Alcalá 120 hará viviendas y suelo industrial en la Mina de Reocín
Cuando AZSA fue autorizada a cerrar la explotación minera de Reocín por la Consejería de Industria, todos los ojos se pusieron sobre las casi 700 hectáreas de terreno que posee en la zona, una superficie mayor que algunos municipios de Cantabria. Su estratégica situación, en el vértice de Cartes, Reocín y Torrelavega y en el eje de autovías que conecta el Cantábrico y la Meseta confiere aún más valor a este suelo.
El Gobierno regional decidió utilizar la figura del PSIR para desarrollarlo con rapidez, una vez que había perdido el uso inicial, pero antes debía conseguir que el terreno minero pasase a tener la categoría de rústico en los planeamientos de los respectivos municipios. Esto es algo que está prácticamente resuelto, por lo que se ha apresurado a sacar a concurso la adjudicación del proyecto para urbanizar las 300 hectáreas más cercanas a la Autovía del Cantábrico, al que acudieron las compañías Alcalá 120 y Sadisa.
El consejo de administración de la sociedad pública Ecoparque Besaya, que se ha constituido al efecto, optó por Alcalá 120, que ofrecía un plazo de ejecución más rápido, aunque algunas fuentes consideran probable que su proyecto se fusione, en todo o en parte, con el de Sadisa, bastante más elaborado.
Alcalá 120 tiene una importante actividad en Santander, ya que es la urbanizadora del Sector 4, un gran área de expansión de la capital cántabra contigua al barrio Primero de Mayo, y ha desarrollado la zona de Adarzo donde se asentaba la antigua fábrica de Ibero Tanagra. Pero la inversión más conocida en la región de esta compañía es la compra del Racing en el proceso de privatización que puso en marcha el Gobierno a finales de 2005.
La inmobiliaria del grupo SEOP, que preside Javier Montalvo, su principal accionista, también se ha quedado en los últimos años con el proyecto para construir una urbanización y un balneario termal en Ruesga y con el viejo campo de golf situado en las dunas de Oyambre.
El futuro del lago
Los terrenos que va a urbanizar en Reocín son las 300 hectáreas que se encuentran en el arco noroeste de la antigua explotación minera, aunque dentro de ellas se encuentran las aproximadamente 80 que ocupa el vaso de la mina a cielo abierto, cuya inundación natural lo está convirtiendo en un gran lago. Tanto los usos de este lago como la corola más próxima, quedan a expensas de su definición por la Consejería de Medio Ambiente que, por el momento, simplemente está controlando que el agua que ya empieza a aportarse de nuevo al río Besaya llegue sin metales pesados, uno de los problemas que inhabilitan el lago como potencial recurso hídrico de la comarca, si bien se espera que a medio plazo se produzca un proceso de decantación.
El resto del terreno que va a ser incluido en el PSIR del Ecoparque se dedicará a la promoción de unas 4.000 viviendas de protección oficial, de las cuales la mayoría serán del régimen autonómico –el segmento más caro– y a suelo industrial, con dos áreas de servicios aún por definir, una de las cuales se encuentra en torno a las antiguas oficinas de la Mina, que ya fueron adquiridas en su día por la Consejería de Medio Ambiente. Está previsto que la empresa pública Mare traslade a estos edificios su sede.
Para el otro área de equipamiento –unas veinte hectáreas muy próximas al núcleo urbano de Puente San Miguel– caben suponer usos recreativos.
Ampliación del Parque Besaya
Aproximadamente la mitad de las 300 hectáreas del proyecto se destinarán a uso industrial, lo que permitirá hacer una gran ampliación del polígono industrial que ya se está finalizando en la zona, el denominado Parque Empresarial Besaya. La instalación de la empresa francesa de máquinas elevadoras Haulotte y el terreno adquirido por Armando Alvarez han consumido dos terceras partes del polígono, que ocupa 800.000 m2 pero cuyas parcelas sólo suman 317.000.
La demanda que ha suscitado este suelo, sobre todo tras conocerse la presencia de Haulotte, ya desborda con mucho la oferta y algo parecido ocurre con el otro polígono industrial que se promueve en Torrelavega, el de Tanos-Viérnoles, por lo que se considera imprescindible aportar más espacios industriales al mercado.
La empresa adjudicataria del proyecto tendrá que comprar el terreno a AZSA, a un precio de aproximadamente 6 euros por metro, el que se está utilizando en las expropiaciones de suelo rústico y aproximadamente el mismo que en su día pagó el anterior consejero de Medio Ambiente por los terrenos que compró a la Mina, en uno de los cuales se asienta ahora el Parque Empresarial Besaya.
A cambio de hacer frente al coste del terreno –alrededor de veinte millones de euros– SEOP tendrá una participación mayoritaria en la sociedad promotora –en torno al 75%– mientras que el resto de las acciones quedarán en manos de la empresa pública CEP y de los tres ayuntamientos afectados.
La urbanización de toda la zona deberá realizarse en un plazo máximo de siete años, y requerirá unos 150 millones de euros (25.000 millones de pesetas) pero esta inversión será rentabilizable con la venta de las parcelas industriales que se obtengan y los 600.000 metros cuadrados de aprovechamiento inmobiliario.
