe , impulsado por España y al se han adherido otros seis países de la UE: Francia, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Estonia y Portugal. El objetivo de esta iniciativa es movilizar el ahorro de ciudadanos a proyectos que impulsen la economía europea.

«Lo bueno de esta etiqueta es que se pone sobre productos de ahorro existentes. No hace falta crear un nuevo producto de ahorro a nivel europeo. Los productos nacionales podrán utilizar esa etiqueta y, si hay que hacer alguna adaptación, pues se realiza», ha comentado.

En el ámbito de las catástrofes naturales, Del Valle también ha puesto en valor la colaboración público-privada en la gestión de la DANA de Valencia, donde las aseguradoras han gestionado 250.000 expedientes que han supuesto un coste por daños de unos 4.500 millones de euros, de los que ya se han pagado 3.000 millones. Además, ha elevado la cifra de expedientes a 450.000 teniendo en cuenta aquellos relacionados con el seguro agrario.

Finalmente, ha concluido que «el sector asegurador tiene mucho que decir y aportar» en el futuro de Europa, defendiendo la colaboración entre el sector público y privado como clave para enfrentar grandes desafíos.