Más de 250 viviendas afectadas por la anulación del Plan de las Marismas de Santoña

El Supremo ha dictado la anulación definitiva del PORN, última iniciativa del Gobierno de Cantabria para frenar la orden de demolición de las viviendas de Argoños

La ratificación por parte del Supremo de la anulación del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel supone el decaimiento de la última iniciativa del Gobierno de Cantabria para evitar las órdenes de demolición que pesan sobre más de 250 viviendas de Argoños.

El PORN de las Marismas, el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del municipio cántabro debe ajustarse a este Plan para el espacio natural que afecta al 80% del municipio. Este Plan proponía una regulación del espacio natural que flexibilizaba la regularización de la situación de las viviendas sobre las que pesaban sentencias de derribo dictadas por el TSJC.

Sin embargo, tras la aprobación vía decreto del PORN en 2018, este fue denunciado por asociaciones ecologistas y el dueño de una de las fincas afectadas. La Justicia cántabra sentenciaba, en 2022, la anulación de dicho plan, por considerar que no respetaba las condiciones de protección del entorno natural según el marco general del Plan de Parques Nacionales y de la normativa estatal para este tipo de espacios.

Tras el fallo, el Gobierno de Cantabria de aquel entonces (PRC) decidió elevar la decisión al Supremo como medida de contención ante lo que implicaría la demolición de las viviendas de Argoños. No obstante, el más alto Tribunal de España ratificaba la decisión del TSJC, anulando de forma definitiva el PORN de las Marismas de Santoña.

El Ejecutivo cántabro (PP), se ha comprometido a buscar soluciones a las familias afectadas a la vez que declaraba que es un equipo de gobierno que «respeta las decisiones judiciales».

FALLO DEL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por el Gobierno regional contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anularon el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El Ejecutivo cántabro acudió al Supremo después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC estimara a finales de 2022 sendos recursos presentados por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y por el propietario de una finca afectada contra el decreto que en 2018 aprobó el PORN, con lo que anulaba el Plan.

Ahora, en dos sentencias dadas a conocer este miércoles por el TSJC fechadas el 13 y 14 de mayo, el Supremo rechaza la pretensión del Gobierno regional aunque no le impone las costas -como sí hizo el TSJC- «al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes».

Así, confirma la anulación del Plan y entiende que «no hay nada que objetar respecto de las conclusiones alcanzadas por la Sala de instancia, tras el examen de la prueba practicada que solo a ella compete, como tampoco respecto a la decisión adoptada, anulatoria de la disposición recurrida».

Las sentencias cuentan con un voto particular de la magistrada Ángeles Huet de Sande, que comparte el fallo desestimatorio de los recursos del Ejecutivo pero discrepa con algunos de los fundamentos jurídicos aportados.

La Justicia cántabra anuló en 2022 el PORN y respaldó los argumentos de los demandantes al considerar que no se adecúa a las directrices básicas recogidas en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, ante lo que el Gobierno argumentó su consideración de que éstas no resultarían de aplicación fuera de los parques nacionales, como en el caso de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel -que no es un parque nacional, sino un parque natural-.

Sin embargo, el Supremo rechaza este argumento y repasa algunas normativas estatales de las que «se deduce con toda claridad que la voluntad de la Administración es que las directrices aprobadas tengan también carácter de básicas y de aplicación general y no limitadas estrictamente a los parques nacionales».

«El precedente no puede ser más claro: el Plan Director que aprueba el Estado para los Parques Nacionales […] contiene directrices que son comunes y se proyectan a todos los Espacios Naturales, con independencia de que formen parte de la Red de Parques Nacionales o no. Estas directrices, en consecuencia, deben ser respetadas por las comunidades autónomas cuando elaboren los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales respecto de aquellos espacios naturales sobre los que ostenten competencia, como singularmente ocurre en el caso de la comunidad autónoma de Cantabria respecto del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel», apunta.

Además, subraya que «la función de estas directrices es la de configurarse materialmente como el escalón superior de la planificación ecológica, vértices de una estructura piramidal, a los que, por tanto, deben subordinarse los planes aprobados por las comunidades autónomas».

Igualmente, el Supremo confirma que el PORN también debe cumplir las directrices de zonificación que marca el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, después de que la sentencia de instancia destacara que en este documento «no han sido respetadas», pues se hace «un cambio de metodología en la delimitación de zonas y usos».

«Los criterios de zonificación tienen una justificación sustantiva o material para los fines básicos de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de biodiversidad, por lo que su definición y contenido concreto debe ser esencialmente respetado, sin perjuicio de que se puedan utilizar en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de las comunidades autónomas diferentes para identificar cada una de las zonas contempladas en las directrices aprobadas por el Estado», expone el TS.

Finalmente, el Gobierno de Cantabria alegaba que en el fallo recurrido el Tribunal incurría en un «exceso en el ejercicio de la jurisdicción» al hacer «suya una decisión que no le corresponde, como es la elección de la metodología a aplicar por la Administración para zonificar el ámbito del PORN».

Algo que también rechaza el Supremo, que afirma que «ningún exceso de jurisdicción se ha producido en el presente caso».

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