La Audiencia Nacional desestima recurso de FCC contra el reinicio de las multas del cártel de constructoras

La misma decisión que adoptó respecto a Sacyr el pasado mes de marzo

La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de FCC contra el reinicio de una resolución sancionadora que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoó a la empresa por formar parte de un cártel en el que estuvieron implicadas todas las grandes constructoras españolas durante 25 años.

La sentencia, consultada por Europa Press, solo resuelve un recurso contra el procedimiento, pero no contra el fondo de la cuestión, que sigue sin resolverse y atañe a una multa de 40,4 millones de euros.

Este expediente de la CNMC arrastra ya casi 7 años de incoaciones y procedimientos judiciales. La primera incoación se produjo en 2018, pero en 2020 caducó y se archivó, aunque seguidamente se volvió a abrir otro expediente y se incoó una sanción conjunta para todas las empresas de 203,6 millones de euros.

Esta sentencia, del pasado 12 de mayo, responde a un recurso presentado por FCC, primero contra el procedimiento de declaración de caducidad del primer expediente y, en segundo lugar, contra la apertura de la otra incoación. El primero lo desestima y el segundo lo inadmite.

La compañía defiende en su recurso que la declaración de caducidad «es nula», al entender que fue dictada «en abuso de derecho y forzándose artificialmente la incoación de un nuevo expediente, porque el retraso en los plazos se debe a la deficiente instrucción realizada por la CNMC».

Ahora quedarían pendientes los recursos frente a la resolución sancionadora, es decir, esos 40,4 millones de euros de multa. Además, a Acciona se le multó con 29,4 millones, a Dragados con 57,1 millones, a Ferrovial con 38,5 millones, a OHLA con otros 21,5 millones y a Sacyr con 16,7 millones. Todas ellas han presentado sus respectivos recursos.

El pasado mes de marzo, la Audiencia Nacional ya tomó la misma decisión que ahora ha tomado con FCC, desestimando su recurso contra estas multas de la CNMC.

SUSPENSIÓN CAUTELAR

En otro proceso judicial paralelo a este asunto, la Audiencia Nacional ya acordó suspender de forma cautelar todas las sanciones, así como la prohibición de contratar con la administración pública.

En cualquier caso, se trata de una suspensión cautelar que también se condicionaba a que las compañías presentasen una garantía en forma de aval bancario u otra similar por el mismo importe de la multa, que asegurara el pago y con ello la indemnidad del erario público y el interés general en caso de un pronunciamiento final desestimatorio del recurso.

La CNMC destapó que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos, entre ellos hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.