Economía- Inquilinos de Madrid instan a cerrar las VUT «para acabar con el fraude de Airbnb» y dedicarlas a «uso social»

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha instado este lunes al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a cerrar todas las Viviendas de Uso Turístico (VUT) «para acabar con el fraude de Airbnb» y dedicar todas esas viviendas a un «uso social».

«Los pisos turísticos deben desaparecer, no vale únicamente con eliminar la publicidad de dichos pisos», ha afirmado la organización en un comunicado tras conocerse un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge la eliminación de una primera tanda de 5.800 anuncios en Airbnb en distintas comunidades autónomas.

En concreto, el Ministerio ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas, mientras que el TSJM ha atendido la primera de ellas con esa petición de eliminar anuncios. Airbnb ha asegurado que recurrirá todas las decisiones relacionadas con este caso tras conocerse el auto.

«Esos 66.000 pisos, de los que fueron expulsadas vecinas, podrían alojar a 66.000 familias. No falta oferta, la oferta está secuestrada en manos de los rentistas a través de estos pisos turísticos o de viviendas vacías», ha subrayado la organización.

Finalmente, el Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a «la organización colectiva» como «clave para acabar con el negocio de la vivienda», frente a quienes «secuestran la oferta de vivienda con más de 4 millones de viviendas vacías y 400.000 pisos turísticos».

¿POR QUÉ SON ILEGALES LOS ANUNCIOS DE AIRBNB?

Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los anuncios que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.