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La empresa cántabra Ciomar limpiará la bahía de Portman
Fecha: 08/10/2016

Se ha adjudicado en una UTE la regeneración ambiental más importante de la costa española

A lo largo de los próximos cuatro años, la UTE formada por Ciomar y la empresa aragonesa Marco va a retirar dos millones de metros cúbicos de residuos mineros arrojados durante más de 30 años en la bahía murciana de Portman. Tras la regeneración de la bahía más contaminada de España se creará una nueva línea de costa, 250 metros más atrás, creando una nueva playa que recupere el valor turístico de este enclave. La inversión que va a realizar el Estado en esta obra es de 32,1 millones de euros y Ciomar aportará su experiencia en trabajos de dragado, así como su flota de gánguiles, grúas y pontonas.
Entre los muchos desastres ambientales sufridos por el litoral español, el de la bahía de Portman, en La Unión (Murcia), tiene el triste privilegio de ser el más dañino de cuantos se han producido en las costas mediterráneas. Se calcula que unos 48 millones de metros cúbicos de residuos estériles mineros fueron arrojados durante más de treinta años al mar en ese lugar, hasta el punto de que la actual línea de costa está a medio kilómetro de la original.
Tras muchos años de espera, la hora de la regeneración ha llegado a este castigado punto del litoral murciano y será una empresa cántabra, Ciomar, la que, junto la aragonesa Marco, se hará cargo de de recuperar ambientalmente esta bahía.
La previsión es que los trabajos comiencen este otoño y duren cuatro años, con un coste para el Ministerio de Medio Ambiente de 32,1 millones de euros. Esta cantidad es inferior en un 46% a la cuantía que figuraba en el pliego de licitación, lo que indica la enorme competencia que ha habido para adjudicarse la obra, a la que concurrían casi todas las grandes constructoras nacionales.

30 años de vertidos

La historia de la bahía de Portman es un buen ejemplo de la insensibilidad con que se trataron las costas españolas hasta fechas no muy lejanas.
A mitad de los años cincuenta, la empresa minera francesa Peñarroya decidió reducir costes en el tratamiento de los residuos arrojando los estériles de sus lavaderos directamente al mar, en un punto cercano a su explotación, la bahía de Portman. A pesar de la permisividad de las autoridades de la época, la evidencia del enorme daño que causaban esos vertidos y el reproche de las instituciones europeas llevaron a la entonces Dirección General de Puertos a plantearse, diez años después, el cierre de la empresa que, no obstante, se salió con la suya y pudo proseguir con sus vertidos. El Ayuntamiento de La Unión inició un contencioso para evitarlo, pero el Tribunal Supremo entendió que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que procedía el 20% de la plata obtenida en la Península Ibérica y el 70% del plomo, era superior al interés del Ayuntamiento al querer proteger su bahía.
Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió perpetrándose a la vista de todos hasta 1990, en que Peñarroya cesó su actividad. Y lo hizo sin tener que asumir ninguna responsabilidad por el desastre ecológico causado, porque en 1993 la justicia le absolvió de una acusación de delito ecológico, argumentando que el vertido se había realizado con autorización.
Detrás quedaba lo que fue una espléndida bahía, un puerto natural usado desde la época de los romanos, convertida en el mayor vertedero de residuos mineros de España.

Una regeneración tardía

Los proyectos para recuperar la bahía de Portman se han sucedido desde entonces, aunque la magnitud del reto que suponía retirar el ingente volumen de vertidos acumulado durante tres décadas actuaba como freno.
Por fin, en 2011 se aprobó un proyecto que contaba con el consenso de todas las administraciones y organizaciones ecologistas y vecinales implicadas. Sin embargo, no fue hasta junio de 2015 cuando el Consejo de Ministros autorizó el inicio del proceso de licitación de las obras, que se presupuestaron en 59,5 millones de euros.
Al concurso se presentaron trece ofertas, entre ellas la de Acciona y Sato y la de la UTE formada por Ciomar y Marco, que obtuvieron la misma puntuación. Para deshacer el empate, la Mesa de Contratación aplicó un criterio adicional que favoreció a Acciona, al entender que su oferta era más ventajosa desde el punto de vista del empleo, ya que el consorcio liderado por esta empresa había presentado una reserva de puestos de trabajo para discapacitados en desarrollo de las obras.
Marco y Ciomar recurrieron esta decisión y ganaron el contencioso, porque el criterio aplicado por la Mesa no se contemplaba en el pliego de licitación. La renuncia de Acciona a reclamar ante los tribunales despejó definitivamente el camino para la UTE cántabro-aragonesa.
Ambas empresas, que concurrían por primera vez juntas a una licitación, se complementan perfectamente para la tarea que les aguarda. Mientras que Marco aporta su especialización en movimiento de tierras y su maquinaria pesada, la empresa cántabra cuenta con una dilatada experiencia en los trabajos de dragado en el mar y con la flota de gánguiles, dragas y grúas que va a ser necesaria.


Retirada de dos millones de m3 de vertidos

Extraer los cerca de 50 millones de residuos mineros que han colmatado la bahía es una tarea prácticamente imposible, pero caben objetivos más modestos que permitirán revertir casi la mitad de los 550 metros que ha avanzado la costa con respecto al perfil original.
Para ello se retirarán dos millones de metros cúbicos de vertidos, que se depositarán en la cantera de San José, situada en las inmediaciones de Portman, que dejó de funcionar en 1987.
Los vertidos tendrán que ser previamente descontaminados y se llevarán hasta la cantera con la ayuda de una cinta transportadora de 2,7 kilómetros de longitud que evitará un permanente trasiego de camiones.
Los trabajos de regeneración contemplan la excavación de 317.000 metros cúbicos de arena de la playa contaminada, y el aporte de 154.500 metros cúbicos de arena limpia para la formación de una nueva playa que cambiará por completo el aspecto de la zona, así como la ejecución de una balsa de lixiviados de 3.500 metros cúbicos de capacidad.
El contrato para el inicio de las obras se ha firmado en septiembre y el consorcio trabaja ya en las tareas previas. “Comenzaremos por estudiar la obra y hacer el replanteo, aunque los trabajos se iniciarán el año que viene”, señala el gerente de Ciomar, Antonio González.
Lo primero que habrán de analizar es si la retirada de residuos se puede hacer totalmente desde la costa o será necesario hacerlo también desde el mar. “Estaba previsto comprar una draga nueva, pero quizá la obra se pueda hacer por medios esclusivamente terrestres”, explica el gerente de Ciomar. De hecho, la empresa aragonesa asume, en la UTE la mayor parte de la obra y le corresponde el 80% de los 32,1 millones de euros del contrato, el mayor firmado por el Ministerio de Medio Ambiente este año.
Para Ciomar, la participación en un proyecto de esta envergadura supone un importante impulso en una trayectoria que inició hace 26 años y que le ha llevado a actuar en todas las comunidades autónomas del país, la mayoría de las veces en trabajos marítimos y subacuáticos. Suyo es, por ejemplo, el proyecto para construir en Estepona, junto con la firma Somhidros, el géiser más alto de España, un chorro de agua en mitad de la bahía que tendrá cien metros de altura y que está pendiente de autorización por la Junta de Andalucía.
En Cantabria, la empresa de Isla ha llevado a cabo las tareas de dragado en todos los puertos de la comunidad durante los últimos ocho años. Curiosamente, para la nueva campaña, que se extenderá hasta el 2019, el contrato le ha sido concedido a Sato, la filial de OHL a la que Ciomar se impuso en el concurso para la regeneración de la bahía murciana.
Además de este trabajo, que por su repercusión le va a dar una gran notoriedad, Ciomar ha comenzado a abrirse camino en el mercado internacional. Actualmente participa en la construcción de una terminal marítima de contenedores en Guatemala y estudia proyectos en Omán e Israel.
Son los éxitos de una empresa cántabra que podría dejar de serlo porque no descarta trasladar su sede al País Vasco, una comunidad en la que trabaja con mucha frecuencia. No es una decisión firme pero sí una posibilidad que su gerente, Antonio González, se está planteando, porque “aquí” –lamenta– “no nos han valorado”.

Jesús Polvorinos
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